“Ya contamos con la voluntad política necesaria para lograr una nueva Ley General de Aguas que cambiaría la naturaleza y las afinidades de la Conagua”, escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.
Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns*
Una enorme pregunta nos enfrenta este mes de la Patria: ¿Cómo recuperar la soberanía sobre nuestras aguas después de 28 años de haberlas puesto en manos del libre mercado?
Esta pregunta es fundamental, dadas las crecientes demandas por agua de los “extraños enemigos”—los concesionarios mineros, de generación eléctrica y de fracking– que han llegado a profanar nuestros suelos durante los pasados dos sexenios. Enfrentamos además la invasión de Baja California por las agroindustrias refugiadas de la crisis del agua en California, así como las exigencias de las empresas transnacionales que lucran del antojo mundial por la cerveza mexicana y gozan de nuestra desconfianza del agua que sale de nuestros grifos.
Desde 1992, bajo la Ley de Aguas Nacionales promovida por Carlos Salinas de Gortari de cara al TLCAN, nuestras aguas han sido regidas por un sistema de concesiones libremente adquiribles y vendibles. Aunque los Estados Unidos hasta la fecha maneja sus aguas a través de instancias de control local, sus inversionistas no quisieron tener que lidiar con autoridades ejidales, comunales o de otro índole para obtener los volúmenes deseados. A su petición, la ley estableció a la Conagua como autoridad única, aislada, discrecional y finalmente, corruptible.
Así es que a lo largo de su existencia, la Conagua ha servido como agente promotor de concesiones: para nuestras aguas nacionales, para megaobras hidráulicas costosas de cuestionable valor, y para la privatización de nuestros servicios municipales y metropolitanos.
Todavía permeada por intereses e inercias, la Conagua sigue otorgando concesiones y “ajustando” las disponibilidades por pedido, mientras que los concesionarios extraen y contaminan sin medir ni pagar, a sabiendas de que solo hay un inspector para cada 6330 concesiones, frente a quien se puede arreglar o amparar.
Las heroicas y silenciadas luchas de las comunidades y la muerte de nuestros ríos, lagos y acuíferos son los únicos testigos de una ley y una institución que han fallado a la Nación.
Ahora la Conagua enfrenta el mandato de cambiar su razón de ser: las reformas a los artículos 1, 2 y 4 Constitucionales exigen lograr el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación ciudadana y de los tres niveles de gobierno. Los actos de autoridad de la Conagua tendrán que fundamentarse en el derecho humano al agua, a la salud, a una buena alimentación y a un medio ambiente sano, y tendrán que respetar los derechos de los pueblos sobre las aguas en sus territorios.
¿Cómo cambiar una política de entrega a una de soberanía? ¿Cómo dar giro al Titanic?
La voluntad política expresada por el pueblo de México en la última elección presidencial y los valores de la 4T demuestran que ya contamos con la voluntad política necesaria para lograr una nueva Ley General de Aguas que cambiaría la naturaleza y las afinidades de la Conagua.
Consejos ampliamente participativos, guiados por los criterios de sustentabilidad con equidad y respeto por la libre determinación de los pueblos, podrán consensar planes para ir eliminando el acaparamiento, la sobreexplotación y la contaminación, a favor de los derechos humanos y de los pueblos. Contralorías ciudadanas podrían reportar a la Conagua las concesiones dañinas en donde intervino “error, vicio, dolo o información falsa” en su proceso de otorgamiento, o cuyos titulares han violado la normatividad, para que sean extinguidas o revocadas en cumplimiento con los artículos olvidados de la actual ley.
Así podríamos reemplazar los “mercados del agua” con un nuevo modelo en el cual el acceso a aguas nacionales es sobre todo un derecho humano, un derecho de los pueblos y de los núcleos agrarios, y un privilegio para los demás, a ser otorgado por el Estado bajo estrictos condicionantes, a cambio de un pago que cubriría el costo total de su administración, inspección y sanción, bajo un esquema en el cual los que violen la normatividad tendrían que cubrir el costo total de la restauración de la salud de los cuerpos de agua, ecosistemas y comunidades afectadas.
Con un presupuesto equivalente a un tercio de lo que gastamos cada año en agua embotellada y con su edificio central destruido al incendiarse el archivo de sus actos administrativos, la Conagua ahora tiene dos opciones para “hacerse fuerte”: seguir buscando el favor de los “intereses,” o fundamentarse en la Constitución y convocar una relación de colaboración con los pueblos, las comunidades y los investigadores que llevan décadas defendiendo nuestras aguas nacionales. Nuestra soberanía, nuestro futuro está en juego: Sin agua, no hay Patria.
* Integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.