En la tarde del jueves, el Tribunal Constitucional polaco sacudió los cimientos fundamentales de la Unión Europea: en una sentencia histórica, declaró que los artículos 1 y 19 del Tratado de Unión Europea (TUE) son incompatibles con su propia Constitución. El fallo supone, sin ninguna duda, el mayor ataque que ha sufrido el orden judicial europeo en su historia, abre un periodo de enorme incertidumbre jurídica y deja al país al borde de la ruptura legal con la Unión Europea (UE).
La sentencia del alto tribunal no tiene precedentes en la historia del derecho comunitario. Es cierto que, en los últimos años, algunos tribunales nacionales habían desacatado fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En 2020, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán desoyó la sentencia Weiss (asunto C-493/17), acusando al Banco Central Europeo de haber sobrepasado sus competencias mediante la aprobación del programa de compra de deuda soberana de 2015. Lo mismo sucedió en 2012, cuando la corte constitucional checa ignoró la sentencia Landtóva (C-399/09), un caso relativo al sistema de seguridad social del país. En ningún caso, sin embargo, el tribunal en cuestión había desaplicado, de manera clara e inequívoca, la primacía del derecho comunitario ―el principio sobre el cual, desde el famoso caso Costa/ENEL (asunto 6/64), se sostiene el orden jurídico europeo―.
Las consecuencias legales del fallo son, pese a todo, paradójicas. Por una parte, dejan al país al borde del ‘Polexit’ jurídico: un Estado miembro que rechaza la primacía y que se niega a aplicar los Tratados no puede participar en un proyecto basado en la cooperación leal, la asistencia mutua y el Estado de derecho. Sin embargo, la propia fortaleza del derecho comunitario resta gran parte de su fuerza jurídica a la sentencia del alto tribunal. Ya en el año 1978, en el caso Simmenthal (asunto 106/77), el TJUE declaró que, en caso de conflicto entre el derecho comunitario y una norma interna, dicha norma interna resultaría inaplicable inmediatamente ―es decir, inmediatamente y sin necesidad de decretarlo un tribunal nacional―. Si a esto le sumamos, como se decretó en Costa/ENEL, que el derecho comunitario siempre prima sobre el nacional, el resultado es obvio: desde un punto de vista estrictamente judicial, el fallo del Constitucional carece de validez, el derecho comunitario seguirá primando sobre el polaco y el sistema jurídico europeo podrá seguir funcionando sin (casi) problema legal alguno.
Más impredecible que la jurídica será su dimensión política. La sentencia del alto tribunal no entrará en vigor inmediatamente: deberá ser publicada en el boletín oficial del país, en un proceso que se puede alargar varias semanas. Durante este intervalo, el Gobierno liderado por Mateusz Morawiecki tratará de usarla como baza en la batalla que libra, desde hace meses, con la Comisión Europea. En juego está el plan de recuperación y resiliencia polaco: casi 36.000 millones de euros ―de los cuales 23,9 serán a fondo perdido― que la Comisión tiene bloqueados a falta de que el Ejecutivo polaco acate varias sentencias del TJUE, garantice la independencia de su sistema judicial y frene la regresión democrática que lleva teniendo lugar desde hace un lustro. La desobediencia del Constitucional, por lo tanto, puede convertirse en un peón más en la partida de ajedrez que libran Bruselas y Varsovia desde que se aprobara el fondo de recuperación.
Hay tres razones, sin embargo, para pensar que Varsovia no aguantará el pulso contra Bruselas. En primer lugar, su dependencia económica de la UE: si en el ciclo 2014-2020 ya fue el país más beneficiado por los fondos estructurales, el fondo de recuperación y el famoso mecanismo de condicionalidad suponen una seria amenaza para los de Morawiecki, que pueden tener que elegir entre mantener su pulso jurídico o acceder a los fondos europeos. En segundo lugar, la población polaca es mayoritariamente europeísta. Según el último Eurobarómetro, los polacos confían más en la UE que en su propio Gobierno (49% frente a 37%); se sienten más europeos que la media (81% frente a 72%); y tienen una imagen positiva de la Unión (53%, frente a un 39% que la ve con malos ojos): declararse en rebeldía frente a Bruselas y Luxemburgo, por ello, puede tener un alto coste político para el Ejecutivo. Dichos cálculos electoralistas son, precisamente, el tercer factor a tener en cuenta. Ya en las elecciones presidenciales de 2020, el partido Ley y Justicia (PiS) se impuso por apenas 400.000 votos: un Gobierno que, a dos años de las elecciones legislativas, impidiera la llegada al país de casi 40.000 millones de euros, tendría muy difícil revalidar su mayoría en 2023. Frente a todo ello, una Unión Europea que se muestre firme ―que deje claro, en otras palabras, que no tolerará chantajes políticos, legales ni económicos― tendrá todas las de ganar.
El fallo del Tribunal Constitucional polaco no pone en jaque el proyecto europeo, pero supone una grave amenaza que la Unión Europea ha de tomarse en serio. La solución a la deriva eurófoba de Varsovia, sin embargo, no puede pasar por una retórica belicista contra el país o por la amenaza de expulsar a Polonia de la Unión ―un escenario que, en todo caso, los Tratados no contemplan―. Bruselas deberá, por el contrario, aprender a usar los numerosos instrumentos legales a su disposición: aplicando el mecanismo de condicionalidad a rajatabla, recurriendo los despropósitos jurídicos del Gobierno y defendiendo la independencia de su poder judicial, la Unión Europea mostrará a la ciudadanía polaca que no es el enemigo externo que denuncia su presidente, sino su mejor aliado contra el autoritarismo de su propio Ejecutivo. Solamente así se podrá desactivar el órdago polaco.
Únete ahora a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites
Suscríbete aquí
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.