El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, la semana pasada en el Senado.FERNANDO ALVARADO (EFE)
El Congreso de los Diputados aprobó el 10 de marzo, con el único voto en contra de Vox, encomendar al Defensor del Pueblo que investigue la pederastia en la Iglesia española. La proposición no de ley refrendada no explica cómo se debe emprender esta tarea. Requiere al Defensor que constituya una comisión independiente “con el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”. El texto aprobado detalla que el equipo de expertos “tendrá como objetivo contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención”. El responsable de este organismo, Ángel Gabilondo, dio algunos detalles más el 18 de marzo: dijo que le gustaría que la comisión de expertos esté compuesta para Semana Santa y con qué perfiles le gustaría contar (psicólogos, sociólogos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, expertos en derecho canónico, criminólogos, representantes de las víctimas y de la Iglesia…), pero no añadió nada más.
EL PAÍS ha pedido a tres expertos en abusos sexuales en la Iglesia que expliquen cómo creen que debería funcionar esta comisión. Son Gema Varona, presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, profesora de Política Criminal y Victimología en la Universidad del País Vasco (UPV) y coautora de una investigación universitaria pionera en España sobre el efecto de los abusos clericales en las víctimas; Josep Tamarit, coautor del mismo informe y catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); y María Teresa Compte, presidenta de Betania, asociación de asistencia a víctimas de abuso sexual en contextos religiosos. Los tres coinciden al señalar que, con la poca información que ha trascendido, es imposible conocer cómo operará la comisión del Defensor. Estos son sus consejos sobre la mejor forma de hacerlo:
1. No tener prisa en obtener resultados. Varona cree que es “apresurado” dar una fecha de cierre para la investigación: “No sabemos qué nos vamos a encontrar. Lo más respetuoso es dejar trabajar con tranquilidad y rigor, sin prisas. Las víctimas más desconfiadas no van a dar el paso el primer día”. Tamarit piensa que el tiempo empleado depende de “la misión que asuma la comisión y la capacidad que tenga para emprenderla”. “Si se va a escuchar a víctimas y se van a investigar los archivos de la Iglesia, no es un trabajo que se pueda hacer en un año. En otros países, como en Francia, han tardado unos tres”, añade el catedrático de la UOC y matiza que “hasta ahora” no percibe elementos que hagan pensar “que esto va a ir rápido”. “En Australia, las sesiones son periódicas”, añade Compte. “La comisión debe durar lo que sea necesario para escuchar a todas las víctimas que quieran dar el paso. No puede ser un tema sine die, pero no se puede trabajar de forma apresurada”, insiste. Los políticos impulsores de la iniciativa prevén que los trabajos estén finalizados a finales de año y se expongan luego en el Parlamento a comienzos de 2023, pero Gabilondo pide paciencia.
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2. Que la integren personas independientes y que tenga un equipo de trabajo a tiempo completo. La presidenta de Betania repite varias veces el mismo concepto ante la pregunta sobre qué personas deben componer la comisión: “Independencia”. “Deben ser profesionales expertos sin vínculos partidistas, que no estén controlados y que sus resultados se conozcan al final del proceso, no durante. Es importantísimo que tengan un prestigio reconocido, que conozcan los procesos de victimización en contextos religiosos”, añade. Destaca la formación en victimología como un elemento central para los profesionales que interactúen con víctimas, apunte en el que coincide con Varona: “Es necesaria una formación específica para escuchar esos testimonios, entender por qué tienen problemas para recordar, cómo no culpabilizar”, indica la profesora de la UPV, que apuesta por contar con criminólogos, psicólogos o trabajadores sociales en la fase de escucha, pero no, por ejemplo, con juristas. “Pueden participar cuando haya que hablar de reparación, pero no creo que sean necesarios en la atención a víctimas”.
Varona diferencia dos equipos: uno de reconocidos expertos que defina las pautas de la investigación y otro que se dedique “a tiempo completo” a la escucha y comunicación con las víctimas. En ese primer nivel, los expertos consultados coinciden al señalar a juristas, criminólogos, trabajadores sociales o psicólogos, en línea con lo anunciado por Gabilondo, pero difieren en su opinión sobre la participación de la Iglesia y de las víctimas. “Creo que no deben estar dentro de la comisión, de la misma forma que en un proceso judicial no juzgan ni el acusado ni el acusador”, señala Tamarit. Cree que hay que “escuchar” tanto a las víctimas como a la Iglesia, pero que no participen como miembros es “clave” para garantizar la independencia de la comisión. La profesora de la UPV sí contempla la participación de “algún miembro de la Iglesia que se haya significado a favor de la investigación, que no despierte rechazo”, y de las asociaciones de víctimas: “No tenemos que echar por la borda el trabajo que han hecho, tienen ganada la confianza de muchísimas víctimas. Saben más que un fiscal o alguien del Defensor que no ha tocado este tema”.
“Lo primero”, continúa Varona, “es llegar a las víctimas, y para ganarnos su confianza tenemos que contar con las asociaciones. El colectivo de víctimas más grande es el de personas que no están asociadas. Sabemos que a las que más cuesta llegar es justo a las que más han sufrido, que están ocultas y se preguntarán, legítimamente, si esto es un paripé o si va a servir para algo. No debemos desaprovechar el asesoramiento de las víctimas que sí han dado el paso”. Los tres expertos insisten en la importancia de dotar con un presupuesto suficiente a esta comisión.
3. Promocionar la comisión para llegar a todas las víctimas posibles. “La visibilidad de esta comisión es muy importante. Hay que dar garantías a las víctimas de que lo que se va a hacer va en serio, que el testimonio que aporten suma. Se deben usar todas las vías posibles para llegar al máximo número de personas”, considera Tamarit. Varona propone que la comisión tenga una web propia, que haya enlaces a ella en el portal de la Fiscalía u otras instancias públicas y recurrir a las víctimas que se han manifestado públicamente para animar a las que no: “Debe haber anuncios en los que se transmita confianza. Por ejemplo, con una víctima explicando cómo va a funcionar, qué se pretende y por qué colabora con la comisión. Cuando hay víctimas que se han sentido bien tratadas y se transmite, otras se deciden a dar el paso. Es fundamental que sepan qué va a pasar cuando se pongan en contacto con la comisión, cada parte del proceso”.
4. Escuchar a las víctimas de la forma que ellas prefieran. A Varona le consta la queja de varias víctimas por cómo funciona la recogida de testimonios del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que está haciendo una auditoría de los abusos por encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE). “Me han explicado que al mandar el correo al buzón que han habilitado, reciben un formulario en el que no se les identifica como víctimas, sino como afectados. Ahí escriben su historia. Algunas me han dicho que parece que están apuntándose a la tarjeta de El Corte Inglés”, comenta Varona. Ve en este método el paradigma de cómo no encontrar la voz de las víctimas. “Estamos tocando un punto muy importante. Conozco las reticencias al proceso de auditoría de Cremades. Creo que no han elegido una buena manera de acercarse a las víctimas”, coincide Tamarit.
“Cualquiera con formación en victimología”, continúa Varona, “sabe que contar tu historia es revivirla, abre una caja de Pandora. Encima pides que lo hagan por escrito, lo que puede que prefieran algunas víctimas, pero deben poder elegir. Cada víctima es un mundo: tienen que poder hacerlo cara a cara, con una persona formada junto a ellos”. La profesora de la UPV considera fundamental que miembros del equipo puedan desplazarse para escuchar a las víctimas donde quieran. “Otras preferirán hacerlo por teléfono o por correo, pero depende de ellas. Lo importante es asegurarles la no exposición, el anonimato y una serie de preguntas validadas que sepamos que no causarán daño”, finaliza. Compte hace la misma reflexión: “¿Cómo recogemos los testimonios? Depende del consentimiento. Hay que facilitar que lo hagan de la forma que les resulte menos revictimizante. Deben saber muy bien qué se van a encontrar, que no haya nada sorpresivo”.
Miembros de Infancia Robada en la sede de la Conferencia Episcopal Española el 23 de marzo.Isabel Infantes (Europa Press)
Varona apuesta por que el modelo aplicado a la Iglesia, si funciona, se traslade a otros contextos en los que se han producido abusos, como el deporte: “Australia lo ha hecho así. Es importante, además, si de verdad se quiere conocer la verdad, dejar la puerta entreabierta para que las víctimas hablen cuando se sientan preparadas, sea cuando sea. Es normal que las víctimas sean personas desconfiadas. No debemos generarles falsas expectativas”.
5. Definir cómo se reparará a las víctimas y adaptarse a cada una: Igual que la vía para contar su historia depende de la víctima, también difiere qué reparación espera conseguir. “Es la cuestión de fondo. Lo económico es solo una parte. Tenemos que escuchar a las víctimas. Cuando lo hayamos hecho sabremos cuáles son sus necesidades y sobre ellas debe pivotar la reparación”, opina Compte. Hay muchos tipos de reparación, dice Varona: “Algunas víctimas quieren ir al colegio en el que sufrieron los abusos a explicar por lo que pasaron, otras que se retire el cuadro de su abusador de un pasillo o de la web, otras que se asegure que no vuelva a tener contacto con niños, otros un perdón de la institución de forma personal, otras una indemnización económica por el coste de los abusos en tratamientos psicológicos o en su desempeño laboral. Piden cosas muy razonables, de carácter simbólico”. Tamarit aprecia el modelo belga de indemnizaciones económicas: “Se pactó un procedimiento en el que había unos baremos con horquillas de mínimos y máximos según la gravedad de lo ocurrido”. Los expertos acentúan la importancia de que la comisión audite el cumplimiento de la reparación a las víctimas.
6. Cuantificar y cualificar la magnitud del problema. El catedrático de la UOC valora muy “positivamente” la encuesta que se hizo en Francia para conocer la prevalencia de los abusos sexuales en la Iglesia: “Hicieron una encuesta entre la población general con una muestra representativa y así pudieron conocer la dimensión del problema. Fue muy valioso, es algo que habría que hacer”. El estudio afloró la cifra de al menos 216.000 franceses víctimas de la pederastia clerical desde mediados del siglo pasado. “Hay que usar todos los métodos científicos a nuestro alcance, como las proyecciones estadísticas, para aproximarnos lo máximo posible a la magnitud del problema”, apostilla Compte. Varona cree que la verdad cuantitativa “es importante”, pero lo es aún más la “cualitativa”, “que las entrevistas en profundidad nos permitan conocer cuál debe ser el proceso de recuperación, aprender de lo que pasó, qué condiciones favorecieron los abusos y cómo prevenir que vuelvan a suceder”.
7. Aprender de las experiencias internacionales. “Lo bueno de llegar los últimos (casi todos los países del entorno de España ya han investigado la pederastia en la Iglesia) es que podemos saber qué ha funcionado y qué ha fallado en otros países. De 2002 en Estado Unidos hasta 2021 en Francia, tenemos muchos estudios en los que fijarnos”, indica Compte. “Aquí sí va a pasar algo que no ha sucedido en otros países, y es que va a haber dos investigaciones simultáneas, la de Cremades y la del Defensor. Se van a poder comparar los resultados”, añade Varona.
Los ejemplos alemán y portugués
Elena G. Sevillano y Tereixa Constenla
Todos los países que han investigado o están investigando la pederastia en la Iglesia se han tenido que preguntar cómo hacerlo. En Alemania se ha optado por dos modelos: grandes archidiócesis como las de Colonia o Múnich han encargado trabajos a despachos de abogados (uno de ellos colabora con la auditoría de Cremades), mientras que otros distritos eclesiásticos, como la diócesis de Münster, han encomendado informes a grupos de expertos formados por académicos de distintas universidades. El historiador Thomas Großbölting, director del estudio de Münster, explica que este tipo de encargos en general requieren mucho tiempo y que depende de cuánto se quiera abarcar. En el caso de España, asegura, habría que indagar en distintas diócesis y archivos: “Se necesita o mucho tiempo o un equipo muy numeroso”. Su trabajo, del que por ahora solo se conocen resultados preliminares, ha exigido la dedicación completa de cuatro investigadores posdoctorales durante dos años y medio.
El equipo de Großbölting no se puso en contacto directamente con las víctimas, sino que hizo un anuncio público invitando a presentarse a quien quisiera hablar con ellos. Se hicieron 70 entrevistas presenciales, explica: “Fueron muy útiles para conducirnos a otras víctimas y para destapar casos de abusos sexuales”. Además de hacer entrevistas personales, el equipo ofreció ayuda terapéutica y derivó algunos casos a instituciones profesionales.
El trabajo de Münster no entra en la cuestión de indemnizaciones económicas, pero el profesor de la Universidad de Hamburgo asegura que el dinero no es lo más importante. “La mayoría de las víctimas lo que piden es ser escuchadas y que sus experiencias sean reconocidas públicamente”, asegura. A la hora de identificar un número de casos, en su estudio no solo han tenido en cuenta a las víctimas que se presentaron, sino que han calculado mediante proyecciones estadísticas el número de personas que pudieron verse afectadas.
En su opinión, el enfoque legal es importante y es útil, porque permite buscar a perpetradores que todavía pueden ser procesados hoy en día. Pero hay un segundo paso, en el que se ha centrado su investigación, que consiste en analizar el contexto estructural y las razones para el abuso sexual: “Se trata de discernir qué características de la cultura institucional hicieron posible los abusos y ayudaron a los obispos a encubrir los hechos”.
Por otro lado, en Portugal, la Conferencia Episcopal pidió a Pedro Strecht, un psiquiatra especializado en infancia y adolescencia, que había atendido a los menores abusados en el gran escándalo de la Casa Pía hace años, que asumiese la investigación sobre la pederastia en la Iglesia lusa. Strecht exigió tener manos libres y formó un equipo paritario y reducido con especialistas en distintos ámbitos: un jurista, un psiquiatra de adultos, una socióloga, una terapeuta familiar y una cineasta. No hay representación religiosa ni de asociaciones de víctimas. El plazo para recabar datos y presentar el informe es de un año.
“Cada uno de nosotros tenemos ideas sobre política y religión, pero estamos en esa comisión como profesionales y no como gente mandatada por el Gobierno o la Iglesia. Puede ser muy importante para las víctimas reforzar la idea de confianza en las personas que las escuchan. Hacerlo de una forma muy politizada puede tener sus riesgos porque las víctimas siempre pueden pensar si se identifican o no con el representante de un partido o de la Iglesia y dificultar mucho que las personas se sientan libres para hablar”, señalaba en una entrevista con este diario Strecht.
La comisión busca activamente casos y ha desplegado una campaña en los 300 municipios portugueses, así como en entidades y asociaciones, para tratar de llegar a las víctimas de lugares menos urbanos y poco conectadas a lo digital. “Habíamos notado que la mayoría de contactos que teníamos eran online, lo que nos llevó a preguntarnos quiénes podían tener acceso online y a reflexionar sobre las personas que no lo utilizan”, explicaba Strecht.
Las víctimas pueden relatar su testimonio a través de un cuestionario por internet, por teléfono o de forma presencial. La comisión dispone de un piso alquilado en Lisboa, cuya dirección se mantiene en secreto, a donde pueden acudir las víctimas para prestar su testimonio, siempre ante dos miembros de la comisión.
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