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Tanto Almudena Bernabéu, del Centro Guernica 37 para la Justicia Internacional, como Reed Brody, de Human Right Watch, tienen una larga experiencia en llevar a los culpables de crímenes de lesa humanidad ante los tribunales. Desde Guatemala o El Salvador, Gambia, Chad o Ruanda o Siria, la persistencia de las víctimas de estos crímenes, “víctimas activas” siempre, como aclara Bernabéu, puede encontrar la colaboración de organizaciones y abogados dispuestos a acompañarles.
Los dos expertos sostuvieron un diálogo, este pasado 5 de mayo, organizado por la Coalición por la Justicia en Nicaragua, en la plataforma del medio digital Divergentes. Moderado por Carlos Dada, periodista salvadoreño de El Faro, se abordó desde el inicio la cuestión más difícil: el tiempo de espera.
Como el propio Dada comentó, recientemente han dado inicio las audiencias por la masacre del Mozote, un ataque de los militares salvadoreños que dejó cerca de 1.000 víctimas civiles. El asunto es que sucedió hace, nada más y nada menos, que 40 años. Igualmente, los asesinatos cometidos contra los jesuitas españoles y dos mujeres de la Universidad Centroamericana fueron juzgados recientemente en España, 30 años después. Sin duda, es un plazo demasiado largo para los que esperan justicia.
Bernabéu, que llevó el caso de los jesuitas, comentó acerca de las dos caras de esta moneda del tiempo. Reconoció que la justicia debe darse con más prontitud, “si no, se pierde parte de su calidad y su sentido” y, además, recordó que no se debe sustituir la aplicación de justicia sobre crímenes de lesa humanidad por otras iniciativas como la creación de comisiones de la verdad, “porque eso no transforma ni resuelve las inequidades que generan las violaciones de derechos humanos”. No les restó valor simbólico a esas iniciativas, pero enfatizó en la necesidad de hacer justicia. “He conocido a personas que han sufrido la revictimización a causa de la complejidad de estos procesos, pero, aun así, nunca he conocido a víctimas que se hayan rendido. Jamás”. Las víctimas son reivindicativas, subraya Bernabéu, “siempre van a estar ahí”, y esa insistencia es la que da fuerza a esta abogada, experta en derechos humanos.
Los asesinatos cometidos contra los jesuitas españoles y dos mujeres de la Universidad Centroamericana fueron juzgados recientemente en España, 30 años después. Sin duda, un plazo demasiado largo para los que esperan justicia
La parte positiva es que el tiempo ofrece algunas oportunidades: “Por un lado, los criminales se relajan, confían en su impunidad, empiezan a viajar; por otro, se pueden recabar más pruebas con las que fundamentar el caso, explicó Bernabéu”. Al respecto, Brody apuntó que la documentación de los casos puede parecer una tarea, a veces, desalentadora, pero tarde o temprano da sus frutos. Recordó el caso Pinochet. El director jurídico del arzobispado de Santiago de Chile, quien había documentado muchos casos de violaciones de derechos humanos en aquel país, había interpuesto más de 1.000 habeas corpus y no había prosperado ninguno. Al cabo de 20 años, él estuvo en Londres, viendo a Pinochet en el banco de los acusados. “Entonces comprendió por qué había hecho todo ese trabajo”, comentó Brody. También mencionó el caso del abogado Alain Werner, que ha radiografiado los crímenes cometidos en Liberia y ha abierto varios casos contra los criminales de Liberia que se encuentran en diferentes países.
El papel de la movilización y organización de las víctimas y sus allegados es el motor de todo. Y, en segundo lugar, dijo Brody, “la documentación de los crímenes, la información sobre las cadenas de mando del sistema que los perpetró”.
Los expertos abordaron preguntas específicas de una nutrida asistencia, muchos de los cuales estaban interesados en los crímenes cometidos en Nicaragua durante la represión a partir de abril de 2018. ¿Qué requisitos se tienen que dar para que un presunto criminal pueda ser llevado a la Justicia Universal?
Normalmente, hay dos condiciones para ello. En primer lugar, según aclararon los expertos, una vez que está claro que se trata de un crimen de lesa humanidad, el país donde se encuentra el perpetrador debe recoger en su legislación nacional el principio de justicia universal. Otra posibilidad es que sea una de las víctimas la que tenga la nacionalidad de un país que aplica la justicia universal, según explicó Bernabéu. Por ejemplo, si un criminal de Nicaragua (que no reconoce a la Corte Penal Internacional) viaja a otro país que sí lo reconoce, o hay una víctima con la nacionalidad de ese otro país, podría dictarse una orden de captura y juzgarse. Pero hay más posibilidades a explorar, según Brody, como la creación de tribunales especiales en una región.
El caso Pinochet, en 1988, tras la creación de la Corte Penal internacional, fue un parteaguas en la justicia universal. Entonces, solo era necesario el crimen, en sí, para poder activar el caso en la jurisdicción de los tribunales de cualquier país que acogiese la justicia universal, como en el caso de España. Después del juicio a Pinochet, se fue reduciendo este principio, según explicó Bernabéu, y algunos Estados impusieron trabas de tipo técnico que dieron, como resultado, que, actualmente, solo se pueda aplicar si se cumplen las dos condiciones descritas previamente.
En cualquier caso, no se puede permitir “la negación de las víctimas, que es perpetuar la impunidad”, expresó Bernabéu, quien además llamó la atención sobre la arrogancia que caracteriza a quienes cometen estos crímenes: “Nunca he visto a uno solo que admita verdaderamente su culpa o muestre arrepentimiento ante un tribunal”. Pero el hecho de que algunos acaben sentados frente a un juez ofrece un mensaje esperanzador sobre no perpetuar la impunidad.
La otra gran cuestión que se abordó en este diálogo fue si se debe apuntar a los cargos más altos o a los de menor grado en el escalafón de la cadena criminal. Ambos expertos coincidieron en señalar que eso depende de la estrategia más conveniente en cada caso y país. Las posibilidades y las consecuencias dictaminan esa estrategia. El problema que se dio a partir de 1998, con lo de Pinochet, recordó Brody, es que hay tantas injusticias en el mundo y tan pocos espacios donde canalizar la justicia universal que a veces se cometen errores de cálculo.
El experto de Human Right Watch señaló que España y Bélgica se convirtieron en los países adonde se dirigieron una multitud de causas desde muchas organizaciones, víctimas y rincones del mundo. La peculiaridad de estos dos países es que permitían iniciar un proceso contra un criminal, sin que este estuviera presente en el territorio. Eso permitió al juez Garzón iniciar el caso contra Pinochet y pedir su extradición. El problema vino, añadió Brody, cuando se empezó a apuntar hacia los crímenes cometidos por personas de Estados Unidos o China. Las dos potencias ejercieron sus presiones y acabaron por hacer que Bélgica y España se echaran atrás.
En muchos casos, cuando se quiere perseguir a los mandos más altos, se puede dificultar o impedir todo el proceso. También se puede apuntar a cargos medios o bajos. “Recientemente, en Alemania, se juzgó a uno de esos mandos sirios, lo que permitió analizar profundamente el sistema de represión que se ha desarrollado en ese país”, explicó Brody. Ya hay causas abiertas en varios países contra criminales sirios. Todo ello puede alentar relativamente a la comunidad de las víctimas del largo conflicto de ese país de Oriente Próximo.
Carlos Dada recalcó al final que el trabajo de expertos, como Bernabéu y Brody, representan un mensaje de esperanza: “Las víctimas no están solas”. La movilización y la documentación sistemática y constante son claves para que estos procesos prosperen. En otras partes del mundo siempre hay gente dispuesta a acompañar la lucha que no deje impunes los crímenes de lesa humanidad.
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