Las comunidades energéticas comienzan a arraigar en España. Desde hace unas semanas, coincidiendo con la escalada imparable del precio de la luz en el mercado mayorista, han ganado protagonismo en el debate público. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, recuerda siempre que tiene oportunidad las bondades de estas comunidades energéticas, reguladas por el Gobierno en junio de 2020.
De ellas dice que juegan un papel protagonista en la transición energética, en la democratización del sistema energético y en los planes de descarbonización. Y, en lo que más ampollas levanta: en la bajada del recibo de la luz, al permitir al ciudadano pasar de ser consumidor a productor. Tanto es el interés del Gobierno que la semana pasada Ribera anunció los primeros 100 millones de euros en ayudas para impulsar las comunidades energéticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Tienen muchas ventajas porque aportan energía de proximidad y rebajan los gastos energéticos de los socios y del ámbito municipal… Ahora podemos imaginar 1.200 pueblos con comunidades o 300.000 tejados solares”, dijo la ministra la semana pasada en un acto sobre comunidades energéticas en Crevillent (Alicante).
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El salto es de los grandes. Y no solo sobre el papel. En España hay en marcha en torno a 20 comunidades energéticas, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), que acaba de lanzar un mapa interactivo para construir un registro. ¿Qué son? Estas entidades son proyectos abiertos, voluntarios y autónomos impulsados por ciudadanos, pymes, cooperativas y entidades locales. Todos ellos se convierten en productores de energía a través de proyectos de autoconsumo compartido (por ejemplo, con paneles fotovoltaicos) para poder cubrir parte de sus necesidades energéticas.
El Idae, que va a canalizar esos 100 millones de euros y estima que se podrán desarrollar al menos 100 proyectos, explica el cambio: “Se trata de convertir a quienes hasta ahora solo eran consumidores de energía en actores activos del sistema energético, tanto térmico como eléctrico”.
Lo que se consigue de forma más inmediata y tangible es un ahorro en la factura de la luz. ¿Cómo? Según el Idae, “tomando decisiones sobre cómo se quiere consumir energía y qué tipo de energía se quiere consumir, sin estar sujeto a las variaciones de los mercados internacionales y a las decisiones tomadas por agentes ajenos a los problemas de la comunidad”.
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Pero una comunidad energética no se limita solo a ahorrar en el recibo de la luz o a colocar paneles. “Se trata de ahorrar en todos los consumos de energía (calefacción, agua caliente, consumo eléctrico, procesos industriales) e invertir en proyectos que permitan obtener beneficios más allá de lo económico, como pueden ser sociales o medioambientales”, señalan en el Idae.
Decisiones por consenso
Una comunidad energética puede estar formada por los vecinos de un bloque de viviendas, por un barrio (incluyendo las pymes que desarrollen su actividad allí), por cooperativas de distintos sectores (eléctricas, agroalimentarias…) o por las empresas de un polígono industrial. Importante es saber que las decisiones se toman por consenso y todos los miembros tienen el mismo peso.
¿Cuánto cuesta participar? Dependerá de cada comunidad. Lo normal es que cada miembro tenga que aportar una cantidad de dinero para cubrir las inversiones —excepto las personas en situación de pobreza energética—, aunque podrán acogerse a ayudas o solicitar financiación, “de manera que la aportación económica es pequeña”, señalan en el Idae. Los ahorros en la factura de los consumidores, que pueden estar entre el 30% y el 50%, permitirán amortizar esas inversiones.
Una de las comunidades energéticas pioneras y de mayor tamaño de España es Comptem, desarrollada por el Grupo Enercoop, cuyo objetivo es convertir al municipio alicantino de Crevillent en un referente europeo. Esta comunidad energética, que combina el autoconsumo colectivo con el almacenamiento energético (permitirá a los ciudadanos producir energía durante el día y consumirla por la noche), ha supuesto una inversión superior a los 400.000 euros, que ha contado con la financiación de la Unión Europea.
En 2020 concluyó la implantación de la primera célula piloto de autoconsumo colectivo a partir de energía fotovoltaica situada en la pedanía crevillentina de El Realengo. Se halla sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados (concesión municipal) junto a un colegio público, donde se ha instalado una cubierta de 600 metros cuadrados de módulos solares que cubrirán el 50% de las necesidades de los vecinos de su área de influencia (65 viviendas de El Realengo y una población aproximada de 250 habitantes). Enercoop estima que supondrá ahorros de entre el 15% y el 20% en el término de energía para esas 65 viviendas.
En Crevillent se ha optado por un modelo en el que durante los primeros años una parte de los ahorros irá a pagar la instalación, que a su vez se financiará a través de Caja Rural Central. Una vez costeada la obra a los siete u ocho años, todos los ahorros irán al bolsillo de los consumidores. El siguiente paso, para el que ya tiene permiso, es usar 15.000 metros cuadrados en 21 edificios y espacios municipales, sobre los que se instalarán paneles fotovoltaicos. La idea es que en 2030 se beneficie toda la población del municipio.
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El Gobierno de La Rioja también está promoviendo las comunidades energéticas, en este caso en núcleos de población sin conexión a la red eléctrica, para abordar la transición energética y, de paso, el reto demográfico. Santa Marina y San Martín de Jubera, en Santa Engracia del Jubera; Treguajantes, en Soto en Cameros, y Larriba, en Ajamil, han sido las aldeas seleccionadas en la primera fase del programa, para la que se destinarán 300.000 euros en 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado, lo explica. “Los vecinos de esas aldeas podrán compartir un pequeño huerto solar en el que habrá placas solares fotovoltaicas para dotarles de conexión a la red eléctrica, que hasta ahora no tenían”. Dorado cuenta que gracias a la iniciativa se están poniendo en marcha pequeños proyectos empresariales, como la ampliación de una explotación ganadera o la reconstrucción de una casa rural. El huerto solar se construirá con una financiación compartida: el 75% del Gobierno de La Rioja, el 10% los ayuntamientos y el 15% los vecinos. “No serán más de 1.500 euros, además del mantenimiento de 200 euros al año”, señala Dorado.
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No es una comunidad energética en sentido estricto, pero sí un barrio solar. En Zaragoza está a punto de arrancar el barrio solar de Actur-Rey Fernando, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ecodes y EDP, que consiste en la instalación de paneles solares en dos centros deportivos municipales. A esta iniciativa de autoconsumo colectivo se han adherido 177 vecinos y comercios de Zaragoza. “Las viviendas y negocios pagarán una cuota mensual de seis euros y se beneficiarán de un ahorro del 30% en sus consumos de electricidad”, según EDP. Ya están cubiertas el 90% de las plazas.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha realizado una Manifestación de Interés sobre la materia y ha recibido 459 propuestas, el 75% de ellas combinan generación renovable con eficiencia energética o movilidad. El 22% de los proyectos recibidos se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que es una oportunidad para abordar el reto demográfico.
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