El gobierno federal indicó que tras la realización de las 15 asambleas este fin de semana, se alcanzó una aprobación consensuada de las comunidades.
Integrantes de pueblos indígenas de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche se manifestaron en favor del Proyecto de Desarrollo Tren Maya e hicieron propuestas para ser incluidos en su implementación, en asambleas regionales consultivas en diferentes zonas de la península de Yucatán.
Tras un largo fin de semana en el que se realizaron 15 asambleas, al menos cinco mil 193 representantes y autoridades indígenas de más de mil 83 comunidades y 88 municipios intercambiaron inquietudes y puntos de vista con servidores públicos de diversas instancias del gobierno federal, representantes de organismos garantes de derechos humanos y público en general.
A través de un comunicado, el gobierno federal resaltó que durante los trabajos se acordaron mecanismos de participación de acuerdo con sus formas de organización tradicional, además de que los participantes pidieron al gobierno federal mejorar la infraestructura básica e impulsar proyectos de desarrollo local, infraestructura hídrica, saneamiento, entre otros.
“Las autoridades municipales, ejidales y comunales que participaron en las asambleas consultivas entregaron a las y los representantes del Gobierno de México sus solicitudes de obras sociales y proyectos productivos en beneficio de sus comunidades con el fin de propiciar un desarrollo integral”, afirmó el gobierno federal.
Consulta en Chiapas, gana Tren Maya por mayoría· Poca afluencia de población indígena
Chiapas.- Juan Chak voto por el no. Dice que no está de acuerdo en que el Tren Maya pase por su región ubicada en el lugar conocido como Estación Lacandón, en el municipio de Palenque, “porque pocos son los que se benefician del turismo, y si los grandes empresarios van a acaparar, pues menos beneficio para las comunidades”. Sin embargo, en el lugar, al igual que en el resto de las sedes donde se instalaron las casillas, ganó el sí.
Palenque es uno de los principales destinos turísticos de México. Su zona arqueológica da cuenta del esplendor de la cultura maya, y es atractivo para unas 800 mil personas que actualmente llegan cada año.
La población que habita en la región está acostumbrada al turismo, “pero la mayoría lo hacemos como empleados. ¿De quiénes son los hoteles? ¿de quiénes son las tiendas, los restaurantes? De la población indígena que vivimos acá, no”, reflexiona Juan Chak como para sí mismo.
Él asegura que poca es población local, y menos la de origen indígena, que logra tener una participación importante en el turismo, “si acaso llega a tener algún hostal, un restaurante pequeño, o alguna venta ambulante de artesanía. A nosotros solo nos contratan para servir, y los sueldos no son buenos”.
Por eso, decidido, Juan acudió a la consulta y votó por el no. Pero horas después de que emitió su voto, al cierre de la casilla, los resultados en Estación Lacandón fueron: 151 votos a favor de la construcción del Tren Maya, 37 en contra, y 1 voto nulo. En ese lugar, por mayoría, como en el resto de las 19 sedes donde se llevó a cabo la consulta en Chiapas, ganó el sí.
La jornada se registró sin incidentes en Chiapas, pero con poca afluencia. De acuerdo a observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las casillas que recorrieron en esta entidad, “se vio poca participación, y quienes acudieron fueron casi todos de población mestiza, muy pocos indígenas”.
De acuerdo al proyecto que la presentado por Rogelio Jiménez Pons, Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto, de los 2 mil 400 kilómetros que recorrería el tren, 42 kilómetros están en Chiapas. Acá se utilizaría, previa adaptación y rehabilitación, la vía que ya se encuentra construida, y que se extiende en los límites entre el estado y Tabasco.
Este proyecto ha sido cuestionado en diversos sentidos, además de las razones expuestas por pobladores como Juan Chak, ambientalistas como Julio César Romaní Cortés, Director Nacional Palenque a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), señaló que la actual capacidad turística de Palenque es de 700 mil visitantes, y si se espera multiplicar esa cantidad por 10 a raíz de este proyecto, el impacto sería negativo en la capacidad de amortiguamiento en las áreas naturales como Agua Azul, y el ecosistema general de la zona. De hecho, aún no se han realizado los estudios de impacto ambiental del proyecto.
Otros organismos como el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Red Nacional de Organismos Civiles y Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, han señalado que “el Tren Maya, repite el mismo modelo de imposición y discriminación de los proyectos extractivos (…) es la política de saqueo y destrucción de territorios indígenas”.
Sin embargo, el resultado de la consulta de este día parece indicar que no hay vuelta atrás en este proyecto.
Dan indígenas del sureste luz verde al Tren Maya, pero desconocen proyecto
Comunidades indígenas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas dieron luz verde a la ejecución del proyecto integral Tren Maya, que conectará estos cinco estados del país.
En 15 asambleas deliberativas, autoridades de las comunidades indígenas del sureste mexicano accedieron a la propuesta que impulsa el gobierno federal para la construcción de este corredor turístico regional, aunque dijeron desconocer a profundidad el proyecto en términos de financiamiento, uso de las tierras y posibles impactos ambientales.
Dichas asambleas forman parte del proceso de Consulta Indígena convocado por el gobierno federal el pasado 16 de noviembre y que comenzó con las asambleas informativas los días 28 y 29 del mes pasado.
Sin embargo, la información proporcionada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a las autoridades indígenas a través de impresos no incluyó datos sobre el mecanismo de inversión inmobiliaria conocido como FIBRA, a través del cual se busca que sean las comunidades quienes aporten sus tierras como “socios”.
En la asamblea realizada en Cobá, Tulum, este 15 de diciembre, al menos una decena de integrantes de la asamblea declaró no tener claridad en este procedimiento de financiamiento, sin embargo dijeron confiar en los beneficios que traerá la obra.
Durante las discusiones de la asamblea para conocer los puntos de vista y necesidades de las comunidades con respecto al Tren Maya, los comentarios se centraron en los rezagos de la zona maya, que van desde carencia de energía eléctrica, caminos en mal estado, falta de medicamentos, inaccesibilidad a la educación hasta conflictos territoriales.
“Ningún presidente se había preocupado por escucharnos, ahora hay que apoyar a nuestro gobierno para que nos traiga el progreso que tanta falta nos hace”, dijo Candelario Pat, uno de los asistentes al ejercicio de participación.
A la asamblea realizada en Cobá asistió como observador el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur, quien reconoció que aún no se cuenta con estudios de impacto ambiental para el Tren Maya, pero aseveró que hay un “serio compromiso” con la naturaleza en el desarrollo de este proyecto integral.
La Consulta Indígena se realizó con base en el protocolo del artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por México, según indicó Guillermo May Correa, coordinador general de Transversalidad y Operación Regional de oficinas centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
No obstante, el pasado 11 de diciembre un grupo de colectivos indígenas se pronunció ante lo que consideró “una simulación”, pues alegaron que la información que llegó a las comunidades indígenas fue la misma difundida a través de redes sociales y la televisión.
Alberto Rodríguez Pisté, portavoz del Consejo Maya del Poniente de Yucatán, aseguró que la consulta se llevó a cabo sin información previa que permitiera a los indígenas mayas tomar una decisión.
“El gobierno que pretende desarrollar el proyecto del Tren Maya aún no ha informado de manera clara y convincente de los perjuicios y consecuencias reales a nuestra vida social, a nuestra cultura, a nuestros territorios y a nuestros recursos naturales pero sobre todo a nuestro patrimonio histórico”, afirmó.
Al respecto, la organización Consejo Civil Mexicano para la Selvicultura Sostenible, que trabaja con comunidades de la región, alegó que el proceso incumplió con los lineamientos internacionales.
“La Consulta Indígena incumple el principio de “informada”, toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas”, apuntó.
A la par de la Consulta Indígena convocada por el INPI, la Secretaría de Gobernación convocó a un ejercicio de participación ciudadana para valorar si las personas en general aprobaban el proyecto, aunque esta votación no fue vinculante para tomar decisiones sobre el futuro de la megaobra. (Con información de Ángeles Mariscal / Chiapas; y Alejandro Castro / QRoo)