Comunidades autónomas y municipios tendrán que organizar en menos de 90 días un sistema antifraude para gastar los fondos europeos. Así se recoge en una orden publicada por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado: “Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación y Transformación deberá disponer de un Plan de medidas Antifraude”. Cualquier administración o incluso intermediarios privados deberán establecer mapas de riesgo, declaraciones de ausencia de conflicto de interés, códigos éticos, buzones de denuncias, sistemas de alertas, cursos de formación de sus gestores o políticas de obsequios y confidencialidad.
Hasta se señala la posibilidad de cruces con bases de datos públicas como los registros mercantiles que puedan detectar intereses no declarados. También se habla del cribado de datos para encontrar alertas, como por ejemplo cambios a posteriori en las especificaciones de los contratos, prórrogas irregulares, prestaciones que se dan utilizando muchos contratos menores o la ausencia de una doble firma de los responsables.
Se trata de una auténtica revolución para que la Administración pública española implante los sistemas de control o cumplimiento normativo que ya existen en las grandes empresas. Sobre todo desde que en 2010 se incluyó en el Código Penal la posibilidad de que las compañías pudieran tener una responsabilidad penal. “Es el aterrizaje forzoso de los sistemas de compliance en el sector público”, explica un jurista de la Administración.
Sociedades estatales como Tragsa, Correos o Adif tendrán más fácil cumplir con estos nuevos requisitos en la medida en que ya cuentan con departamentos y asesores de cumplimiento normativo o compliance. Estos equipos pueden ayudarles a montar un sistema así con los controles necesarios. Pero los ayuntamientos, las diputaciones y comunidades lo tendrán más difícil. Máxime cuando apenas cuentan con tres meses desde la entrada en vigor de la orden, el 30 de septiembre, o desde que sepan que gastarán los fondos. Otro serio inconveniente es la limitada oferta de consultores en esta materia. Es cierto que ya se adelantó a los gobiernos autonómicos el borrador de la orden en agosto para que pudieran hacer alegaciones. Y disponen de cámaras de cuentas que podrían colaborar. Pero aun así, según fuentes de distintas administraciones, la exigencia será muy importante. Y se une al ingente reto de gastar a tiempo y con eficiencia una cantidad muy elevada de recursos.
Los 70.000 millones en ayudas no reembolsables que entregará la UE en tres años es mucho dinero. Da por ejemplo para pagar dos veces los ERTE que se financiaron en 2020 por la pandemia. Casi triplica la cantidad anual destinada a inversiones por todas las administraciones. Así que no se puede gastar mal. Hacienda es consciente de que el país no puede permitirse que surjan escándalos con un dinero fruto de la solidaridad europea. Costó mucho convencer a los países frugales del Norte. Y la Comisión Europea ha impuesto en la normativa de los fondos Next Generation EU que se instauren los más altos estándares ya aplicados en Bruselas.
Aunque la legislación de los contratos públicos ya preveía instrumentos para evitar el fraude, estos no se concretaban como se hace ahora en la orden de Hacienda, bajo el epígrafe “refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés”. E incluye unos anexos en los que se detalla de manera bastante exhaustiva todo lo que se ha de hacer. Eso sí: se deja que las exigencias se ajusten en función de los riesgos y de la naturaleza y tamaño de cada entidad. Por ejemplo, se recoge un listado de comprobaciones para asegurar el cumplimiento, unas guías y unos compendios de casos prácticos. Las entidades ejecutoras de los fondos deberán identificar los riesgos, asignarles una probabilidad, establecer señales de alerta y crear procedimientos para minimizarlos y actuar en caso de que se materialicen. Estos sistemas deberán contemplar procesos para el seguimiento de casos sospechosos, la interrupción de desembolsos, la retirada de fondos y la recuperación del dinero que haya sido gastado fraudulentamente. En el supuesto de que se juzgue necesario, también se han de comunicar o denunciar los hechos, iniciar una información reservada o incoar un expediente disciplinario.
José María Gimeno Feliu, catedrático experto en contratación pública, alaba el carácter didáctico de la norma y destaca que este plan antifraude sea obligatorio. Según un abogado del Estado consultado, “es una nueva forma de pensar. En lugar de simplemente reaccionar se trata de predecir, formar, analizar errores e incorporar enseñanzas”. El catedrático de derecho administrativo Agustí Cerrillo explica: “Supone un paso importante, pero puede ser difícil lograr los objetivos que se plantean dados los plazos y que se trata de unos procesos complejos que no están integrados en la cultura organizativa de las administraciones”. Por su parte, Hacienda alega que estas ya poseen estructuras de seguimiento y control, y que por lo tanto los 90 días son un tiempo prudente para adoptar alguna medida complementaria.
Control de los flujos de dinero
Además de los planes antifraude, Hacienda crea una base de datos para controlar los flujos de dinero. Este suministro de información se considera esencial para conocer el estado de las inversiones. Las comunidades y ayuntamientos gestionarán la mitad o más de los fondos europeos. Muchos de los objetivos comprometidos con Bruselas son competencias autonómicas como la educación, la sanidad, el medioambiente y la vivienda. Y algunas comunidades se quejan de que no han participado en el diseño de las metas. Si una región no logra ejecutar los recursos asignados, pondría en riesgo los objetivos nacionales y Bruselas podría llegar al extremo de retener desembolsos para el conjunto del país. La UE hará un examen dos veces al año de estos hitos y objetivos prometidos. Por ese motivo, el decreto de gestión de los fondos europeos permite reorientar recursos. Y algunas conferencias sectoriales repartirán los fondos entre las comunidades en función del cumplimiento que haya habido con las primeras remesas.
La orden de Hacienda manda a la Agencia Tributaria que organice una base de datos con los beneficiarios de las ayudas europeas, los contratistas y subcontratistas. En esta se detallarán las sociedades con una cifra de negocio de más de dos millones. Se identificará a los titulares de estas con una participación superior al 25% del capital. Y se registrarán las personas físicas o jurídicas que obtengan ayudas por encima de los 7.000 euros.
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