La comunicación con los manifestantes se llevará a cabo cuando detecten objetos con los que posiblemente se pueda constituir un delito contra una persona o propiedad privada.
El encauzamiento es una expresión para prevenir la comisión de un delito que constituya una violación a los derechos, explicó José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de Ciudad de México.
En videoconferencia, en el marco de la presentación del Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden en el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones, expuso que el objetivo de la administración capitalina es abrogar, evitar y desterrar abusos de autoridad.
“Si alguien durante la marcha comete una falta cívica o comete un delito, se le atenderá de conformidad a lo que marca el protocolo y la ley. Lo que queremos dejar muy claro es que esta es una acción preventiva que trata de generar seguridad en el ejercicio de un derecho humano básico que la Constitución de Ciudad de México incluye en su artículo 7”, dijo.
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Por su parte, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Gobierno, precisó que el encauzamiento es un nuevo instrumento que en primer lugar garantiza la libertad de expresión y el derecho a la manifestación en el espacio público, y al mismo tiempo, trata de prevenir violencias.
“Para ello se tendrá claridad en la actuación de todas las autoridades y siempre se antepondrá el diálogo como eje”, sostuvo.
Indicó que la comunicación con los manifestantes se llevará a cabo cuando detecten objetos con los que posiblemente se pueda constituir un delito contra una persona o propiedad privada. Subrayó que esto servirá como una manera de convencerlos para que entreguen esas piezas a efecto de que puedan seguir con su expresión.
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“De no ser así y de que hay una presunción de la comisión de un delito o una falta, se hará este encauzamiento, el cual tiene el objeto de que no se detenga toda la movilización. No es una aspiración ir a lado de una expresión pública todo el tiempo, sino únicamente cuando una comisión de una conducta pueda atentar contra las propias y los propios manifestantes. Es una atención extraordinaria que se dará cuando haya violencia”, explicó.
“El diálogo va a seguir siendo el eje y el encauzamiento será cuando se detecten estas conductas que puedan dañar y afectar. Para atenderlas habrá este encauzamiento hasta que cesen estas conductas”, agregó.
En tanto, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), enfatizó que en general, el acuerdo presentado este lunes tiene que ver con la gradualidad del uso de la fuerza.
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“Es básicamente poder cumplir con la protección de la protesta y con la protección de los que no están protestando alrededor de este fenómeno. La gradualidad va con lo primero que se está planteando aquí, que es la presencia policial que lo primero que tiene es un orden de prevención en los que estén presentes, ya sea acompañando o encauzando”, apuntó.
Señaló que la persuasión es una valoración que se da en el momento entre el riesgo y la flagrancia y que dependiendo de esta evaluación es que se podría pasar a otros elementos que podría ser incluso, la utilización de instrumentos de inmovilización, aunque reiteró que el acuerdo tiene establecido que estos no pueden ser letales.
No obstante, externó que esto no se puede llegar a hacer desde un primer momento, sino que primero se tiene que valorar y no descartó que pueda haber detenciones si el diálogo entre manifestantes y autoridades no fluctúa y si es que hay una valoración de riesgo y además hubo una flagrancia.
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El secretario de Gobierno de Ciudad de México recordó que la administración capitalina tiene un grupo de diálogo y de convivencia, los chalecos naranja, que la CDHCM siempre está presente para salvaguardar los derechos de los que protestan y que hay organizaciones sociales que sirven de intermediarias para generar los diálogos.