Emilio Lozoya Austin aseguró que los fondos entregados por la constructora Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, sirvieron para financiar campañas de desprestigio contra sus opositores Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó al equipo de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, encabezado por Luis Videgaray Caso, de haber utilizado el dinero recibido de los sobornos de Odebrecht para financiar la estrategia de desprestigio en contra de los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador (Juntos Haremos Historia) y Josefina Vázquez Mota (Partido Acción Nacional).
Así lo revelan los periódicos Milenio y El Universal en su edición de este viernes, basados en la ampliación de la declaración ministerial de Lozoya Austin, misma que consta en la solicitud de la orden de aprehensión contra el excanciller Luis Videgaray Caso, por delito electoral, cohecho, asociación delictuosa, y traición a la Patria.
El pasado 8 de octubre, Lozoya realizó la ampliación de la denuncia presentada el 11 de agosto por el exfuncionario, en la que involucró a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari en presuntos actos de corrupción.
Esto llevó a que el Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión contra Videgaray, que no se concretó. Esto, porque cuando el juez de control del Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, solicitó más datos al respecto, la Fiscalía se desistió de su petición, en aras de obtener mayores elementos.
Luis Videgaray “se encargaba de contactar a las empresas proveedoras de estos análisis electorales. Una vez contactados y acordados los montos en dólares, pesos o euros, él mismo acordaba los términos de ejecución de esos contratos que incluyen la entrega, directamente a él, del producto realizado”, señala el documento citado.
Precisa que si bien estos entregables eran reportados a Videgaray, el exdirector de Pemex conoció que se trataba de encuestas electorales o “diseños de estrategia de comunicación para golpear y desacreditar a los candidatos de la oposición con especial referencia a López Obrador“, aunque también a Vázquez Mota.
De acuerdo con el periodista José Antonio Belmont, de Milenio, Lozoya aseguró al Ministerio Público de la Federación haber escuchado a Videgaray referirse al Grupo Financiero Monex como uno de los canales de financiamiento de la campaña de Peña Nieto, sin que aportara mayores detalles al respecto.
El periódico Reforma, quien también tuvo acceso al documento, narra que en éste también aparece la declaración de Froylán Gracía Galicia, ex coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex.
García Galicia declaró que Enrique Peña Nieto recomendó a Emilio Lozoya que otorgara contratos de Pemex a su hermano Arturo, a lo que se resistió el entonces director de Pemex. Según esta información, tanto Peña como su secretario particular, Erwin Lino y su secretario auxiliar, Jorge Corona, daban las instrucciones para favorecer al hermano del expresidente.
Sobre esta declaración, Milenio, reporta que García también afirmó que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió a Lozoya apoyar con contratos al panista regiomontano Felipe de Jesús Cantú, relacionados con la reforma energética. “A Cantú lo recibí en múltiples ocasiones en la oficina y me llevaba una lista de empresas, refiriéndome que era necesaria su contratación expedita para que Anaya no boicoteara a reforma energética”, cita el rotativo.
El Universal señala que el chofer de Loozya fue otra de las personas que declararon ante el Ministerio Público. Dijo que en distintas ocasiones “acudió a recibir dinero en efectivo en las oficinas de Montes Urales 425 para entregarlo a Rafael Caraveo, extrabajador del Senado de la República, quien fue exhibido en agosto pasado a través de un video en el que se le observa contando el dinero y metiéndolo en maletas”.
Uno de los argumentos de la FGR para solicitar la aprehensión de Videgaray es que éste supone un riesgo para el desarrollo de las investigaciones del caso Odebrecht, ya que puede “destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”. También puede influir en otros acusados, testigos o peritos, mediante amenazas o intimidaciones, para que “informen falsamente o se comporten de manera reticente”.
Según esta solicitud, la FGR desconocía el paradero de Videgaray por lo que, adelantaba que pediría a la Interpol la emisión de una “ficha roja” para ser localizado en 194 países. Precisaba que el último registro del Instituto Nacional de Migración (INM) data del 3 de marzo de 2020, cuando el exsecretario viajó a los Estados Unidos sin que exista información acerca de si regresó a México.
Este jueves, la periodista Dolia Estévez confirmó que Videgaray se encuentra en Estados Unidos, concretamente en Cambridge, Massachusetts, donde es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y que no tiene pensado abandonar sus tareas en dicha institución educativa. Lo anterior, durante una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa ‘Los Periodistas’ de La Octava.
De acuerdo con la Fiscalía, Videgaray podría haber renunciado al MIT para irse a vivir a Israel. Ayer, Estévez -quien se ha desempeñado desde hace varios años como corresponsal mexicana en Estados Unidos- desmintió la información.
El reporte de El Universal señala que Lozoya entregó comprobantes de los depósitos que realizó Odebrecht, a través de una empresa fachada radicada en Suiza. También detalló la forma en la que se realizaron las triangulaciones de recursos para que no fuesen detectados.
Fiscalía señala a Peña Nieto por “traición a la patria”
El jueves, Reforma reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el “autor mediato” de delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral por el caso Odebrecht.
El diario tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray -que fue devuelta por el juez-, en la que la FGR considera que Peña Nieto como presidente cometió dichos ilícitos utilizando como “instrumento” a Videgaray Caso y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
“ENRIQUE PEÑA NIETO jugó un papel central en la comisión de los delitos de Cohecho, Traición a la Patria y Delito Electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales. Él […] contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de coptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, se lee en el documento.
Para la FGR, el exmandatario priista “se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo, con el fin de delinquir”.
“Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo”, señaló el órgano a cargo de Alejandro Gertz Manero.
Según las consideraciones de la FGR, el delito de cohecho se realizó cuando, por órdenes de Peña Nieto, Luis Videgaray Caso -quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como secretario de Hacienda- distribuyó, a través de “interpósitas personas”, 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle y al priista David Penchyna, así como al entonces dirigente del PAN y posterior candidato presidencial Ricardo Anaya.
Esas entregas de dinero eran, presuntamente, para obtener el voto de los legisladores en favor de la reforma energética, aprobada a finales de 2013.
En tanto, el señalamiento por traición a la patria se da porque, argumenta la FGR, con el impulso de las llamadas “reformas estructurales” se benefició a empresas extranjeras como Odebrecht, a costa de los recursos naturales del país -que son propiedad de la Nación-, pues éstas podrían aprovecharlos y explotarlos.
La solicitud de orden de aprehensión se centra únicamente en Luis Videgaray, a quien señala como “autor material”. No obstante, señala al expresidente Peña Nieto como el orquestador de dichos delitos.
“(Peña) tuvo un poder de mando y dirección sobre sus allegados en el gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas, las cuales estaban obligadas a cumplirlas”, indicó la Fiscalía.