Rogelio Muñiz Toledo
“Asistimos al vacío ideológico de la política”: Porfirio Muñoz Ledo*
El acto conmemorativo del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales pudo ser la ocasión para que, por fin, el presidente de la República definiera la agenda y la ruta para el cambio de régimen. Pero la expectativa se desvaneció con una de las primeras frases del discurso presidencial: “No voy a detenerme en la elaboración de ideas y conceptos”. El mensaje solo sería un informe de los primeros siete meses de su gobierno.
En esa frase del Presidente se sintetiza el principal déficit en el proceso de cambio político iniciado por él: la falta de definición política e ideológica y de contenido conceptual de la llamada Cuarta Transformación (4T) y del cambio de régimen.
Una vez más el Presidente decidió dejar para después la conceptualización de la 4T y la definición de la agenda del cambio de régimen -y de su profundidad y secuencia- así como de la magnitud de la transformación de las normas del proceso político y de la reforma de las estructuras del poder público.
El cambio del régimen requiere de una agenda en la que se precisen sus contenidos y orientación y de un acuerdo político para que las transformaciones no queden solamente en un impulso a la cultura de la legalidad y a la ética en el servicio público, en un cambio en el estilo personal de gobernar o en la reorientación del gasto público y de los programas sociales.
Leonardo Morlino, un destacado estudioso del cambio de los regímenes políticos, ha señalado que el cambio político implica transformaciones que atañen a los valores, principios, normas y reglas del proceso político, así como a las estructuras de autoridad y a los roles de comportamiento político y del ejercicio del poder.
El 1 de julio de 2018 López Obrador definió así el eje fundamental de su gobierno: “la transformación que llevaremos a cabo consistirá, básicamente, en desterrar la corrupción de nuestro país”. Tiene razón el Presidente en que desmontar las bases sobre las que se sostenía el antiguo régimen es un paso fundamental para lograr el cambio político: el cambio del régimen ha comenzado por desterrar la corrupción, acabar con los privilegios y cerrarle el paso a los negocios al amparo del poder público.
También tiene razón en que es necesario institucionalizar los cambios para evitar regresiones que, por cierto, pueden darse no solo con el regreso al poder de quienes representan lo que el presidente López Obrador identificó, en su habitual y muy cuestionable tono descalificador, como “el conservadurismo faccioso y corrupto”, sino por decisiones de actores políticos seudoprogresistas o moderados -esos “conservadores más despiertos”, a los que también se refirió él- como sucedió en la Ciudad de México luego del triunfo de Morena en la elección de 2018, donde la Jefa de Gobierno y la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso local han dado marcha atrás en el ejercicio de derechos -de base constitucional y con mandato expreso para su protección o materialización en políticas sociales- como la inconstitucional legislación que atentaba en contra del ejercicio del derecho a la propiedad privada o la regresiva supresión de programas sociales, como la pensión para los adultos mayores y los programas de apoyo económicos para personas con discapacidad y estudiantes de bachillerato, que desde hace más de una década garantizaba el Gobierno de la Ciudad de México.
Hasta ahora la 4T se ha centrado en el cambio de los valores y principios en el ejercicio del poder público, en la reestructuración del presupuesto y en el cambio en la orientación y las reglas para la inversión pública en materia de bienestar. Cambios urgentes e inaplazables para avanzar en el cambio político, pero insuficientes para el cambio del régimen, que no podrá lograrse con lo que hasta ahora ha sido la 4T, ni exclusivamente con la agenda política del Presidente.
La amplia legitimidad de origen que le dieron los más de 30 millones de votos que recibió en la elección presidencial es un capital político que le permitirá al Presidente avanzar en lo que él ha denominado la 4T, establecer las coordenadas del cambio político e impulsar las reformas necesarias para institucionalizarlo; pero si realmente aspira a cambiar el régimen o, aún más, a concluir la reforma del Estado para crear un Estado de Bienestar, es necesario que en la definición de la agenda del cambio político, y en el proceso de reformas para lograrlo, se incluya a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil y se avance en la agenda de reformas anunciadas por él. Seguimos esperando las iniciativas en materia de bienestar que dijo que presentaría al tomar posesión.
En una democracia deliberativa es necesario que los contenidos de las propuestas de cambio político se hagan explícitos y se esté dispuesto a debatirlos y negociarlos con las oposiciones y la sociedad.
En la primera etapa de la 4T hay un déficit: el cambio en los valores, principios y roles de comportamiento político no puede estar basado exclusivamente en la agenda política del Presidente ni mucho menos en sus referentes morales, sobre todo si estos se fundamentan en principios de orden religioso. Las referencias del Presidente a la Biblia para fundamentar los valores del nuevo régimen no solo violan el Estado laico sino que dificultan un cambio de régimen fundado en los principios constitucionales y en los valores de una ética pública acorde con los principios de la democracia liberal.
En esta etapa de la 4T ha faltado la voluntad política del presidente de la República y de su mayoría en el Congreso para debatir e institucionalizar los principios para el combate a la corrupción y para el establecimiento de una ética pública en el ejercicio del poder. Han frenado la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y hay iniciativas de Morena para dar marcha atrás en aspectos sustanciales del sistema. En la aprobación de leyes fundamentales para el cambio de los valores, principios y roles del comportamiento político, como la de remuneraciones de los servidores públicos y la de austeridad, han dejado de escuchar a las oposiciones y han aprobado normas de dudosa constitucionalidad o claramente inconstitucionales.
El caso más reciente es la aprobación -con los votos de Morena y sin el consenso de las oposiciones- de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La adición al artículo 61 de la ley no revive la partida secreta del presidente de la República, porque no implica opacidad ni falta de rendición de cuentas o de control parlamentario en el ejercicio del gasto, pero sí representa una regresión en el control interogánico del legislativo sobre el ejecutivo en materia de destino del gasto público. Esto es aún más grave que la ominosa partida secreta en proceso de proscripción por mandato constitucional, tanto porque el monto no será determinado por los diputados y podría ser infinitamente superior al de aquella, como porque podría ser un incentivo para que las dependencias del poder ejecutivo generaran “ahorros” por la vía de subejercicios y de esta forma el Presidente podría decidir por decreto y con absoluta discrecionalidad el destino de decenas de miles de millones de pesos.
Este es uno de los riesgos de no hacer pública la agenda del cambio y de no consensar sus contenidos: el gobierno que impulsa el cambio de régimen también puede aprobar normas y reglas contrarias a los principios y valores del comportamiento político y del ejercicio del poder en el nuevo régimen. Normas y reglas inaceptables bajo la ética pública que él impulsa como parte del cambio del régimen político.
*Presidente de la Cámara de Diputados
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