Las audiencias debieron ser públicas, coinciden Buscaglia, Díez Gargari y Rodríguez Reyna.
Con Emilio Lozoya existe la oportunidad de desmantelar una red de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero las primeras audiencias dejaron un sabor agridulce pues además de que no fueron públicas, no se incluyeron todas las acusaciones contra el ex director de Pemex, señalaron especialistas.
En una mesa de análisis en Aristegui en vivo, en la que participaron el investigador Edgardo Buscaglia; el abogado Paulo Díez Gargari; y el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, coincidieron en que en la audiencia del miércoles, la FGR se basó únicamente en lo declarado por ex directivos de Odebrecht en Brasil, quienes reconocieron la entrega de sobornos por más de 10 millones de dólares a Lozoya Austin.
Para Buscaglia se trata de “tipificaciones inconsecuentes” y “limitadísimas imputaciones penales”, por lo que consideró que de esta forma nunca caerá toda “la red criminal”.
“El monto de los sobornos no es completo, deberían ser más de 16 millones de dólares, no 10… preocupa que la imputación esté incompleta”, dijo el investigador de la Universidad de Columbia.
“Comienzo a olfatear elementos de impunidad cuando hay hechos que no están incluidos… lo único que tenía que hacer Gertz Manero (el fiscal) es transformar en datos de prueba los elementos de información. No lo están haciendo bien”, opinó.
“Estos montos que se están barajando son propinas”, aseveró Buscaglia. Lo que la Fiscalía debe incluir son las estructuras desde las cuales se ofrecían los sobornos, pues en parte se trata de financiamiento mafioso en una campaña política.
“Tenemos un problema de impunidad porque la FGR es un cero a la izquierda, donde espera que le traigan las pruebas. Los únicos que han trabajado en este caso es la Unidad de Inteligencia Financiera“, sostuvo.
“Esto debe conducir a un maxiproceso”
Díez Gargari advirtió que “si volvemos a desaprovechar esta oportunidad vamos a acabar con niveles de frustración mucho mayores”. “No podemos creernos esta teoría de que Lozoya es un corrupto solitario o que sea un político corrupto que celebraba actos de corrupción inconexos”, anotó.
Y es que el ex funcionario “forma parte de una red sofisticada de corrupción con el propósito de desfalcar al país… Peña y todo su equipo planearon todo esto antes de llegar a la Presidencia… todo conecta… no debemos ver esto como hechos aislados, esto debe conducir a un maxiproceso y tenemos que valernos de la auténtica inteligencia criminal”.
Además, el abogado afirmó que ahora parece que nadie se está ocupando del caso de corrupción alrededor de Etileno XXI, el cual es paradigmático del pacto de impunidad entre las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Díez Gargari aseguró que “preocupa todo lo que estamos dejando fuera”, por ejemplo una denuncia que presentó desde 2018 y que tampoco está incluida en las acusaciones contra Lozoya.
Se trata de “millones y millones de dólares” que “hay que irlos a buscar detrás de un montón de empresas offshore y detrás de eso podremos ver a la red de corrupción que lo orquestó”.
Uno de los casos que no contempló es la presunta corrupción entre el gobierno de Peña y OHL –de la que Lozoya fue consejero entre 2010 y 2012- y contra la que pesan acusaciones de financiamiento ilegal.
“Una vez que sumamos todos estos actos de corrupción empezamos a entender que se trata de una operación por montos infinitamente mayores”, apuntó.
“Se quedaron en algo que ya sabíamos”
Al periodista Ignacio Rodríguez Reyna -quien junto con Quinto Elemento ha documentado el caso de los sobornos de Odebrecht en México- le dejó un “sabor de boca agridulce porque por una parte el tipo de imputaciones, no hay nada distinto a lo que desde la justicia de Brasil o en investigaciones periodísticas hemos estado poniendo sobre la mesa”.
“La fiscalía tuvo bastantes meses para solicitar la colaboración de sus pares en Brasil, sin embargo lo robusto de las acusaciones se quedaron en algo que ya sabíamos… ¿Dónde está este trabajo de inteligencia que permita aportar elementos adicionales que permitan desestructurar toda esta red?“, preguntó.
Por ahora, prevalece la “visión de juzgar de manera individual a un personaje”.
El periodista calificó como “increíble que la Fiscalía no haya presentado dentro de sus acusaciones iniciales la información que publicamos” sobre las transferencias de recursos de Altos Hornos a una empresa de Odebrecht que a su vez transfirió a una offshore vinculada con Lozoya.
Recordó que los sobornos que la Fiscalía acusó a Lozoya en el caso de Agro Nitrogenados ocurrieron cuando no era funcionario público, por lo que “nos deja una sensación de que algo raro está ocurriendo” al no incorporar los presuntos pagos indebidos otorgados en 2014, los cuales ascienden a 3.7 millones de dólares.
El periodista anotó que “el peor escenario sería que estos procesos terminen con unos resultados muy cortos, por debajo de lo que uno está esperando”.
“Lo que está por verse es la calidad de información que pueda aportar para que se demuestren los hechos, si eso lleva a que haya un procesamiento de quienes estaban por arriba de él (de Lozoya), tendremos un resultado satisfactorio”, acotó.
Pidió “que no nos quedemos con figuras menores”, como legisladores, ahora que se habla de presunta corrupción para aprobar la reforma energética. Y es que “el énfasis que se le ha empezado a dar nos distrae del desmantelamiento de toda una estructura enquistada en el aparato de poder”, resaltó.
Audiencia debió ser pública, coinciden
Buscaglia señaló que la audiencia no cumplió con los requisitos de publicidad, transparencia, que debería existir, pues no fue pública sino que se recurrió a un chat de whatsapp, en el que desde el Consejo de la Judicatura Federal se registró parte de lo sucedido.
“Hay una secuencialidad incoherente en la descripción de las audiencias”, dijo, mientras que al chat lo calificó como “incompleto y caricaturesco”.
Para Díez Gargari, los ciudadanos deberían tener acceso a estas audiencias y “no deberíamos aceptar como sustituto una transcripción porque es muy importante el tema del lenguaje corporal, ver cómo reaccionan ante lo que se dice ahí para ver si no estamos en presencia de una obra previamente ensayada”.
“Que no haya habido máxima transparencia nos deja la sensación de que todo es igual (que en sexenios pasados). Se perdió una gran oportunidad de una pedagogía cívica, porque los periodistas conocimos de una manera fragmentada y fría lo que se está diciendo”, observó por su parte Rodríguez Reyna.