María Elena Álvarez-Buylla reportó que, en el sexenio pasado, 44% de todos los recursos gestionados desde el organismo fueron transferidos al sector privado y 56% al sector público.
De 2013 a 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hizo transferencias millonarias al sector privado.A través de los fideicomisos que se desarrollaron en el organismo con el supuesto de contribuir al avance del desarrollo científico y tecnológico de México se traspasaron 15 mil 483 millones de pesos y con el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) otros 26 mil 140 millones de pesos, es decir 41.6 mil millones de pesos.
En conferencia matutina, María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conacyt, refirió que entre las empresas beneficiadas se encuentran: Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Kimberly Clark, Bayer, Monsanto, Femsa Logística y Bimbo. Tan solo estas 11 obtuvieron un total de 891 millones de pesos de recursos públicos.
De manera global, dijo Álvarez-Buylla, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 44% de todos los recursos gestionados desde Conacyt fueron transferidos al sector privado y 56% al sector público.
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En total, el Conacyt tenía 91 fideicomisos con un monto de 65 mil 335 millones de pesos.
De estos, tres eran institucionales que recibían 11 mil 850 millones de pesos; 26 sectoriales, 38 mil 709 millones de pesos; 35 mixtos, 14 mil 695 millones de pesos; uno de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), 80 millones de pesos; y 26 de los Centros Públicos de Investigación (CPI), pero estos aún no tienen un monto especificado.
“En total tenemos un monto, que es casi tres veces el presupuesto global anual del Conacyt; 24% se transfirieron de manera directa al sector privado y 76% al público”, expuso.
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La directora general del Conacyt manifestó que del 2000 al 2018, las compañías nacionales y trasnacionales que más se beneficiaron con transferencias millonarias fueron:
Destacó que en este mismo periodo, otro de los problemas fue la inequidad, pulverización e ineficiencia, ya que solo 1% de los sujetos de apoyo recibió 40% de los recursos de los fideicomisos.
Refirió que dentro de los fondos sectoriales más cuantiosos se encontraban los que tenía el Conacyt con la Secretaría de Energía, los cuales se alimentan de recursos que resultaban de una proporción de la venta de hidrocarburos a través del Fondo de Hidrocarburos y el Fondo de Sustentabilidad.
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Sobre este rubro, indicó que de 2009 a 2020 se beneficiaron instituciones y empresas como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), la UNAM, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), entre otros.
“Llama la atención la cantidad de recursos transferida al Instituto Mexicano del Petróleo (9 mil 493 millones de pesos), justamente en periodos que empezaron a ser asociados a la reforma energética y en donde el fortalecimiento de Pemex no fue muy apoyada a partir de desarrollos científicos y tecnológicos”, externó.
El IMP tuvo 39 proyectos aprobados y con costos excesivos. De estos, el 23% fueron transferidos a empresas o centros de investigación extranjeros. No obstante, fueron irrelevantes para el sector energético, no se acreditó sustento científico ni tecnológico y tuvieron resultados deficientes.
Respecto a los Fondos Mixtos (Fomix), apuntó que 80% se destinaron para obras de infraestructura y que solo 8% fue destinado para investigación para ciencia básica. Agregó que 55% fue para tan solo 10 estados.
Para ejemplificar, mencionó el caso del Centro de Innovación y Desarrollo Espacial en el Estado de México, en el que se destinaron 80 millones de pesos y la obra no cumple con lo planeado.
Además, señaló, hubo 46 “elefantes blancos”, es decir, obras inconclusas o sin equipamiento. Expuso el caso del Consorcio Centromet en Querétaro el cual tuvo más de 392 millones de pesos asignados y se caracterizó por opacidad, sobrecostos y despilfarro en viajes.
La funcionaria agregó que el costo de administración de estos fideicomisos cuesta 500 millones de pesos anuales.