El reparto de utilidades aumentará 100 mil millones de pesos más por un tema de “justicia laboral”, informó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
En conferencia matutina, indicó que las empresas habían repartido por este concepto, 56 mil millones de pesos y que con la nueva reforma, una vez que sea publicada, se repartirán 157 mil millones de pesos.
“Ahora, una vez publicada la ley y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10 por ciento de las utilidades”, dijo.
“Para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto de utilidades: una, que es hasta 90 días, o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador”.
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Señaló que la reforma tiene un diagnóstico de varios operativos hechos por dependencias, el cual fue generando información de cuáles eran las necesidades que debían modificarse en las diferentes leyes.
“Nos dimos a la tarea de detectar la subcontratación abusiva y encontramos este modus operandi en el cual se violentaban los derechos de trabajadores, estabilidad en el empleo, antigüedad, subregistro en el Seguro Social, reparto de utilidades que se evadía, daños a la hacienda pública, porque también era una figura de evasión de pago de impuestos; afectación a los institutos de seguridad social precisamente porque se registra a los trabajadores con salarios por debajo de lo que realmente ganan y también, hay que decirlo, una competencia desleal para las empresas que sí cumplen, que respetan los derechos de sus trabajadores y que pagan los impuestos”, explicó.
Tras esto, dijo, se lograron los siguientes acuerdos:
- Se prohíbe la subcontratación de personal.
2. Las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a los que realizan actividades principales en las empresas.
3. Se permite subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte de actividad preponderante.
4. Las empresas que presten servicios deberán estar en registro obligatorio ante la STPS, demostrando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
5. Las empresas que reciban estos servicios deberán responder frente a trabajadores en caso de incumplimiento.
6. Se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo; para evitar la defraudación fiscal. Se endurecen sanciones para incumplimiento.
7. Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal no exista la subcontratación.
8. Se iniciará un proceso de diagnóstico para regularizar al personal en modalidad de outsourcing.
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“Los plazos para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada en ambas cámaras, en los próximos días será publicada por el presidente y a partir de ahí inicia un plazo de mes para que la Secretaría del Trabajo pueda emitir los lineamientos que regularán el registro”, refirió.
“Por el otro lado, se cuenta con 90 días, tres meses, para que las empresas puedan regularizarse. Hay que decir que este proceso en realidad ya inició incluso antes de que se aprobara la reforma; hay muchas empresas, más de 300 mil trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios, incluso con datos del IMSS estos registros tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32 por ciento, ¿por qué?, porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, se tienen tres meses para hacer este reconocimiento y estas transferencias de trabajadores reconociéndolos como propios”.
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