Con posicionamientos encontrados, políticos, instituciones y científicos reaccionaron a la aprobación en lo general en la Cámara de Diputados del dictamen que expide la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Mientras que algunos celebraron la reforma, que pasó al Senado de la República para su análisis y discusión, otros la reprobaron porque advirtieron sobre el impacto que podría tener para el desarrollo de la ciencia en el país.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien ha sido un férreo defensor de la propuesta, estuvo entre los primeros en pronunciarse al respecto. A través de Twitter, calificó la aprobación en San Lázaro como un “triunfo histórico” para “consolidar y reivindicar el carácter humanista de la política científica y tecnológica del país”.
Asimismo, la institución que dirige María Elena Álvarez-Buylla sostuvo que favorece “el derecho universal a la ciencia”, fortalece a las comunidades del sector, el “desarrollo de capacidades y la soberanía nacional”, mientras que afirmó que permite que el presupuesto para este rubro “sea progresivo, el cual no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior.”
“Este logro colectivo busca beneficiar a México, para que nunca más nadie quede atrás, ni nadie afuera”, concluyó.
El Consejo resaltó que con la reforma se establece fusionar el Título Segundo —que hablaba de política pública— con el Título Primero —que habla del derecho humano a la ciencia—; y se crea el nuevo Título Cuarto, que habla sobre el acceso a la información, incluyendo todo lo relativo a repositorios, ecosistemas nacionales informáticos y la red de cómputo científico de alto rendimiento.
Asimismo, sostuvo que reivindica las humanidades, “hace hincapié en que las personas tienen libertad de manifestar sus opiniones sin censura alguna y se enfatiza la importancia de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales para la reflexión crítica”.
Además, las entidades federativas participarán en la integración de la agenda nacional, así como en el diseño, ejecución y evaluación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).
También destacó que se aprobó incrementar a ocho los representantes de la comunidad académica en la Junta de Gobierno, cargos que ahora se renovarán periódicamente.
Por último, celebró que el Estado deberá promover la participación de la banca de desarrollo y de organismos internacionales en el financiamiento de las ciencias vinculadas a la agenda nacional. A su vez, las becas se entregarán entregar sin importar la situación laboral del estudiante.
Sin embargo, la aprobación no fue recibida con buenos ojos por otros miembros del gremio. La investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Alma Maldonado, afirmó que este miércoles fue un “día penoso para la comunidad científica mexicana.
A esto se sumaron diversos legisladores de oposición. La diputada federal priista Mariana Nassar Piñeyro hizo un llamado a no “permitir que la investigación humanística y científica se apegue a la agenda nacional, dando prioridad a los asuntos estratégicos del Estado”.
Por su parte, el Coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementeria, calificó el dictamen como autoritario. A esto se sumó el legislador Salomón Chertorivski, quien lo señaló de ser “anti ciencia”.
“Ignora por completo a la sociedad científica, y deja de lado la importancia del conocimiento y la política basada en evidencia”, escribió en Twitter.
A su vez, la Diputada Federal por Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía, sostuvo que la legislación es perjudicial porque “centraliza la toma de decisiones del Consejo en la persona titular de la dirección” y “pone en riesgo la autonomía de las y los investigadores”.
Además, señaló que solamente se darán apoyos para derechos de propiedad intelectual que “respondan al interés nacional”, lo cual “afectará el desarrollo de patentes”, apuntó. Mientras tanto, las becas y programas de investigación “solo se darán si se cuenta con la disponibilidad presupuestal”. “Ya no habrá certeza para que estos apoyos se den”, subrayó.
La iniciativa, propuesta en diciembre pasado por el Ejecutivo, propone la creación de un nuevo consejo de ciencia, mientras que prevé que las becas priorizarán a investigadores de universidades públicas. La propuesta ha sido objetada por diversos miembros de la comunidad científica.
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