La resolución se dio luego de que un particular solicitó el documento y la dependencia declaró que la información era inexistente.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe buscar y entregar el documento “Consideraciones Hidrológicas y Ambientales para el Posible Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria en el Lago de Texcoco”, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Un particular interesado en conocer la información argumentó que, de acuerdo con diversas fuentes noticiosas, el documento fue entregado por la Conagua al equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, en octubre de 2012. Sin embargo, la dependencia declaró la inexistencia de la información, razón por la que el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai.
El organismo determinó que la Subdirección General Jurídica, la Subdirección General de Planeación y la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca son unidades a las que no turnó la solicitud y, por sus atribuciones, pueden conocer de la información requerida.
Por tanto, concluyó que Conagua no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia.
En ese sentido, el pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la Conagua y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a las antes señaladas, a fin de entregar al particular el documento de su interés.
Al presentar sus alegatos, la Conagua reiteró su respuesta, pero del análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, se advirtió que no buscó el documento en todas las áreas competentes.
Al presentar el proyecto de recurso de revisión ante el pleno, Salas Suárez recordó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue una de las principales obras de infraestructura impulsadas durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y que fue criticada por el impacto social y ambiental que causaría a zonas aledañas.
“Por ley, para todo mega proyecto de infraestructura deben publicarse los estudios sobre sus implicaciones económicas y ambientales, así como de las acciones mitigantes que se implementarán”, afirmó el comisionado.
Salas Suárez sostuvo que la población tiene derecho a conocer los posibles impactos de estos proyectos y su nivel de riesgo y en este sentido planteó ¿qué ha hecho la actual administración federal con otros proyectos de mega infraestructura como lo son el tren Interurbano México-Toluca y la termoeléctrica La Huexca? o ¿qué ha hecho con sus propios proyectos como son: la refinería en Dos Bocas, Tabasco; el Tren Maya y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía?
“¿Las consultas toman en cuenta la opinión de los pueblos originarios o comunidades aledañas? La información pública permitiría al Gobierno Federal responder estas preguntas con datos claros y concretos de los costos y beneficios de cancelarlas o continuarlas. Además, la información pública también permitiría al Gobierno Federal para demostrar que cumple a cabalidad el marco normativo para garantizar la sustentabilidad ambiental y de los pueblos originarios“, subrayó.