Diez meses después de haber sido detenida por una publicación en Instagram, la periodista y activista rusa María Ponomarenko ha conocido su sentencia definitiva: seis años de cárcel. Un tribunal de la ciudad siberiana de Barnaúl ha condenado a la reportera por un comentario sobre el ataque que mató a cientos de personas que se refugiaban en el teatro de Mariupol en Ucrania el 16 de junio. “No ha pasado un solo día desde el 24 de febrero (el comienzo de la ofensiva sobre Ucrania) en el que no llorase. Ahora no lloraré, porque se pensarán que mis lágrimas se deben al hecho de estar presa”, ha manifestado Ponomarenko durante su juicio.
El tribunal ha aplicado contra la reportera la reciente ley que persigue cualquier manifestación personal que desacredite el papel de las fuerzas armadas rusas en Ucrania. En concreto, el apartado sobre la difusión de información que el Kremlin considere falsa. Asimismo, la inhabilita para ejercer la profesión de periodista durante cinco años.
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Moscú negó haber cometido aquel bombardeo durante su asalto a la ciudad. En el interior del teatro habían buscado refugio más de un millar de personas, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que forma parte Rusia, negó la versión del Kremlin. “Rusia no dice que (el teatro) fuera un objetivo legítimo, sino que fue volado por el batallón ucranio Azov. Nuestra misión no ha obtenido ningún indicio de que este fuera el caso”, señaló el organismo en un informe fechado el 17 de abril. Otra pesquisa de Amnistía Internacional atribuyó la matanza a un ataque aéreo de Rusia, y la agencia Associated Press publicó una investigación en mayo en la que estimaba que unas 600 personas murieron en la destrucción del edificio.
La Fiscalía rusa había solicitado nueve años de prisión para Ponomarenko por su publicación, aunque su condena fue finalmente reducida a seis años porque la investigación no logró determinar la dirección de Internet (IP) desde la que fue colgada la historia en su cuenta personal. La acusación criticó durante el juicio la nula colaboración de la compañía estadounidense Meta, dueña de esa red social y designada como organización extremista por Moscú.
Celda de castigo
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Ponomarenko fue detenida en abril del año pasado. La periodista sufre claustrofobia y “trastorno histriónico de la personalidad”, según explicó ella misma en septiembre durante una sesión del juicio. Además, la única ventana de su celda había sido tapada con una cinta gris. Ponomarenko acabó por romperla meses después, en septiembre, y fue internada en una celda de castigo. Posteriormente, se reveló que también intentó suicidarse.
La justicia rusa le concedió en noviembre el arresto domiciliario con la condición de alojarse en el piso de su exmarido. Según la prensa rusa, el hombre, que apoya la invasión de Ucrania, la cogió del cuello durante una discusión sobre la guerra y ella huyó a la calle. Al violar las condiciones de su arresto, volvió a ser encerrada en prisión.
Madre de dos hijos menores, antes de su detención también realizó una protesta individual con un cartel que decía “¡Rusia, despierta!”. Tras las reformas legales del Kremlin de los últimos años, incluso las protestas de una sola persona en la calle son delito si no cuentan con el permiso previo de las autoridades.
La reportera ha recibido el apoyo de otros opositores que también han sido perseguidos por criticar la guerra. “María Ponomarenko es una prisionera política”, publicó en Telegram el equipo del opositor Vladímir Kara-Murza, quien se encuentra actualmente en prisión a la espera de ser juzgado por supuesta traición, lo que supondría hasta 20 años de cárcel.
“María no solo ha sufrido la violencia de un Estado represivo, sino también la del padre de sus hijas”, publicó por su parte el círculo del concejal Alexéi Gorinov, condenado a siete años de cárcel por decir que morían niños en Ucrania al pedir no celebrar un festival infantil en Moscú.
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