La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a siete años y seis meses de prisión a dos policías locales de Mogán (suroeste de Gran Canaria), Gilberto J. M. R. y Carlos J. H. R., como autores de un delito de tortura y otro de lesiones a un inmigrante de origen senegalés en enero de 2011. La sentencia impone además a ambos acusados 10 años de inhabilitación absoluta y la obligación de indemnizar a la víctima con 43.681 euros.
Este municipio turístico se ha convertido desde el verano pasado en uno de los puntos calientes de la inmigración en Canarias. Además de zonas como Puerto Rico o la Playa de Mogán, en su territorio se encuentra el muelle de Arguineguín, que llegó a albergar a más de 2.500 personas a la intemperie. Su alcaldesa, Onalia Bueno, ha amenazado con multar a los hoteles que sigan albergando migrantes y sus vecinos se han manifestado en repetidas ocasiones en contra de la inmigración ilegal.
La víctima recibirá 20.745,75 euros por las lesiones, 2.936 por las secuelas y 20.000 euros por el daño moral. El fallo del magistrado declara la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Mogán en el abono de estas sumas y la sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Hechos probados
La sentencia declara probado que el 8 de enero de 2011, a las 21.40, ambos condenados se encontraban prestando servicio vestidos de paisano en el Centro Comercial de Puerto Rico (Mogán). En un momento dado, uno de los acusados se aproximó a la víctima, que se hallaba en la terraza de un restaurante en la planta superior vendiendo collares. Los agentes se dirigieron a él sin llegar a identificarse como agente de la autoridad y le requirieron “para que le siguiese a un lugar apartado”, detalla el texto.
El perjudicado conocía a los agentes de la policía local acusados por haber intervenido en una actuación días antes contra un primo suyo que se dedicaba a la venta ambulante en la que su familiar resultó lesionado.
La víctima, asegura el fallo, “sintió miedo por su integridad y salió corriendo”. Se inició una persecución por el centro comercial, desde la planta superior hasta un supermercado situado en la planta baja, en cuyo interior uno de los encausados logró alcanzarlo. “Le puso una zancadilla y tras caer este [la víctima] al suelo, le propinó dos fuertes patadas y un puñetazo, colocándose a continuación encima para inmovilizarlo”, recoge la decisión judicial.
Seguidamente, prosigue la Sala, “lo sacó a rastras del establecimiento” y en el exterior se personó su compañero, procediendo ambos acusados a golpear a la víctima empleando para ello unas porras u objetos contundentes de semejantes características, “resultando fracturado el brazo del perjudicado a causa de un fuerte golpe” propinado por uno de los investigados. A continuación, sujetaron por el cinturón al emigrante y lo lanzaron violentamente contra el suelo, mientras el perjudicado, enfatiza la Sala, “gritaba de dolor y pedía auxilio” a la gente que se hallaba presente por las inmediaciones.
“Yo tenía sangre en los ojos y en la mano y a pesar de eso, los dos me pegaron dentro de un cuarto oscuro. No tenía ni fuerza para moverme de la paliza que recibí y por eso no me resistí”, explicó en la primera jornada del juicio el perjudicado.
Una vez reducida la víctima, ya maltrecha por los golpes recibidos, los encausados “le esposaron la mano derecha con grilletes y de forma conjunta lo arrastraron a la fuerza entre los dos, agarrándolo del brazo y tirando del cinturón, hasta las dependencias policiales (…) eligiendo para llegar el camino por donde no había cámaras de seguridad, propinándole en el trayecto diversos golpes en distintas zonas del cuerpo y menoscabando gravemente su integridad y dignidad”. El motivo de la detención fue por un presunto delito de atentado, resistencia y desobediencia grave, investigación que acabó archivada “por no quedar debidamente acreditada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa”.
Durante el traslado, detalla la sentencia, la víctima “se tambaleaba por el dolor y pedía auxilio a todas las personas presentes, suplicando a gritos que llamaran a la Guardia Civil”.
Las palizas no se quedaron ahí, según el fallo. “Una vez en las dependencias utilizadas por la Policía, los acusados siguieron pegando al detenido”. Mientras tanto, en el exterior de la comisaría se había ido congregando un grupo de personas, unos alertados por la violencia de la actuación policial y “otros conocidos y paisanos senegaleses” de la víctima “que se avisaron unos a otros”, los cuales proferían gritos de solidaridad con el detenido y mostrándole su apoyo, “todo ello de forma pacífica”. Sobre las once de la noche, la víctima fue trasladada al Centro de Salud de Arguineguín y de allí remitido al Servicio de Urgencias del Hospital de San Roque Meloneras, donde fue atendido de sus lesiones y se procedió a su cacheo por los agentes referidos.
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