La justicia argentina determinó condenas de cadena perpetua a tres de los ocho torturadores, que operaron durante la última dictadura militar en ese país, entre 1976 y 1983.
La justicia argentina condenó este jueves a ocho represores a penas de seis años de prisión y cadena perpetua por cometer delitos de lesa humanidad contra 816 víctimas durante la última dictadura (1976-1983) en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor centro de torturas de la época.
Después de dos años y medio de juicios, el Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires declaró penas de prisión perpetua para el oficial naval Carlos Mario Castellví, el exagente de la Policía Federal Raúl Armando Cabral y el expersonal civil de inteligencia (PCI) del Batallón 601 del Ejército Miguel Conde, según recoge el medio local Página 12.
Asimismo, fue condenado a seis años de cárcel el exconscripto de la Armada Claudio Vallejos, el único de los ocho acusados que permaneció en libertad durante el proceso judicial; y a quince años a los antiguos suboficiales del mismo cuerpo Ramón Roque, Carlos Néstor, José Ángel Iturri y Jorge Luis Ocaranza.
El fallo de esta causa, conocida como ‘ESMA IV’, se dio a conocer a través de una videoconferencia encabezada por el juez Daniel Obligado, quien estuvo acompañado de las vocales Adriana Palliotti y Gabriela López Iníguez.
Los ahora condenados, a quienes se acusa de secuestros, torturas, robo de menores u homicidios, tenían su base en la ESMA, uno de los principales centros de detención clandestinos que funcionaron durante la dictadura militar, por donde se estima que pasaron cerca de 5 mil personas, y donde el Grupo de Tareas cometió distintos crímenes.
En este sentido, el juez indicó que los hechos juzgados en el proceso “son constitutivos de crímenes de lesa humanidad” y “por ende son imprescriptibles”, si bien no aceptó la petición de una de las querellantes de aplicar la tipificación de genocidio.
Las mayores penas -la cadena perpetua- fueron para Cabral, quien fue condenado por más de 400 privaciones de libertad, 60 homicidios y más de 20 casos de retenciones, sustracciones o ocultación de menores; para Castellví, a quien se acusa de intervenir en distintos secuestros, torturas y asesinatos como miembro del área de Inteligencia del Grupo de Tareas, y para Conde, quien participaba en los interrogatorios en la ESMA y transmitía la información obtenida bajo métodos de tortura.
Las penas han sido menores para Carrillo, Roque, Iturri y Ocaranza ya que el tribunal los consideró partícipes secundarios de los secuestros, homicidios o torturas. Asimismo, la menor de las condenas, la de Vallejos, se debe a su participación en el secuestro del dirigente de Unión Cívica Radical, Héctor Hidalgo Solá.
Según estimaciones de las organizaciones de Derechos Humanos, unas 5 mil personas estuvieron secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde también funcionó una maternidad clandestina que sirvió de base a la apropiación sistemática de bebés durante la dictadura.
El sótano era el lugar de tortura, donde se instalaron las oficinas para el trabajo esclavo de algunos detenidos y donde funcionó la maternidad en la que alrededor de 25 secuestradas dieron a luz niños que en su mayoría fueron luego apropiados ilegalmente.
(Europa Press)