Una jueza otorgó libertad condicionada, pese a que la Fiscalía de Chihuahua pedía pena máxima para el inculpado en la Operación Safiro, que desvió fondos al PRI.
Juan Omar Fierro
Un tribunal de enjuiciamiento condenó a tres años de prisión al ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, tras acreditar su responsabilidad penal en el delito de peculado agravado por un monto de un millón 740 mil pesos, recursos que fueron desviados del Gobierno de Chihuahua.
A pesar de la sentencia, el ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera cuando el sonorense fungió como líder nacional del PRI no volverá a la cárcel, ya que el fallo le concedió a Gutiérrez la libertad condicionada y le descontó de la pena de prisión los ocho meses que el ex funcionario priista estuvo privado de su libertad en el penal estatal de Aquiles Serdán, ubicado en las inmediaciones de Chihuahua, Chihuahua.
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La jueza Gabriela Córdova explicó que la condena impuesta incluye el pago de una multa por 35 mil pesos, así como el pago de la reparación por el monto que desvió entre los días 20 y 23 de diciembre de 2015, simulando obras y servicios a través de dos empresas vinculadas con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez.
Tras el fallo, la Fiscalía General de Chihuahua y el gobierno estatal, éste a través de su Consejería Jurídica, anunciaron que van a apelar para tratar de incrementar la pena de prisión impuesta, mientras que la defensa presentará su propia apelación para intentar revertir el fallo condenatorio y la pena privativa de libertad.
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Logra defensa de Gutiérrez la pena más baja
Durante la audiencia, la Fiscalía General de Chihuahua había solicitado al tribunal de enjuiciamiento una pena de prisión de hasta nueve años de cárcel contra Gutiérrez Gutiérrez, pero la impartidora de justicia consideró que la pena máxima era excesiva, por lo que optó por imponer la sanción más baja que contemplan las leyes penales.
También le fue negada a la fiscalía chihuahuense una petición para que Gutiérrez Gutiérrez fuera inhabilitado para ocupar o ejercer cualquier cargo público, derivado de que al momento de los hechos era funcionario partidista y no servidor público.
Sin embargo, la defensa del priista tampoco obtuvo todo lo que solicitaba, puesto que el tribunal de enjuiciamiento resolvió que el priista debe garantizar la reparación del daño, es decir, que debe garantizar el pago de los 1.7 millones de pesos que, según el fallo condenatorio, desvió del erario hacia sus cuentas bancarias personales.
La defensa argumentó que ese dinero ya se había reintegrado a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, e incluso, durante las dos últimas audiencias del juicio, presentó comprobantes de depósito como prueba superveniente de que el dinero desviado de forma ilegal ya se había pagado.
Una vez más, la petición de la defensa fue desestimada, puesto que el Gobierno de Chihuahua jamás reconoció el depósito de los recursos que las empresas Jet Combustibles, de la que Alejandro Gutiérrez es accionista mayoritario, y Promotora de Señalamiento Integral, en la que su hijo funge como apoderado legal, recibieron por contratos y obras simuladas.
Tras el fallo condenatorio, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha señalado que el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez forma parte de la llamada Operación Safiro o Saneamiento Financiero, que sirvió para desviar recursos públicos hacia las campañas electorales del PRI.
La presunta triangulación de recursos se hacía de dos formas, una era simular obra pública a través de empresas ligadas a servidores públicos o a funcionarios partidistas, esquema en el que se ubican los dos procesos penales que existen contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, uno federal por peculado por 250 millones de pesos y otro por el desvío – ya acreditado y sancionado con los 3 años de prisión- por el peculado agravado de un millón 740 mil pesos.
La otra forma de desviar recursos era la entrega contratos a empresas “fantasma”, mecanismo que los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron para el presunto desvío de casi 650 millones de pesos en siete entidades federativas, dinero que supuestamente se sustrajo de cinco gobiernos estatales (Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México), pero también del Congreso de Morelos y de la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México, todos bajo el dominio del PRI.
