MENDOZA, Argentina — Un tribunal argentino condenó el lunes a 42 y 45 años de prisión a dos sacerdotes católicos por el abuso sexual de niños sordos en un colegio de la provincia cordillerana de Mendoza.
A tres años del escándalo que sacudió a Argentina, el sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, fue sentenciado a 42 años mientras que el cura argentino Horacio Corbacho recibió 45 años.
Ambos escucharon con gesto adusto el fallo dictado por el Tribunal Penal de la ciudad de Mendoza, unas 700 millas al oeste de Buenos Aires.
La corte formada por tres jueces también condenó al laico argentino Armando Gómez, de 49 años, a 18 años de cárcel.
El veredicto, que puede ser apelado, se dio a conocer después de un juicio histórico que duró más de tres meses y en el que se ventilaron los aberrantes hechos sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Sobre estos casos, que tienen como protagonistas a dos clérigos en su tierra natal, el papa Francisco no ha hecho comentarios públicos.
En 2016 las denuncias generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Corradi cumple prisión domiciliaria por su avanzada edad mientras que Corbacho y Gómez están confinados en una cárcel de la capital mendocina.
Este es el primero de una serie de juicios a los que serán sometidos otros exintegrantes del colegio, que ha sido clausurado.
El laico Jorge Bordón, que trabajó como administrativo en el instituto, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.
En las audiencias del proceso se conocieron los testimonios de jóvenes de ambos sexos sobre las violaciones y toqueteos cometidos por los sacerdotes en sus dormitorios y en los baños del colegio.
También relataron que sufrieron maltratos y fueron obligados a ver imágenes pornográficas.
Los testimonios fueron considerados verídicos en la etapa de instrucción previa al juicio y avalados por distintos elementos encontrados en los allanamientos al instituto, como registros de las denuncias realizadas por los padres que luego caían en saco roto, ropa interior presuntamente manchada con semen de los imputados o fotografías de una menor desnuda en la computadora de Corbacho y las cadenas que éste supuestamente usaba para amarrar a una joven con el fin de someterla.
Los abusos ocurrían generalmente los fines de semana y las víctimas eran los alumnos pupilos, quienes a su vez sostuvieron que eran amenazados para no denunciar lo ocurrido.
Los exalumnos del Próvolo mendocino lamentan que el papa no se haya reunido con ellos y le exigen que despoje del estado sacerdotal a los abusadores en el marco del proceso canónico que se les sigue desde hace meses.
El caso golpea las puertas del Vaticano cuando Francisco ha promulgado nuevas normas para combatir el abuso en la Iglesia.
El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo entonces a The Associated Press que los hechos denunciados eran “horribles” y “más que verosímiles”.
En un informe que elevó al Vaticano, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. El informe debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Simón señaló que el pontífice le había expresado que “estaba muy preocupado por esta situación”, pero muchos en Argentina se preguntan por qué el papa no removió a Corradi como autoridad del Próvolo de Mendoza tras ser advertido sobre las denuncias en su contra en Italia.
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