BRASILIA – El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este miércoles al expresidente Fernando Collor de Mello por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, en un juicio por sobornos que recibió entre 2010 y 2014, cuando ejercía un mandato como senador.
La condena será fijada en una sesión prevista para el próximo miércoles, en la que votarán los diez magistrados del STF, de los cuales ocho consideraron a Collor (1990-1992) culpable y otros dos lo declararon inocente.
Antes de definir la pena, los magistrados tendrán que decidir si también lo condenan por los delitos de asociación para delinquir y participación en organización criminal.
El magistrado Edson Fachin, instructor del caso, había propuesto inicialmente una condena de 33 años de prisión y una sanción pecuniaria de $4 millones.
Pese a la condena impuesta por la máxima corte, el exmandatario podrá permanecer en libertad hasta que la corte juzgue los recursos a los que aún tiene derecho, lo que puede prolongar el proceso por varios meses.
Además, aunque el tribunal determinó que el condenado comience a cumplir su pena en régimen cerrado, los abogados podrán presentar recursos para que la cumpla en su domicilio por su edad, 73 años, ya que los imputados mayores de 70 años tienen beneficios penales.
El expresidente recibió tres lotes: uno, con valor de $3.2 millones fue confiscado en la aduana, pero él se quedó con los otros dos.
Según la denuncia presentada por la Fiscalía en 2015, el exjefe de Estado se valió de su influencia en la política para beneficiar en contratos fraudulentos con BR Distribuidora, una filial de la petrolera estatal Petrobras, al empresario Joao Lyra, con quien mantiene una “relación de amistad”.
Por intermediar en la concesión de tales contratos, por un valor total de $48 millones, el exmandatario recibió una “comisión” equivalente a cerca del 15% de esa suma, según lo dado como probado por la Justicia.
Collor gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando renunció al mandato en momentos en que el Parlamento se aprestaba a concluir un juicio de destitución en su contra, por acusaciones de presunta corrupción de las que luego sería absuelto en la misma Corte Suprema.
Entre 2007 y 2023 ocupó un escaño en el Senado y el año pasado fue candidato sin éxito al cargo de gobernador del estado de Alagoas, que ya había ejercido antes de llegar a la presidencia.
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