“La intimidación a periodistas y activistas no será tolerada por el @GobiernoMX”, tuiteó el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el allanamiento del domicilio de la periodista Lydia Cacho, en Puerto Morelos, Quintana Roo, y demandó a las autoridades de procuración de justicia de esa entidad agotar las líneas de investigación correspondientes, con especial énfasis en la posible relación de ese hecho con su labor periodística y como defensora de los derechos humanos.
Para la CNDH, se trata de un hecho altamente preocupante, ya que del domicilio de la periodista fue sustraído equipo de trabajo y material periodístico, fueron destruidas diversas pertenencias, además de que mataron a una de sus mascotas.
La comisión recordó que en julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó al Estado mexicano por violar los derechos de la periodista en 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo y trasladada al estado de Puebla acusada del delito de calumnia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, al acreditar tortura y violación a los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.
El organismo apuntó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que toda afectación a la libertad de expresión –amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como criminalización y uso del derecho penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas— constituyen acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición.
La CNDH reconoce que si bien se han generado acciones de política pública para proporcionar medidas de protección al gremio periodístico, como el mencionado Mecanismo –creado a partir de la emisión de la Ley correspondiente en 2012, y del cual la CNDH forma parte de su Junta de Gobierno—, lo cierto es que el mismo constituye una medida extraordinaria que obedece también al contexto de violencia que enfrentan tanto periodistas y personas defensoras.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que se mantendrá observante de la evolución de los acontecimientos y de las acciones que emprendan las autoridades para dar con quienes allanaron el domicilio de la periodista, llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos y reciban el castigo que en derecho corresponda.
El gobierno de AMLO también condenó los hechos, a través del vocero presidencial, Jesús Ramírez:
La intimidación a periodistas y activistas no será tolerada por el @GobiernoMX Rechazamos las amenazas contra Lydia Cacho. La libertad de expresión y de información son derechos sagrados y trabajamos para garantizarlos, protegiendo a periodistas y luchando contra la impunidad.
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) July 23, 2019