La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenaron la criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua, como la reciente orden de detención, allanamiento y acusación contra el exvicepresidente Sergio Ramírez, así como las graves condiciones de detención en las que permanecen personas opositoras que fueron privadas de su libertad.
La CIDH y la OACNUDH expresaron su preocupación por las acciones estatales que han tenido como efecto imposibilitar la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua, convocadas para el 7 de noviembre, afectando su derecho de participar en los asuntos públicos, señala la OEA en un comunicado.
Los organismos solicitan a las autoridades que garanticen el trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia, incluyendo atención médica adecuada, alimentación nutritiva suficiente, condiciones salubres de detención y visitas regulares.
Desde finales de mayo, se ha llevado a cabo en Nicaragua la detención arbitraria de más de 30 personas, entre las que se encuentran líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos y precandidatos presidenciales.
“La información al alcance indica que, en la mayoría de los casos, el Estado no habría confirmado oficialmente el paradero de las personas detenidas, impidiéndoles además tener contacto con sus familiares por periodos de hasta más de 80 días, y el acceso a un abogado de su elección”, agrega el comunicado.
La CIDH y la OACNUDH rechazan el uso indebido de acusaciones penales en contra de personas opositoras para restringir su derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la libertad de asociación, mediante la formalización de delitos graves en su contra, como lavado de dinero, presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación, o conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
La @CorteIDH emitió una resolución en la que solicita al Estado de #Nicaragua permiso para ingresar al país y verificar la situación de unos 31 dirigentes opositores encarcelados en el “nuevo Chipote”. https://t.co/S4dfzPY9Qw
— Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) September 10, 2021
“Dichas acusaciones no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo, ya que habrían sido presentadas en varios casos en audiencias preliminares privadas y secretas, en instalaciones distintas a los tribunales judiciales, en horas de la madrugada y, a menudo, sin presencia de las y los representantes legales de su elección. Ninguna de las decisiones judiciales sobre recursos de habeas corpus o excepciones procesales presentadas por los abogados se han resuelto en favor de las personas acusadas, conforme a la información disponible”.
Ambos organismos señalan que recibieron información sobre las graves condiciones a las que se enfrentan los detenidos, en particular las mujeres, como interrogatorios constantes, aislamiento, exposición a luz artificial las 24 horas del día, falta de atención médica, y acceso a agua y alimentación insuficiente. Estas condiciones podrían constituir maltrato.
De acuerdo con el comunicado, preocupa particularmente los alegados hechos de tortura psicológica a mujeres detenidas durante los interrogatorios, presuntamente perpetrados como represalia a su reconocido rol de lideresas sociales, políticas y de defensoras de derechos humanos.
Los organismos urgieron a que se adopten todas las medidas necesarias para respetar y garantizar de manera efectiva los derechos de las mujeres, a fin de que no sufran discriminación y sean protegidas contra todas las formas de violencia que pueden derivar de su condición de género.
Exhortan también a las autoridades nicaragüenses a garantizar el debido proceso y, en particular, a asegurar una defensa adecuada que permita a las personas acusadas un contacto regular con su representante legal y la posibilidad de participar en la preparación de sus respectivas audiencias.
Para ello, dicen, es esencial que sus representantes legales tengan acceso irrestricto a las mismas.
Por último, señala el comunicado, la CIDH y OACNUDH instan al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en los últimos meses, incluidas las 130 personas que fueron privadas de libertad desde el inicio de la crisis en abril de 2018; así como, a garantizar la integridad y seguridad y a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se consideran personas opositoras al gobierno y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos.