Tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenanaron el crimen e instaron al Gobierno mexicano a investigar de forma pronta, seria e imparcial y determinar la relación que podría tener el ataque con su labor periodística, y a reforzar los mecanismos de prevención y protección a las personas que ejercen el periodismo.
En un comunicado difundido el viernes, las organizaciones consideraron crítico que, a menos de un mes de comenzado el 2022, se hayan registrado ya tres asesinatos de periodistas en México –dos en la ciudad de Tijuana– y que al menos en dos de los casos las víctimas habrían acudido a las autoridades para reportar su situación de riesgo, como lo hizo Maldonado.
Desde hace más de 20 años, detalla el texto, Maldonado cubría temas policiales, de corrupción y de política local en Baja California. A lo largo de su trayectoria, trabajó para distintos medios locales y nacionales, además de conducir programas de noticias en radio y televisión. Al momento de su muerte, tenía un espacio informativo propio.
El 23 de enero de 2022, desconocidos atacaron con arma de fuego a la reportera, quien se encontraba a bordo de su automóvil en las inmediaciones de su casa.
En 2021, señalan los organismos, la periodista habría sido blanco de atentados intimidatorios, como un presunto ataque con disparos de arma de fuego y golpes a su automóvil en marzo y abril. Luego de estos hechos, el Fiscal General de Baja California informó que la periodista habría recibido medidas de protección del estado, que incluyeron rondines de vigilancia, comunicación con la policía y un botón de pánico.
Destacan en el comunicado el hecho de que el 26 de marzo de 2019 la reportera acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador; ahí expresó temor por su vida y solicitó “apoyo, ayuda y justicia laboral” en relación con un litigio laboral que llevaba contra la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California.
Incluso, cuatro días antes del ataque mortal, la periodista hizo pública la decisión a su favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), así como la decisión de embargar bienes de la empresa.
Con respecto al caso de Maldonado, advierten con preocupación que el Estado no haya logrado brindarle las garantías necesarias para ejercer su trabajo de forma segura y prevenir estos hechos.
#CIDH @RELE_CIDH y @ONUDHmexico condenan el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López en la ciudad de Tijuana, el tercer asesinato de periodistas registrado en #México en lo que va del año 2022 👉🏾https://t.co/vQvBQAh24Z pic.twitter.com/wvvqmn6U0x
— CIDH – IACHR (@CIDH) January 28, 2022
La Relatoría Especial ha señalado previamente que, si bien los Estados tienen la obligación permanente de prevenir violencias contra la prensa y proteger a periodistas en riesgo, este deber se acentúa en los casos en que las autoridades han tenido oportunidad de conocer un riesgo particular para las o los periodistas.
“Los atentados contra periodistas ocurridos durante enero de 2022 en México ponen en evidencia la necesidad de que el Estado ajuste y fortalezca sus mecanismos institucionales de protección a periodistas de manera inmediata”, advierten.
La CIDH, su RELE y la ONU-DH México exhortan al Estado a analizar conjuntamente medidas urgentes de evaluación interinstitucional que sean complementarias a las medidas ya anunciadas por las autoridades y expresan su disposición para ofrecer asistencia técnica a las instituciones del Estado.
La impunidad de atentados contra periodistas fomenta la reiteración de actos de violencia y puede tener un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión, señalan.
Para estos organismos, las investigaciones deben tomar en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron, los patrones que explican su comisión, y su posible vinculación con la actividad periodística.
Además, agregan, resulta fundamental que la investigación logre esclarecer no sólo la autoría material de los hechos sino también los autores intelectuales de estos ataques.
También llamaron a las autoridades a garantizar las medidas de atención, reparación y protección necesarias en este y en otros casos de ataques contra periodistas.