El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que alista una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo que declara a los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal como de interés público y seguridad nacional.
El pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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“En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, señaló el Instituto.
El organismo indicó que cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de este martes, para presentar ante la Corte la controversia constitucional. Ante ello, en los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
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Acuerdo para declarar de seguridad nacional obras y proyectos del gobierno federal es para ‘agilizar trámites’: AMLO
Durante la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo que considera de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos del gobierno federal busca “agilizar trámites” para que la burocracia no detenga su avance.
“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”, señaló durante su conferencia matutina de Palacio Nacional.
El mandatario mencionó que el acuerdo busca dar tiempo a las constructoras para presentar la documentación correspondiente, en el entendido de que las dependencias están regidas por los principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad. “Se les tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias”, indicó.
“Eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias, por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan el tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, tenemos que concluir las obras”, explicó el presidente.
“Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías y todos estamos obligados a rendir cuentas”, aclaró sobre la preocupación de que su gobierno invoque la seguridad nacional para reservar la información sobre el tema y no hacerla pública.
Precisó que en su gobierno se tiene la obligación de actuar con “honestidad, cero corrupción y también cero impunidad”.
Acusó al diario Reforma de interpretar que el acuerdo servirá para no rendir cuentas y que no haya transparencia ni honestidad. También señaló que el bloque conservador está “hambriento de dinero”, por lo que se agrupa para mantener sus privilegios.
“Por eso, contesto esto del acuerdo, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque, ¿cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Pues como 120 días más o menos”, aseveró.
López Obrador comentó que podría darse el caso de que el empresario Claudio X González, así como el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, interpusieran un amparo para detener la obra “porque está muy lejos” el aeropuerto o “va a hacer mucho ruido”.
“Nos presentan un amparo y cae en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también… y pues ya no terminamos. En el caso del Tren Maya tenemos que terminar 1,500 kilómetros de vías férreas electrificadas con trenes para finales del 2023. ¿Quisieran que fracasáramos, que no se concluyera la obra? Pues no, tenemos que terminarla”, puntualizó.
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