La formación progresista Juntos por el Perú anunció este miércoles que presentará ante el Congreso del país una denuncia constitucional contra la presidenta, Dina Boluarte, por la supuesta violación de Derechos Humanos durante las protestas que están teniendo lugar en todo el país.
Así lo anunció durante una entrevista con la emisora RPP la congresista Sigrid Bazán, quien aseguró que la mandataria peruana ha cometido “una infracción constitucional” por violar supuestamente los Derechos Humanos de los manifestantes.
“Yo estoy presentando a disposición de mi bancada un proyecto de acusación constitucional contra la señora Boluarte por violación a los Derechos Humanos, algo que consideraría yo una infracción constitucional”, aseveró Bazán, quien una semana antes presentó una moción de censura con el ahora ex primer ministro Pedro Angulo.
“Estoy presentando ya mi voto de confianza en contra de un Ejecutivo de la señora Boluarte que de cambios no ha tenido nada. Finalmente nos hemos aunado a las voces de que ella (la presidenta peruana) debe renunciar”, agregó la congresista de Juntos por el Perú.
En este sentido, Bazán adelantó que no dará el voto de confianza al nuevo gabinete liderado por el primer ministro, Alberto Otárola, quien juró el cargo este miércoles.
“Lo que estamos viendo en esta gestión es un divorcio absoluto con el ser humano. Que no se haga nada y más bien se premie al ministro de Defensa con el premierato por asesinar personas. Se ha matado a mansalva y eso lo está recogiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, manifestó.
Con todo, Juntos Por el Perú anunció que presentó un proyecto de ley para intentar que la Asamblea Constituyente sea sometida a un referéndum, en modo de que la población decida si esta figura se aplica.
HRW pide investigar muertes durante las protestas
La ONG Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado a las autoridades judiciales de Perú para que lleven a cabo investigaciones “inmediatas, exhaustivas e independientes” sobre las al menos 21 muertes de manifestantes durante enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad peruanas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Según la organización, la Justicia de Perú debería indagar sobre los “asesinatos de manifestantes”, así como sobre las denuncias de un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército del país.
“La violencia cometida durante las protestas debe investigarse, pero no justifica el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que puede poner en peligro la salud y la vida de las personas”, afirmó la directora de HRW para Latinoamérica, Juanita Goebertus.
“Las autoridades peruanas deben priorizar el diálogo y el respeto por los Derechos Humanos en la búsqueda de una solución a la actual crisis política del país”, añadió.
La Defensoría del Pueblo de Perú informó hasta al momento de 21 muertes -si bien el balance asciende a 26, según reportes de los servicios de salud de los distintos departamentos-, entre los que se incluyen cuatro niños.
Según datos del Ministerio de Salud, al menos 12 personas han sido “probablemente” asesinadas por armas de fuego, a la espera de los resultados de la autopsia. Entre ellos hay nueve personas que fallecieron en una zona de Ayacucho donde se encontraba desplegado personal militar armado con fusiles de asalto.
En ese caso, las Fuerzas Armadas peruanas esgrimieron que una patrulla usó “fuerza”, sin especificar qué forma tomó la respuesta forzosa, en respuesta a lo que las autoridades describieron como un ataque de “una turba” armada con armas caseras y otros objeto, según la ONG.
Además de las muertes, la Defensoría del Pueblo informó que 356 manifestantes y 290 policías han resultado heridos hasta el 18 de diciembre. De estas, 38 personas permanecían hospitalizadas hasta el 20 de diciembre, incluidas ocho en estado grave, según la cartera peruana de Salud.
Todo ello ha tenido lugar a raíz de las protestas que se iniciaron el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, para que pocas horas después fuera destituido por el Parlamento a través de una moción de censura.
Tras su destitución, Castillo fue detenido por sus propios guardias de seguridad, quienes lo llevaron a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, en el extrarradio de Lima.
Fue entonces cuando Dina Boluarte tomó juramento como presidenta de Perú, para días después declarar un estado de emergencia de 30 días en todo el país a causa de las protestas, suspendiendo algunos derechos básicos como la libertad de asociación o permitiendo el despliegue del Ejército para “apoyar” a la Policía en el mantenimiento del orden en lugares públicos.
En tanto, HRW resaltó que, mientras miles de personas han marchado pacíficamente por todo el país, algunos manifestantes han arrojado piedras a la Policía, atacado al personal sanitario, incendiado fiscalías y otros edificios públicos y privados, además de saqueando negocios.
“La Asociación Nacional de Periodistas de Perú reportó 47 agresiones contra reporteros que cubrían las manifestaciones y medios de comunicación, el 90 por ciento por manifestantes y el resto por policías”, recordó la ONG, resaltando además el bloqueo de carreteras de todo el país durante varios días a manos de los manifestantes.
Por ello, la organización hizo un llamado a los participantes en las manifestaciones, recordando que derecho a la protesta pacífica “no incluye impedir el paso de ambulancias, suministros médicos y otros servicios de emergencia”.
Asimismo, pidió a la Oficina de la Fiscalía General que realice investigaciones “inmediatas, exhaustivas e independientes” sobre “los asesinatos” de manifestantes, las lesiones sufridas por los manifestantes y la Policía, así como otros actos de violencia durante las protestas.
“Los fiscales especializados en Derechos Humanos deben dirigir las investigaciones sobre posibles abusos por parte de la policía o las fuerzas armadas”, instó Human Rights Watch.
En tanto, la organización llamó a la comunidad internacional para que apoye a los peruanos “defendiendo el Estado de derecho y los principios democráticos”.
“Deberían enviar un mensaje claro a las autoridades peruanas sobre la necesidad de investigaciones civiles efectivas sobre los asesinatos de manifestantes y de una solución pacífica a la crisis política que tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de los ciudadanos”, aseveró la directora de HRW para Latinoamérica.
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