Diputados han planteado la discusión sobre el matrimonio igualitario como un asunto de opiniones y comentarios de la mayoría de la población del estado.
El Congreso de Yucatán se opone a modificar las leyes para garantizar plenamente el derecho al matrimonio igualitario, acusó el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.
En un comunicado, el colectivo informó que el Congreso de Yucatán está discutiendo nuevamente una iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado en materia de matrimonio igualitario. Sin embargo -añadió-, lejos de cumplir con los mandatos y recomendaciones de los tribunales y comisiones de derechos humanos, el Congreso local ha planteado la discusión sobre el matrimonio igualitario como un asunto de opiniones y comentarios de la mayoría de la población del estado y la semana pasada incluso creo un micrositio -que funcionó apenas 72 horas- “para recibir opiniones y comentarios”.
Para el colectivo, en realidad, el Congreso de Yucatán busca salir de una encrucijada. Por una parte, los coordinadores de bancada se oponen a modificar las leyes para garantizar plenamente el derecho al matrimonio igualitario, pero por otra parte también son conscientes de que cada vez más personas entienden que su rechazo a adaptar las leyes locales es inaceptable y que sólo puede deberse a su discriminación o a su ignorancia.
“Esto es claro cuando se considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que resulta inconstitucional cualquier ley estatal que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y que lo limite a la unión entre hombre y mujer —como lo hacen la Constitución y el Código familiar de Yucatán—; que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva llamando a que los Estados reconozcan las uniones del mismo sexo; o que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado a los órganos legislativos de todas las entidades federativas que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas”, dice el comunicado.
Las legisladoras y legisladores locales han intentado sortear su encrucijada desviando el foco de atención para lavarse las manos y evadir la responsabilidad que les corresponde. Pero esto es inaceptable, pues los derechos humanos son inalienables y, como escribe Luigi Ferrajoli, “ninguna mayoría política puede disponer de las libertades y de los demás derechos fundamentales”. Esta situación, por fortuna, no ha pasado desapercibida para la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y las y los activistas locales. Ante los reclamos, los legisladores yucatecos han asumido una posición de victimización, al interpretar las críticas ciudadanas a su labor legislativa y los reclamos por el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario como “agresiones”.
La diputada que propuso la creación del micrositio, Rosa Adriana Díaz Lizama, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso y coordinadora de los diputados locales del Partido Acción Nacional, incluso ha eliminado y bloqueado comentarios que exigen la aprobación del matrimonio igualitario en su cuenta pública de Facebook.
El lunes 8 de abril, integrantes del colectivo acompañaron al activista Herve España –impulsor de la petición a favor del matrimonio igualitario para Yucatán en la plataforma Change.org– al Congreso de Yucatán para hacer la entrega de más de 22 mil firmas.