Jefes policiales de la Unidad de Delincuencia Económica Fiscal (UDEF) censuraron entre 2012 y 2014 algunos de los informes elaborados por Manuel Morocho, investigador principal del caso Gürtel, antes de que llegaran al juez que instruía la causa. Las correcciones pretendían, en la mayoría de los casos, proteger a los dirigentes del Partido Popular implicados en la causa y evitar nuevas investigaciones sobre hechos delictivos destapados en el proceso, según Morocho.
Este inspector de policía ha puesto las pruebas de la supuesta censura policial en manos del juez que investiga el caso Kitchen, una operación ilegal entre 2013 y 2015 pagada con fondos reservados y supuestamente dirigida por los responsables políticos del Ministerio del Interior para robar al extesorero del PP Luis Bárcenas, pruebas comprometedoras contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
Morocho incorpora junto a correos electrónicos y a los informes censurados, los metadatos de los documentados que permiten identificar a los autores de tachaduras y añadidos. Lo que sigue es tan solo una muestra de las numerosas indicaciones de los jefes policiales para cambiar los informes:
Del “presidente y secretarios generales” a “personas”. Morocho escribió en su informe: “Según la declaración [de Bárcenas], solo el tesorero, los secretarios generales, el presidente y el propio Luis Bárcenas tenían conocimiento de la existencia de unas entradas de fondos en efectivo con las que se efectuaban pagos en efectivo, que este plasmaba en una contabilidad ajena a la oficial. Además, el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas, haciendo hincapié en los distintos tesoreros que ha habido, corroborando la tesis de que esta práctica se extendió en el tiempo anterior a la fecha inicial que figura en la contabilidad manuscrita”.
Este párrafo recogía unas declaraciones de Bárcenas ante el juez en las que aseguraba que Rajoy –”el presidente”– y la cúpula nacional del PP (“los secretarios generales” del partido durante 20 años) conocieron la existencia de la caja b.
Sin embargo, a Morocho le obligaron a sustituir ese texto por otro: “En su declaración, Luis Bárcenas pone de manifiesto las personas que tenían conocimiento de esta contabilidad y las donaciones se plasmaban en una contabilidad ajena a la oficial y el control sobre las cantidades percibidas solo era llevado por los distintos tesoreros y Luis Bárcenas”. De esta manera, se evita indicar que Rajoy y los secretarios generales que le acompañaron en su mandato al frente del PP conocían desde el primer momento la caja b, según el testimonio de Bárcenas.
“Fondos b para financiar sedes regionales”. En el informe de 25 de julio de 2014 sobre la supuesta actuación irregular para financiar sedes regionales del PP, Morocho escribió: “Anotaciones manuscritas que figuran en la contabilidad paralela que llevaba el Partido Popular, es decir, con respecto a los fondos B que circulaban por las manos de la formación política”. El texto alternativo evitaba hablar del dinero negro que supuestamente manejaba el PP y dejó así ese párrafo: “Anotaciones manuscritas que figuran en el estado de ingresos y pagos de la contabilidad llevada por el mismo Luis Bárcenas”.
La financiación ilegal del PP. En uno de los informes sobre la contabilidad paralela que el PP utilizó durante casi 20 años, algo que ha quedado fijado por el Tribunal Supremo, Morocho escribió: “Si bien cada uno de estos puntos es independiente, todos reúnen un factor común, que es el empleo de fondos que poseía el PP Nacional ajenos al sistema económico para soportar, asumir o cubrir una serie de gastos o necesidades de dicha formación política”. Cuando sus jefes le devolvieron el informe antes de remitirlo al juez, este párrafo había desaparecido.
Morocho ha declarado al juez que su jefe directo le intentó convencer de que la contabilidad paralela que controlaba Bárcenas no era una caja b del PP.
La investigación de la compra de participaciones de Libertad Digital. Morocho propuso en su informe varias diligencias de investigación sobre la compra de participaciones de Libertad Digital, el medio de comunicación que entonces defendía la teoría de la conspiración que apoyaba el PP sobre los atentados del 11-M. Los jefes policiales de Morocho eliminaron del informe enviado al juez la propuesta de actuación que implicaba investigar los movimientos de dinero de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, y Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas.
“Una supuesta mordida de 200.000 euros, eliminada”. En un informe de Morocho, remitido a sus jefes antes de enviarlo al juez, se puede leer: “Otro documento de interés es un recibí manuscrito que fue entregado por el señor Bárcenas en sede judicial en el momento de la declaración prestada el 15 de julio de 2013 y que refleja una entrega en efectivo de 200.000 euros al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha. En el mismo se encuentra englobado en la tarjeta denominada CARPETA 4 AZUL CARTÓN que forma parte de las diligencias de referencia”. El párrafo fue eliminado. La investigación no ha podido acreditar que, como señalaba el documento de Bárcenas, el PP de Castilla-La Mancha recibió ese dinero en concepto del pago de una mordida por una adjudicación.
“Luis el cabrón no es Luis Bárcenas”. Luis Bárcenas intentó por todos los medios y mediante presiones a ministros del Gobierno del PP, según los indicios incorporados al sumario, que la policía informase al juez que él no era la persona que se escondía bajo el nombre Luis el cabrón. El jefe de la trama corrupta apuntó en su contabilidad secreta a Luis el cabrón como beneficiario del pago de una comisión ilegal y los investigadores atribuyeron ese nombre a Bárcenas. El inspector Morocho recoge en la documentación entregada el juez el intercambio de correos con sus jefes policiales para introducir en sus informes que en ninguno de los documentos bancarios aprehendidos durante la investigación se identifica a Luis Bárcenas como Luis el cabrón. “No encontrándose hasta el momento otras expresiones” referidas a Bárcenas, dice el oficio policial.
Ningunear los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS. Morocho declaró al juez que sus jefes intentaron en todo momento que ningunease los papeles de Bárcenas publicados por EL PAÍS: “Se me conminó a que restara valor a esos papeles, que dijera que eran inveraces para seguir la dinámica que en ese momento el PP estaba exteriorizando ante la opinión pública, que eran cosa de Bárcenas y no del partido. Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a responsables políticos o cargos públicos del PP y esas salidas de fondos”.
El 27 de abril de 2013, casi tres meses después de que EL PAÍS publicara los papeles de Bárcenas, donde se detalla el pago de sobresueldos a toda la cúpula del PP identificaba por su nombre o iniciales, Morocho elaboró un informe sobre esos documentos con esta descripción de hechos: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política que en esos momentos ocupaban cargos públicos o tenían una posición relevante en la misma que les hacía acreedores de una capacidad de actuación”.
Los jefes de Morocho cambian ese párrafo y escriben: “Y cuyas salidas tienen como destino básicamente personas del ámbito de la formación política”.
“Los favores entre empresas donantes y el PP”. Morocho analiza las donaciones recogidas en los papeles de Bárcenas y escribe: “El conjunto de sociedades mercantiles han recibido en el periodo de tiempo objeto de estudio 2002-2012 adjudicaciones de contratos públicos de Administraciones gobernadas por el Partido Popular generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.
A los jefes de Morocho no les gusta esa conclusión y eliminan del texto la parte más comprometedora: “generando esta situación una mayor propensión al intercambio de favores”.
Cospedal, Bárcenas y Lapuerta, apoderados. En uno de los informes sobre el pago con dinero negro de parte de las obras de reformas de la sede del PP, Morocho escribió: “Esta cantidad fue pagada mediante cheque nominativo asociado a la cuenta del Banco Popular de la que es titular el PP y siendo sus apoderados María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta a nombre de la sociedad UNIFICA SERVICIO INTEGRAL”. La corrección propuesta por los jefes policiales de Morocho fue eliminar el nombre de Cospedal, que no aparece en el informe finalmente remitido al juez.
Propuesta de actuación que no llega al juez. El 23 de septiembre de 2014, Morocho entrega un informe sobre las prácticas delictivas del despacho de arquitectura que ha hecho la reforma de la sede del PP. Y en el capítulo final propone al juez una serie de diligencias para investigar si esa empresa ha movido dinero en el extranjero. Los jefes de Morocho omiten del informe final remitido al juez la propuesta de actuación para que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España informe sobre unas operaciones sospechosas del despacho de arquitectos.
De ‘Luis el cabrón’ a Cospedal
Las presiones que denunció el inspector de la Policía Nacional Manuel Morocho abarcan los tres primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta (de 2012 a 2014). En esta página se reproducen algunos documentos que Morocho entregó al juez como prueba de sus denuncias. En la parte superior, los dos informes que retocó sobre la identidad de Luis el cabrón, un apunte de la trama corrupta.
El extesorero del PP negoció con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según los indicios incorporados al sumario, que la policía debía redactar un informe para negar que Luis Bárcenas fuese ese “Luis el cabrón”, una de las pruebas que utilizaba el juez para imputarle el delito de cohecho.
El jefe policial de Morocho le dirigió numerosos correos electrónicos para que incorporase a sus informes que la investigación no había encontrado otras expresiones similares para referirse a Bárcenas.
También presentó el inspector Morocho pruebas (imagen inferior) de cómo le obligaron a quitar el nombre de María Dolores de Cospedal como apoderada del PP en un informe sobre las obras de la sede del partido en la madrileña calle Génova y que fueron pagadas con dinero negro. Por esas acusaciones, el actual líder del PP, Pablo Casado, anunció que trasladarán a otro lugar la sede central de la formación. En las imágenes del centro (y subrayado en amarillo) aparece el texto modificado para evitar identificar a Mariano Rajoy y a los secretarios generales del PP como beneficiarios de las salidas de fondos de la caja b, pese a que se trataba de una declaración ante el juez del extesorero.
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