La investigación judicial sobre el Estado mayor del procés, un grupo de negociantes y lobistas en torno al que fuera president de la Generalitat Carles Puigdemont está causando escándalo en Cataluña. Pese a las inquietantes pruebas e indicios que van aflorando, los partidos del Govern, Junts y Esquerra, que tienen hombres de confianza imputados, se niegan a abrir expedientes internos basándose en un inexistente secreto del sumario.
Resulta llamativo, ya que el sumario abunda en conversaciones alusivas a presuntas corrupciones personales. De momento, estas parecen más significativas que los indicios acumulados acerca de los intentos de organizar desórdenes públicos, prevaricar y blanquear para la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017 o sobre las violencias tramadas por el llamado Tsunami —las mismas y otras personas— dos años después.
Los conjurados siguen siendo investigados, pero sin medidas cautelares. Se verá si las pistas son lo bastante relevantes, pero ya plantean inquietudes. Entre los involucrados figuran el empresario cultural y fundador del diario Ara, Oriol Soler, y el exconseller de Esquerra Xavier Vendrell, que militaron en el Moviment de Defensa de la Terra, brazo político de la terrorista Terra Lliure. David Madí, exportavoz de Artur Mas que dimitió por corrupción en las encuestas electorales, es encrucijada de influencias oscuras entre política y finanzas.
La confesión telefónica de que uno presionaba al Govern para que le recalificara terrenos; otro defendía que el triunfo del procés necesitaba “cien muertos” por la represión; un tercero pretendía enriquecerse con las víctimas de la pandemia y las descripciones —probablemente fantasiosas— de otro sobre una eventual intervención de 10.000 soldados rusos a cambio de una Cataluña pro-Putin suscitan repugnancia.
Pero el escaso filtro de relatos exóticos, el endeble trabajo sobre los cónclaves de los conjurados en apoyo de las ilegalidades del Govern y el caos y dispersión de la investigación mellan la credibilidad de esta. Y cuestionan a su autor, el jefe de investigación de policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, Daniel Baena. Los aspectos débiles de su trabajo alimentan, ahora como en casos anteriores, el victimismo de los propagandistas del unilateralismo y dañan el prestigio de la democracia española. Le han valido ya una rotunda desautorización en la reciente sentencia, ya firme, de la Audiencia Nacional absolviendo al major Trapero. La defensa de la Constitución y del Estatut aconsejan mejores estándares de calidad en la investigación para dilucidar a fondo hechos de aspecto muy grave y evitar dar munición a la propaganda independentista.
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