Ana Isabel León Trueba realizó un pronunciamiento, difundido en redes sociales, en el que exhibió presuntas irregularidades y sesgos en la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Estrella Pedroza
Debido a que el INE realizó una investigación sesgada y desconoció reuniones celebradas, en las que incluso participó el propio Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del órgano electoral, Ana Isabel León Trueba, aún consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, calificó de ilegal el procedimiento ejecutado para removerla del cargo.
Además, advirtió que un bloque de consejeros podría influir para favorecer a un candidato o partido político y con ello viciar el proceso electoral 2021.
El miércoles, el Consejo General (CGE) del INE aprobó su remoción como presidenta consejera del Impepac por dilatar la conclusión de una investigación realizada en 2016 en contra de Cuahutémoc Blanco Bravo, entonces presidente municipal de Cuernavaca, por presuntamente cobrar 7 millones de pesos por asumir la candidatura del Partido Social Demócrata (PSD).
Esta mañana, León Trueba realizó un pronunciamiento difundido en redes sociales, en el que exhibió diversas irregularidades y sesgos en la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y avalado por el CGE del INE.
“El INE me sanciona por la presunta dilación procedimental que ocurrió entre la conclusión de la investigación en diciembre de 2016 y la aprobación, en marzo de 2018, y afirma que no actúe con oportunidad y certeza debidas, lo que no mencionó es que hubo tres reuniones entre representantes del Impepac y del INE”, dijo.
Incluso, reveló que en una de esas reuniones estuvo presente Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, y el secretario general, Edmundo Jacobo, a quienes se les informó sobre la investigación.
En otro encuentro, estuvo presente Eduardo Gurza Curiel, director de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, cuando se acordó resolver en “tiempos cercanos”, para que la resolución fuera en el mismo sentido.
La tercera reunión se dio después de que el Impepac inició un proceso sancionador a Blanco Bravo.
“Las y los Consejeros del INE conocían a fondo los acontecimientos relativos a la investigación de hechos llevada a cabo por el Impepac, sabían que la reunión con el director de la UTF se realizó y lo concluido en ésta”, destacó León Trueba.
Cuestionó la incongruencias del INE al acusarla de dilación y no aplicar lo mismo para la UTF.
“Resulta necesario preguntarnos si en el procedimiento de remoción aplicado en mi contra, iniciado en abril de 2018, existió dilación por parte del Instituto Nacional, ya que el Consejo general lo resolvió hasta el 18 de noviembre de 2020, dos años siete meses después, es decir, 31 meses después, casi el doble de la supuesta dilación (15 meses) de la cual se me responsabiliza y que es el motivo de mi destitución”.
Además, en el proceso de remoción se omitió que la consejera presidenta no tiene en sus funciones sustanciar y resolver Procedimientos Ordinarios Sancionadores, según establecen los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del Impepac.
“¿Por qué eximen a los cuatro consejeros de toda responsabilidad y, por el contrario, señalan que su actuar fue correcto? ¿Qué razones tienen para modificar lo que sostuvieron en la tercera reunión donde cuestionaron que se hubiera iniciado el citado procedimiento? Son preguntas a las que la ciudadanía y yo misma tendríamos que buscar respuesta”.
León Trueba, aún consejera presidenta ya que no ha sido notificada formalmente, expuso que hasta este momento la autonomía del Impepac no se ha concretado al 100 por ciento, porque las posibilidades de que se conformen bloques de consejeros que responden a intereses político son muy altas.
“Es posible que se conformen bloques de consejeros que disientan, pero no con el ánimo de dialogar, construir y tolerar, sino con la intención de denostar, agredir y violentar a los que divergen de sus posiciones o intereses”, dijo.
Situación que aseguró vivió de octubre de 2017 a la fecha por parte de los consejeros Alfredo Javier Arias Casas, José Enrique Pérez Rodríguez y Isabel Guadarrama Bustamante.
“De manera activa o pasiva, ejercieron una violencia directa en mi contra a los cuales, desde este momento, responsabilizo por lo que a mí persona, bienes o familia les pueda suceder”, añadió.
Con su salida, dijo que ese bloque puede verse fortalecido e influir en el proceso electoral a favor de algún partido político o candidato.
Por último, convocó a ciudadanía, partidos políticos y autoridades a exigir y vigilar el cumplimiento de esas reglas que permitan elecciones equitativas e imparciales en Morelos.