El Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó su “más profunda preocupación y desacuerdo ante el ambiente de persecución que se ha desatado hacia el sector académico y de manera concreta hacia 31 científicas y científicos del país”, en referencia a las órdenes de aprehensión que ha solicitado la FGR contra este grupo, pero que le han sido negadas al menos en dos ocasiones
“Ningún sector social debe estar al margen de la aplicación de las leyes y, si alguna persona o personas tienen deudas con la justicia, es menester que las autoridades correspondientes atiendan su alto encargo en el marco del derecho”, reconoció el consejo.
“Así, resulta indispensable reconocer que las leyes de nuestro país, establecen principios como el debido proceso y la presunción de inocencia”, anotó.
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“Toca al poder judicial y solo al poder judicial determinar la procedencia de las acusaciones. En tal sentido, la culpabilización a priori de las académicas y académicos contraviene, de manera inequívoca, el marco jurídico nacional y genera un clima de persecución y desconfianza, alterando la estabilidad que requiere el trabajo científico de la Nación”, sostuvo.
“Desde el CTH de la UNAM reclamamos la correcta aplicación de las leyes desde un marco ético y responsable por parte de los poderes que hoy tienen el más alto encargo de la Nación. Asimismo, recomendamos la mayor sensibilidad política y social hacia una comunidad que tiene bajo su responsabilidad el cultivo del conocimiento y la educación en su más alto nivel”, finalizó.
El pasado 22 de septiembre, la FGR informó que volvería a solicitar una orden de aprehensión contra académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial.
La FGR detalló que, en su nueva solicitud, explicará lo que considera un hecho delictivo patrimonial imputable a 31 académicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, luego de que un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negara en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas.
“El juez de distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza”, explicó la FGR.
Empero, consideró que este criterio no es aceptable, y afirmó que un estatuto interno “emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt”, no puede ir contra lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Consejo.
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