El Consejo Técnico de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó su preocupación y manifestó su rechazo a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de solicitar órdenes de aprehensión en contra de 31 exfuncionarios y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Mediante un pronunciamiento público, consideró “desmedida” la petición de la FGR “en contra de 31 miembros de la comunidad académica y científica de nuestro país”.
“Todas las personas implicadas en estos señalamientos colaboraron con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. en sus actividades sustantivas en ejercicio de las atribuciones y con la responsabilidad que les confería la Ley de Ciencia y Tecnología vigente”, menciona el texto.
El Consejo Técnico manifestó su preocupación por “las expresiones que desacreditan de manera indiscriminada la actividad científica y de la comunidad académica nacional, poniendo en duda su relevancia y el correcto ejercicio de recursos públicos sin exhibir pruebas de ello”.
“Lo anterior no puede más que generar un clima injustificado de desconfianza hacia el sector académico y sus instituciones, que son tan necesarios para el desarrollo y para la formación de las nuevas generaciones, con la preparación y espíritu crítico que requiere nuestro país”, señaló.
Agregó que la comunidad académica ha demostrado repetidamente que contribuye con hechos a la solución de problemas nacionales, con generación y aplicación de conocimiento original y formación de personal y en estrecha colaboración con los sectores de gobierno y de la sociedad.
Por lo tanto, enfatizó que la actividad académica está constantemente por comités de pares nacionales e internacionales, por instancias de gobierno que vigilan el cumplimiento de programas de trabajo, la pertinencia y calidad de la investigación y simultáneamente por aquellas que velan por un ejercicio transparente y adecuado de los recursos, con las atribuciones necesarias para sancionar en su caso conforme a la normatividad vigente.
“La Universidad Nacional considera con la mayor seriedad y responsabilidad esta supervisión por parte de los órganos del estado con facultades para llevarla a cabo. Año con año, rinde cuentas transparentes y revisa de manera periódica el cabal cumplimiento de la normatividad para optimizar el uso de los recursos públicos”, mencionó.
Por lo anterior, el Consejo Técnico se manifestó a favor de que las acciones en torno al caso “se realicen con estricto apego a derecho”, al tiempo que rechazó las “expresiones infundadas hacia la comunidad académica que solo generan desconcierto y polarización en la sociedad mexicana”.
El Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM externa su preocupación y manifiesta su rechazo a la desmedida petición de la Fiscalía General de la República de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 miembros de la comunidad académica y
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El miércoles de la semana pasada, la FGR aseguró que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra los exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial.
A través de un comunicado, anunció que, en su nueva solicitud, explicará lo que considera un hecho delictivo patrimonial imputable a 31 académicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, luego de que un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negara en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas.
“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, enuncia el comunicado.
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Ese mismo día, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, consideró el miércoles un despropósito y algo inconcebible la acusación de asociación delictuosa contra integrantes de la comunidad académica y científica.
“La Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Estaremos atentos y comprometidos en ello”, afirmó al encabezar la ceremonia de cancelación de la estampilla postal por los 100 años del escudo y lema universitarios.
Ante “este despropósito; por esta acusación inconcebible d asociación delictuosa, debemos manifestarnos…”, expresa el rector de la @UNAM_MX , Enrique Graue y fija postura en defensa de los académicos perseguidos por la @FGRMexico , uno de ellos integrante de la Junta de Gobierno pic.twitter.com/NyRK7zrEQg
— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 22, 2021
El jueves se dio a conocer un pronunciamiento de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de instituciones de educación e investigación, quienes manifestaron su rechazo “a estas acciones de represión y convocamos a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria”.
El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) recibió entre 2002 y 2018 alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología, y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Consideró que se debe investigar el caso y, si hay corrupción, se debe castigar.
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“¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a los que no son influyentes? No, tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, sean amigos, colegas, familiares, que se entienda”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.
El jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “un exceso” la acusación de delincuencia por parte de la FGR.
“No sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. En todo caso tiene que realizarse una investigación, lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece que es un exceso”, dijo.
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Aseguró que, en todo caso, se debe investigar el uso del recurso por parte del Foro, que era una asociación civil financiada en su momento por el Conacyt.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, afirmó que la dependencia a su cargo no fue creada “para investigar instituciones académicas o a sus integrantes”.
A través de sus redes sociales, Nieto aclaró que la Unidad “fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos”.
La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 23, 2021
La mañana del jueves un grupo de senadores de Morena, encabezados por Armando Guadiana Tijerina, solicitaron a la UIF investigar las finanzas de universidades y de centros de investigación, al considerar que destinan grandes cantidades de recursos en lo que catalogan como “turismo científico”.
“La Auditoría Superior de la Federación, las auditorías superiores de los estados y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, deben investigar los fondos, tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM”, sostuvo Guadiana.
También el jueves, el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades judiciales para que actúen con “moderación” y “prudencia” en el caso de los 31 científicos y extrabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a los que se acusó del presunto uso indebido de recursos, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), manifestó su solidaridad con la comunidad científica y confío en que se aclare la acusación, por lo que buscará el diálogo con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y con la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a quien extendió el llamado de prudencia.
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Además, se deslindó de la propuesta su correligionario, el senador morenista Armando Guadiana. Consideró la propuesta “no sólo como una exageración, sino como un despropósito para los que hacen ciencia en este país”. Dijo que “hay que fortalecer las universidades” y no perseguirlas con el fin de que no escale la polarización existente.