En El Salvador, un decreto legislativo promulgado por el presidente Nayib Bukele obligaba a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio dejar el cargo este viernes o perderían su indemnización, pero la medida quedó en el aire, ya que este jueves otro tribunal salvadoreño, el denominado Cámara de Familia, suspendió la medida.
En principio, los funcionarios debían “renunciar voluntariamente” para poder gozar de una bonificación equivalente a 24 meses del último salario devengado. De no hacerlo, los magistrados salvadoreños quedarían cesados de pleno derecho. Incluso, la Corte Suprema empezó a pedirles que entregaran sus celulares y vehículos oficiales.
El llamado de la Corte Suprema se respalda en el decreto de la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del presidente Bukele. El 31 de agosto pasado se ordenó la separación de los jueces como parte de una reforma judicial.
Pero los jueces afectados consideran una “purga” este decreto que los obliga a retirarse.
“Es un decreto discriminatorio. Básicamente se está expulsando a más de un tercio de los miembros de la carrera judicial, acusándolos de corruptos”, denuncia el magistrado Samuel Lizama.
Apunta que el decreto fue promovido por los miembros de la Asamblea Legislativa y que, según la Constitución salvadoreña, la única en tener potestad para promover una reforma del órgano judicial es la misma Corte Suprema de Justicia.
Según la prensa salvadoreña, más de 70 jueces ya han renunciado, de los 260 que el plan prevé remover.
Desde mayo el oficialismo ha impulsado reformas sucesivas. Para Lizama, es un intento de “tomar control absoluto del órgano judicial”.
Con información de RFI
Source link