La economista Rosa Albina Garavito dijo que si bien se debe escuchar la opinión de la gente, el gobierno debe ser responsable con las iniciativas que lanza.
En caso de que el gobierno realice una consulta para investigar a expresidentes, esta deberá ser seria e informada; dar a los ciudadanos “un planteamiento muy claro y preciso de qué fue lo que sucedió”, afirmaron expertos.
En la #MesaDeAnálisis con la periodista Carmen Aristegui, el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, comentó que si bien para el presidente Andrés Manuel López Obrador el enjuiciamiento a exfuncionarios se vuelve un asunto fácil de plantear en una conferencia de prensa, no es el procedimiento que debería caracterizar una regla de justicia transicional.
“No existe el planteamiento serio, hondo, de un proyecto que efectivamente lleve a resolver el problema con el pasado que hemos tenido, el cual lamentablemente se nos aparece un día sí, y otro también, en este presente, porque los vínculos de aquello que se fue determinando, decidiendo, lo que tiene que ver con la seguridad en el país, la corrupción, lo que tiene que ver incluso con los procesos democráticos, aparece todo el tiempo en el México del presente, y mucho me temo que si no zanjamos y reconstruimos instituciones del Estado, seguirá apareciendo en el futuro”, abundó.
Por su parte, el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, indicó que para combatir eficazmente la corrupción se requiere atacar frontalmente la impunidad, lo que implica fincar responsabilidades.
“Para que realmente podamos decir que este gobierno está siendo eficaz en el combate a este mal de los mexicanos, tenemos que tomar en cuenta que han pasado muchos años, es decir, que la rendición de cuentas, este proceso de fincamiento de responsabilidades fue deteriorado o francamente aniquilado o anulado por un pacto transexenal, que vino haciendo que gradualmente, de presidente a presidente, pasara la estafeta con un pacto de impunidad, el cual hizo que la corrupción cobrara raíces del grosor que tiene México“, subrayó.
Añadió que en este ejercicio de derecho a la verdad tenemos que saber qué pasó desde los ochentas para acá.
Por ejemplo, recordó Reyes Orona, entre 1993 y 1994, el gobierno federal se dio cuenta que las reservas de los bancos estaban totalmente falseadas.
En marzo de 1994, anotó, fue cuando el gobierno federal descubrió que los bancos oficiales habían sido usados para canalizar favores a políticos, pagar campañas electorales y hacer fortunas que antes no existían.
“Los bancos oficiales, nacionales, habían sido el instrumento por el cual los políticos se habían enriquecido y mantenido en el poder de una manera verdaderamente inexplicable”, agregó.
Ante eso, detalló, en septiembre de 1994 se tomaron varias decisiones, como sanear varias instituciones como Banco Unión y Banca Cremi, que fueron los primeras en ser intervenidas, y para diciembre, “Ernesto Zedillo Ponce de León se da cuenta que tenía 6 mil millones de dólares en la reserva y debía 29 mil 800 millones de dólares de tesobonos a corto plazo, porque a Pedro Aspe (secretario de Hacienda en ese entonces) se le había ocurrido la brillante idea de brincar el proceso electoral, instruyendo al Banco de México para que colocara de manera ilimitada tesobonos en el corto plazo”.
Reyes Orona aclaró que con Zedillo no se aprobó que las deudas Fobaproa pasaran a integrar la deuda pública.
“Fue hasta con Vicente Fox cuando la deuda del Fobaproa pasa a ser pública, pero con un ingrediente muy importante, que es en medio del escándalo: ‘Amigos de Fox’, en el cual se involucra Nacional Financiera y un par de instituciones bancarias de alto nivel, donde los cheques tampoco aparecieron de Amigos de Fox, y en ese entorno, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que es pieza clave para entender lo que pasa en este país, se da la consolidación de la deuda pública y se comienzan a emitir bonos y deuda pública, transformando el rescate bancario y consolidando las deudas privadas como deuda pública“, explicó.
Por su parte, la exsenadora Rosa Albina Garavito, replicó que “no se necesita ser economista para entender que si tú metes en un rubro el pago futuro a bancos, bajo el rubro de requerimientos financieros ineludibles del gobierno no se va al Ramo 33 de deuda pública efectivamente, pero es deuda”.
“Tan es deuda que el Congreso cada año tiene que aprobar los intereses por esa deuda, que es perversa, porque no habría estado mal que se consolidara en la deuda pública para que fuera transparente, porque en este caso fue una deuda escondida, de manera que Zedillo pudo seguir vendiendo ante la comunidad financiera internacional un déficit gubernamental más bajo de lo que realmente era, cuando en 1998 llegó a niveles a los que tuvo López Portillo, del 14 por ciento”, detalló.
Respecto a las declaraciones sobre la investigación a expresidentes, la economista dijo que si bien se debe escuchar la opinión de la gente, el gobierno debe ser responsable con las iniciativas que lanza.
“No creo que ningún gobierno responsable quiera convocar al linchamiento de figuras públicas, a lo que sí se tiene que convocar es al esclarecimiento de la verdad de los hechos“; anotó.
En opinión de Reyes Orona, para tomar una decisión, una consulta no va a ser eficaz y eficiente si no se tiene un contexto histórico de qué es lo que pasó.
“Creo que una comisión de la verdad y un planteamiento muy claro y preciso de qué fue lo que sucedió, y quiénes fueron los protagonistas de todos estos eventos, deben de preceder a cualquier votación. Porque si lo que queremos es que esto no vuelva a pasar, que se erradique la corrupción, que acabemos con ámbito y entorno de impunidad que vive el país, lo que tenemos que saber es qué pasó“, indicó.
Figueroa se dijo preocupado de que el presidente tenga una visión de hacer un juicio moral o simbólico a un régimen.
“Me preocupa mucho esta idea de que finalmente llegue a una consulta, tenga la seriedad que representa y deba tener un tema como el que aquí se trata. Hacer una consulta y el presidente de la república decir ‘el 15 o el 16 de marzo’, me parece una burla, respecto de todo lo que está pasando en el país“, señaló.
Consideró que los mexicanos “necesitamos una consulta seria, que la gente esté informada, pero sobre todo qué es lo que va a estar puesto en el tapete de discusión”.
Ampliación del catálogo de delitos
Por otra parte, el exconsejero del IFE consideró que la reforma al artículo 19, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ayer aprobó la Cámara de Diputados, es algo “verdaderamente grave”.
“Me parece que es un asunto que va en el sentido estrictamente contrario de la presunción de inocencia. Me parece que este tipo de prácticas ya existen y ya mostraron, en los casos de los que se trata, que lo que hace es llevar a la gente que menos recursos tiene a la cárcel. Esta es una decisión que me parece completamente contraria de la democratización procesal que es necesaria en el país. Creo que va en una reversa, junto con el tema de la Guardia Nacional, que es este ejercicio de militarización”, agregó.
A continuación la entrevista completa: