El contrato entre Pemex y Baker Hughes pasó de un máximo de 66 millones de dólares, como se firmó en el sexenio anterior, hasta 343 millones, en noviembre pasado, asegura la periodista Peniley Ramírez.
Los servicios de Baker a Pemex debían concluir en junio de 2020, señala Ramírez en el artículo Las alertas sobre Baker, publicado este sábado en Reforma; sin embargo, según otros registros públicos, Pemex otorgó ese año una tercera ampliación, por 99 millones más, y firmó una cuarta, por otros 68 millones en noviembre de 2021.
En la mañanera del miércoles 9 de febrero, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, afirmó que fue legal la contratación de la empresa estadounidense Baker Hughes, días antes de que el hijo del presidente se mudara a la mansión de Houston, Texas, propiedad de uno de los directivos de esa empresa.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Romero explicó que se trató de una licitación abierta en la que participaron seis empresas. Baker Hughes quedó entre las dos finalistas y ganó el contrato, dijo, ya que ofreció un precio 42% por debajo del de referencia, otorgando las mejores condiciones económicas para Pemex.
“El director general de Pemex, Octavio Romero, fue a la conferencia matutina en Palacio Nacional. Allí habló sobre la columna que publiqué en este espacio la semana pasada”, señala Ramírez en su texto de este sábado. “En la columna, revelé que en 2019, cuando el hijo y la nuera del Presidente vivieron en la residencia de un ejecutivo de Baker Hughes en Texas, Pemex firmó con esa empresa dos ampliaciones de un contrato por 109 millones de dólares. No quedaba claro cuáles servicios amparaban esas ampliaciones ni cómo se habían decidido. La Auditoría Superior de la Federación tampoco indagó más detalles”.
“Romero dijo que Pemex no le dio a Baker ‘ampliaciones’ sino ‘adiciones’”, recuerda, “aunque fueran adiciones que ampliaban tiempos y costos. Añadió que los convenios de Baker con Pemex ‘no corresponden a una ampliación, sino a órdenes de servicio’, que se usaban para ‘restar’ los servicios ‘al monto original del contrato’“.
Lo que dijo Romero no fue lo que ocurrió en Pemex, afirma Ramírez.
En su columna Linotipia, Ramírez detalla que el contrato firmado en 2018 tenía un monto original de 66 millones de dólares y debía concluir en 2019. En agosto de ese año, Pemex firmó un primer “incremento del monto” por 49.5 millones. En diciembre, otro “incremento de monto y plazo” por 60 millones de dólares, como consta en documentos públicos.
“Parece insólito que el director general de una de las petroleras más grandes del mundo no sepa diferenciar entre el incremento de monto y plazo de un contrato y las órdenes con las que se operan los servicios de ese contrato”, cuestiona la periodista.
Según lo expuesto en la Mañanera por el titular de Pemex, Baker Hughes lleva más de seis décadas prestando servicios en México, y los años en los que lograron las contrataciones más cuantiosas fueron 2008, 2012 y 2014, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“En Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas”, señaló ese día Romero.
Pero la petrolera no ha estado restando servicios al monto original del contrato, sino ampliándolo cinco veces, señala Ramírez en su artículo.
“El contrato pasó de un máximo de 66 millones de dólares, como se firmó en el sexenio anterior, hasta 343 millones, en noviembre pasado”.
Aunque para Romero estas ampliaciones no signifiquen una alerta, dice, sí lo han sido para su propia área jurídica, encargada de hacer cumplir las reglas contra la corrupción y el lavado de dinero en Pemex.
En el otoño de 2021, el área que contrató a Baker para explorar y perforar pozos inició los trámites para otra ampliación. Declaró que no había ningún riesgo legal para Pemex.
Sin embargo, explica Ramírez, el departamento jurídico decidió hacer una segunda indagatoria, que reveló que Baker Hughes había pagado multas en Estados Unidos por obtener contratos tras sobornar a funcionarios de Brasil, India, Indonesia, Rusia y Nigeria, entre otros países.
“La investigación más reciente es de febrero de 2021, y está en curso, según el mismo documento del departamento jurídico. Además, asentó que existe otra indagatoria oficial sobre Baker Hughes, por haber hecho negocios con países sancionados por Estados Unidos. La compañía anunció que estaba colaborando con las autoridades de aquel país en la investigación”, sentencia.
Otro hallazgo del departamento jurídico de la petrolera estatal fue el de varias notas de prensa que se referían a los vacíos de las auditorías a los contratos de Baker, entre ellas las señaladas por Ramírez en su artículo anterior.
Tras estas revelaciones, el departamento jurídico otorgó a la petrolera un permiso “condicionado” para ampliar por cuarta vez el contrato, condicionamiento que aún está vigente y obliga a Baker a informar si ha incurrido en algún acto de corrupción, a entregar un listado de todos los exfuncionarios de Pemex que ahora trabajan para la firma y a notificar de cualquier noticia que involucre a su personal o a la empresa y que pueda considerarse como infracción ética.
“Todo esto ocurrió antes de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus publicaran que el hijo del presidente mexicano vivió en la casa de un ejecutivo de la empresa”, aclara la periodista.
En el artículo Los otros millones de Baker, publicado el sábado 5 de febrero en Reforma, Ramírez narra que en los meses en que el hijo y la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador vivieron en una casa de un ejecutivo de Baker en Texas, la empresa de servicios petroleros ganó más de 100 millones de dólares por ampliaciones de contratos con Pemex.
La primera de estas ampliaciones entró en vigor en septiembre de 2019 y la última, en enero de 2020. Ambas operaciones, que están en registros públicos, se hicieron sin licitación y sin la aprobación del Consejo de Administración de Pemex, detalla.
La periodista afirma que revisó decenas de convenios similares firmados en el mismo periodo, que cuentan con conceptos de cobro, tablas y detalles que explican cómo se gastará el dinero, pero aquí hay un solo párrafo que justifica los 49 millones para “acelerar la incorporación de reservas”, es decir, hallar más petróleo.
“La modificación se aprobó en menos de un mes”, destaca.
En diciembre de 2019, Pemex aprobó otro aumento al mismo contrato de Baker, ahora por 60 millones de dólares más, dice en su artículo la periodista.
“El contrato ahora representa un 167% más de lo que costó cuando lo adjudicaron en 2018, unos 176 millones de dólares en total”, explica.
En 2021, señala Ramírez, la Auditoría Superior de la Federación presentó los resultados de una revisión a la modificación del contrato de Baker, pero no se cuestionó por qué se había hecho la ampliación, únicamente la sancionó con 95 mil dólares por haber entregado unos trabajos con 12 días de retraso.
Según el artículo Los otros millones de Baker, la Auditoría apuntó que la modificación del contrato no había sido firmada por el entonces director de Pemex Exploración y Producción, la filial de Pemex que contrataba a Baker, sino por un suplente, Ulises Hernández, nombrado en septiembre de 2019 director de PMI, filial internacional de Pemex en Houston, y que hoy dirige el Consejo de Administración de Deer Park, la refinería recién adquirida por Pemex en Texas.
Ahora, en su más reciente artículo, la periodista advierte que si Pemex atiende a las condiciones interpuestas por su departamento jurídico, la petrolera mexicana debería estar investigando ahora mismo los contratos con Baker.
“No queda claro si lo hará, después de que su director general exoneró a la compañía en Palacio Nacional”, concluye Ramírez en Las alertas sobre Baker.
Va, otra vez, hilo para contarles cómo hice la segunda #Linotipia consecutiva sobre el caso Pemex-Baker-casa del hijo del presidente. Lo más importante: son más contratos, más millones, y el área jurídica de Pemex investigó a Baker, antes de que se supiera lo de la casa… https://t.co/nPq8wI8lOH
— Peniley Ramírez (@penileyramirez) February 12, 2022
Accionista de Baker llama a la ética de la empresa
El viernes, circuló una carta firmada por un hombre identificado como Juan Carlos Luna, a nombre de un grupo de accionistas de Baker Hughes y dirigida los directivos de la empresa, en la que se pide respetar la integridad, como un elemento de su código de conducta.
La preocupación es obvia, ya que los elementos mencionados anteriormente podrían sumar un escenario delicado para Baker Hughes, dice.
Para el inversionista, la situación podría verse comprometida en virtud de una serie de elementos que enumera en su carta.
(i) El involucramiento del hijo de un presidente mexicano; (ii) una administración mexicana que ha sido severamente criticada -a nivel nacional e internacional- por sus escándalos de corrupción; (iii) un país con un estado de derecho débil; (iv) la esposa de dicho individuo, una persona expuesta políticamente, que ha sido activa como intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional; (v) la extensión millonaria de los contratos de Baker Hughes con Pemex; y (vi) ambas empresas luchan con sus propias investigaciones de escándalos de corrupción en el pasado.
Escala el #Houstongate
Carta de un grupo de accionistas de #BakerHughes a los altos ejecutivos de la empresa. pic.twitter.com/pFecqgQdpp
— Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) February 11, 2022
En la misiva, Luna alude a las noticias sobre posibles conflictos de interés, denuncias de irregularidades y otras posibles irregularidades legales por parte de Baker Hughes, derivadas del hecho de que un ejecutivo de alto nivel tuvo una relación directa con el hijo del presidente mexicano y su esposa, personas políticamente expuestas, en la misma época en que Baker Hughes obtuvo una multimillonaria extensión de contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Por circunstancias que aún no están claras -que generan una preocupación válida y justificada de posibles acciones ilegales-, el Sr. Keith Schillings, ejecutivo de Baker Hughes, otorgó el uso de una residencia en Conroe, Texas, registrada a su nombre, a José Ramón López Beltrán (hijo del Presidente de México) y su esposa, Caroline Adams. El matrimonio López ocupó dicha propiedad durante un periodo entre 2019 y 2020, coincidiendo con el momento en que Pemex otorgó importantes extensiones e incrementos de costos a los contratos con Baker Hughes”, señala Luna.
Estos hechos no son buenos, dice el accionista; crean la percepción de un posible conflicto de intereses y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes.
“Se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”, sostiene.
Para él, existe suficiente evidencia, ya que los hechos han sido reportados en varios informes de investigación independientes, en Estados Unidos y México.
Incluso, señala que esos contratos son un hecho conocido, y los directivos a quienes se dirige deben tener información sobre el proceso de fast track que se llevó a cabo sin licitación pública, ni procedimiento estándar dentro de Pemex, así como los laxos procesos de aprobación bajo los cuales ocurrieron las extensiones.
El que los contratos entre Pemex y Baker Hughes se hayan ampliado en su alcance y costo, al mismo tiempo que uno de sus ejecutivos otorgara el uso de una residencia de lujo donde vivía la pareja mencionada, son hechos que no pueden ignorarse.
“Ustedes tienen el deber fiduciario de actuar en consecuencia, investigar e informar según corresponda”, advierte.
En la carta, comparte que ya Baker Hughes proporcionó en las últimas semanas un comunicado corporativo sobre el asunto, pero que dicha respuesta careció de suficiente claridad, profundidad, información y compromiso para investigar más a fondo el delicado tema.
Luna exhortó a considerar la urgencia de una investigación más sólida y completa del asunto e informar a autoridades, inversionistas y medios de comunicación.
“Eso es lo correcto”, sentencia. “acorde con sus lineamientos de cumplimiento corporativo y compromisos éticos”.
La carta fue difundida en redes sociales y medios; incluso, compartida por políticos, como en el caso del excanciller Jorge G. Castañeda, quien la compartió en Twitter. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) contactó a Luna, quien confirmó la autenticidad de la misiva.
Del escándalo de la casona a los “millones” de Loret de Mola
Latinus y MCCI revelaron en un reportaje que José Ramón López Beltrán contradice el discurso de austeridad de su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que primero ocupó en Houston una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes en Pemex, y luego se mudó a una residencia recién construida.
Sin embargo, la empresa negó cualquier irregularidad relacionada con una de las viviendas en Houston que han habitado López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams. Según la compañía, el inmueble nunca ha sido propiedad ni administrado directa o indirectamente por Baker Hughes.
“La casa es una propiedad privada que, según los registros públicos, pertenecía a un exempleado que dejó la empresa en 2019. El exempleado no estaba involucrado en nuestras operaciones en México”, señaló Baker.
Tras la publicación del reportaje firmado por Raúl Olmos, Verónica Ayala y Mario Gutiérrez, el presidente López Obrador pidió pruebas de que existe alguna irregularidad relacionada con su hijo en el tema de la residencia.
Incluso, el pasado viernes 4, en la mañanera, calificó la difusión del reportaje sobre la casa en Houston como “guerra sucia”.
“Obvio no hay nada ilegal”, dijo, “pero es el escándalo, tirar lodo, porque no pueden de otra manera”.
Por su parte, Keith L. Schilling, exejecutivo de la empresa y propietario de la casa de Houston en la que vivió López Beltrán entre agosto de 2019 y julio de 2020, aseguró que no tuvo conocimiento previo de que el inquilino era hijo del presidente López Obrador.
En un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg, Schilling señaló que no tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera.
Además, aseguró que durante el tiempo que trabajó en la empresa, no estuvo vinculado con actividades o contratos relacionados con México.
Tras la publicación del reportaje, el presidente López Obrador ha cuestionado al periodista Carlos Loret de Mola, de Latinus; incluso, lo exhortó a que diera a conocer “cuánto gana y quién le paga”.
El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador.
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022
Además, el presidente anunció que pedirá una explicación al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre por qué su país financia a la agrupación MCCI, cuyos periodistas fueron los autores de la investigación.
Y, en medio de la polémica, el presidente mostró este viernes presuntos salarios del periodista Loret de Mola en 2021, hecho que fue calificado como un exceso presidencial y desató comentarios a nivel nacional e internacional, más allá del gremio periodístico.
AMLO dijo que expone estos “datos” porque al movimiento de transformación “hay que defenderlo”.
Loret de Mola le respondió en Twitter: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019.
“El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, agregó
Además, el periodista difundió en redes un video la tarde del viernes.
“Está fuera de sí… Quiere callarme. A sus amenazas responderé con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno”, expresó.
Con información de Reforma, Aristegui Noticias y MCCI