Entre 1965 y 1990, un grupo de instituciones y fuerzas de seguridad del Estado estuvieron operando para controlar todo tipo de disidencia, no sólo política, sindical o estudiantil, sino también la relacionada con la comunidad Lésbico Gay Transexual Bisexual, trabajadoras sexuales y a los integrantes de movimientos urbanos como los punks, afirmó el periodista Rafael Cabrera.
Al presentar el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) “Fue el Estado 1965-1990”, Cabrera dijo que este grupo de instituciones abarcan a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México, el CISEN, la Secretaría de Gobernación a través de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y hasta la policía capitalina que en ese momento estaba bajo control de Arturo Durazo Moreno, “El Negro Durazo”.
El periodista añadió que la primera presentación del informe se realizó a puerta cerrada ante diferentes colectivos de víctimas en la que participaron los tres comisionado autores David Fernández, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart, así como representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina.
Sin embargo, los integrantes del Mecanismo coincidieron en que es necesario que el informe final sea presentado ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto para que conozca el contenido íntegro del mismo como para que se se garantice una respuesta del gobierno actual y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Añadió que el informe del Mecanismo “tendrá un sabor agridulce” para el gobierno de López Obrador, ya que si bien responde una orden y un decreto presidencial para llegara a la verdad sobre la represión política del pasado, también es cierto que esas mismas instituciones continúan operando el aparato de seguridad del Estado y se mantienen la impunidad, por lo que existe el riesgo de que se repitan las persecuciones y actos represivos del pasado.
El periodista recordó que los comisionados del Mecanismo tuvieron que trabajar a contracorriente, ya que la Sedena y el CNI desacataron la orden presidencial de abrir sus archivos sobre la represión, al grado de “arrancar de las manos, literalmente, documentos de las manos de los investigadores”.
De esta forma, cuando los comisionados y los investigadores lograban identificar documentos valiosos en una primera inspección, cuando trataban de acceder ellos en una segunda visita ya no los encontraban, les faltaban hojas o se los negaban en la Sedena o en el CNI.
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