El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a la ciudadanía a participar en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de aprobar modificaciones a los lineamientos para la organización del ejercicio democrático.
De acuerdo con un comunicado del INE, este avaló las modificaciones para hacer frente a este proceso inédito con los recursos presupuestales con los que cuenta. Esto, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la solicitud de otorgar de manera excepcional recursos adicionales para el proceso.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, tajó que si es posible convocar a la ciudadanía a este ejercicio es gracias a que el Instituto, en medio de múltiples controversias, nunca detuvo sus trabajos.
“Es muy lamentable que todo este proceso se haya prestado para intentar descalificar a la autoridad electoral, tratando de apuntalar la falsa narrativa de que el INE no quiere la revocación de mandato, nada más lejano de la realidad”, dijo.
Córdova explicó que a cada paso que el INE ha dado para hacer posible este ejercicio ha correspondido una traba o un obstáculo interpuesto por quienes se dicen interesados en que la revocación de mandato se lleve a cabo.
Indicó que el número de casillas se determinará conforme a los recursos disponibles y utilizando como referencia, no el 100% de las secciones electorales, sino un esquema de unidades territoriales similar al que se utilizó en la Consulta Popular de agosto pasado.
“Esto nos arroja una cifra preliminar de 57 mil 377 casillas; las 57 mil 77 instaladas en la Consulta Popular, más 300 casillas especiales, una por distrito electoral; con lo que se da cobertura, aunque ésta sea limitada, a todo el territorio nacional”.
Sobre el número de casillas a instalar, el consejero Martín Faz afirmó que “si bien no es el modelo ideal que nos hubiera gustado aprobar, es el modelo que la suficiencia presupuestal nos permite hoy en día”, indicó que apoya el proyecto “convencido que los embates presupuestales, narrativos y políticos de los que es actualmente objeto el Instituto por algunos actores políticos, requieren de una postura colegiada compacta y sólida, resultado de un proceso deliberativo abierto y profundo al interior del Consejo”.
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Añadió que la Cámara de Diputados decidió no otorgar la suficiencia presupuestal requerida para el ejercicio y sólo determinó la entrega del 21% de los recursos necesarios en los términos establecidos en la Constitución y la ley. “La reducción en su conjunto corresponde a una cuarta parte del presupuesto operativo, generando un grave riesgo para atender nuestros deberes constitucionales y legales, negándose así a otorgar la capacidad material para atender todas nuestras atribuciones”.
La consejera Dania Ravel enfatizó que no obstante la instalación de un número menor de casillas a las previstas en la ley, el INE garantizará que la ciudadanía cuente con una casilla para acudir y ejercer su derecho a participar en la revocación de mandato.
“La respuesta de Hacienda pone en riesgo la realización del ejercicio de revocación de mandato en los términos que establece la legislación, ya que por la insuficiencia presupuestal que enfrenta este Instituto, se encuentra ante una imposibilidad material y financiera para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior”, mencionó.
Se agotaron todas las instancias para hacer cumplir la ley
La consejera Carla Humphrey mencionó que la medida adoptada por el INE es idónea para garantizar la instalación de las casillas y dijo que si bien no se cuentan con las condiciones adecuadas para cumplir con la ley, con ello se generan los contextos para que los ciudadanos en el marco de su conciencia individual hagan valer sus derechos de participación política y sufragio en el proceso de revocación de mandato. Asimismo, precisó que ha quedado claro que los mecanismos de democracia directa no son procesos electorales y, por tanto, hay que innovar y modernizar en estos mecanismos para hacerlos a menores costos y más cercanos a la ciudadanía.
“Celebro que esto se hiciera así y que se utilizara todo el entramado institucional para dar certeza y seguridad a la ciudadanía de que se agotaron todas las instancias para hacer cumplir la ley; sin embargo, estoy convencida de que ello nos servirá para aprender a futuro y tomar mejores decisiones en todos los ámbitos de competencia que se han involucrado en ello”, señaló.
Lamentable que el tema central sea el presupuesto y no un ejercicio auténtico de evaluación del gobernante en turno
Por su parte, el consejero Jaime Rivera lamentó que el tema central no ha sido el procedimiento mismo, sus reglas o las garantías que debe tener para que sea un procedimiento auténtico de evaluación del gobierno en turno, sino que el tema ha sido el del dinero, agrega el documento.
“Vale decir que esta anomalía la ha creado, desde el origen, la Cámara de Diputados, por medio de su mayoría, que sencillamente decidió, sin justificación, no otorgarle al Instituto los recursos necesarios para una actividad extraordinaria y adicional, pero que merece ser tratada con toda seriedad, incluido el aspecto presupuestal”, reiteró.
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Ante la necesidad del ajuste a los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, la consejera Adriana Favela manifestó su apoyo al proyecto de acuerdo y mencionó que es una buena noticia que sí se llevará a cabo este ejercicio de participación ciudadana de manera responsable y segura, debido a que el Instituto ha hecho un gran trabajo profesional, con certeza y objetividad como lo marca la propia Constitución y la ley.
“Una vez más, nosotros sí damos cuenta y damos elementos concretos, objetivos, de que el INE es una institución que está comprometida con la ciudadanía mexicana, que realmente cumplimos con nuestras funciones de la manera más eficaz posible y que estamos aquí para servir a la ciudadanía y no estamos eludiendo nuestra responsabilidad”, precisó.
Costo de Consulta Popular no es comparable con la Revocación de Mandato
Ante versiones que afirman que el costo de la revocación de mandato debe ser similar al de la consulta popular celebrada en 2021, el cual ascendió a 548 millones de pesos, el consejero José Roberto Ruiz estableció que se trata de ejercicios diferentes, ya que para este segundo mecanismo de participación ciudadana no se tienen insumos que sí había para el primero.
En la consulta popular se acudió a visitar a las y los funcionarios que ya habían participado 55 días antes, en la revocación se hará una nueva selección y se visitará a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos; también se debe producir nuevamente el líquido indeleble ya que el usado en 2021 pierde eficacia; además de que en la consulta se tenía insumos de protección sanitaria que en este caso hay que comprar nuevamente para tenerlos en las casillas y tampoco se instalaron consejos locales y distritales ni representantes de partidos en las casillas y ahora sí los habrá.
“Entonces, no se quiera comparar lo que en efecto no es comparable, y no se quiera venir aquí con mucho cinismo a llamarse a sorpresa que cómo es posible que se pudo hacer un proceso de Consulta Popular con menos recursos”, enfatizó Ruiz.
Al tomar la palabra, el Consejero Uuc-kib Espadas lamentó que los fallos del Poder Judicial que hoy permiten modificaciones a los criterios del ejercicio, no definan una forma de eliminar el estrangulamiento presupuestal como un instrumento de control, ya que hoy se vio amenazada la autonomía, pero mañana puede ser la libertad de municipios o la soberanía de los estados.
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En este sentido consideró necesario un debate profundo y sensato para articular la relación entre poderes y la forma para dar autenticidad a los procesos; por lo que cuestionó que se hable de una reforma para echar atrás los grandes avances de integridad electoral y en garantías de que el voto sea plenamente respetado.
El Consejero Ciro Murayama lamentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya negado recursos al INE cuando puede realizar adecuaciones presupuestales como lo han hecho para modificar el destino de los recursos del propio Poder Ejecutivo.
“Este gobierno hace adecuaciones y después dice que no tiene base legal para ello. Lamento que el gobierno mienta y que lo haga con flagrancia, así, escudándose en falsedades, el gobierno niega recursos al INE para acorralarlo y minar sus capacidades como órgano garante del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.
En su oportunidad, la Consejera Norma De la Cruz respaldó el proyecto que, afirmó, habrá de garantizar que la ciudadanía pueda participar en este ejercicio histórico de Revocación de Mandato para el titular del Ejecutivo Federal, al haberse agotado las vías legales para lograr un presupuesto que permitirá la instalación de un mayor número de casillas.
Agregó que estos lineamientos permiten instalar mesas receptoras con la misma calidad de siempre, por lo que la ciudadanía podrá hacer uso de este mecanismo de vanguardia y celebró los esfuerzos de sus compañeros para lograr los ajustes presupuestales necesarios.
Pendiente pronunciamiento de fondo de la SCJN
La Consejera Claudia Zavala aseguró que si bien se definió oportunamente por parte de los tribunales el modelo operativo para llevar a cabo la Revocación de Mandato, ante la falta de recursos aún queda pendiente un pronunciamiento de fondo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el análisis constitucional.
Ante ello, Zavala confió en que por el bien de la democracia mexicana el precedente que hoy se adopta por el que los derechos se ejercen no conforme a lo que la ley dicta, sino por los recursos disponibles, no defina la forma en que las y los mexicanos ejerzan sus derechos político-electorales.
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