La Fiscalía de Corea del Sur anunció la imputación del suspendido presidente del país, Yoon Suk Yeol, en el marco de la investigación por la fallida declaración de ley marcial promulgada el pasado 3 de diciembre por el mandatario, ahora despojado de sus funciones, en una decisión desató una histórica tormenta política en el país.
Yoon se enfrenta, según el pliego de cargos recogidos por la agencia oficial de noticias surcoreana, Yonhap, a una acusación de conspirar con el entonces ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, para incitar a una insurrección a través de la declaración de la ley marcial y del despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional, el Parlamento surcoreano, para impedir que los diputados tumbaran el decreto, como acabó sucediendo a las pocas horas.
Con esta acusación, el presidente se ha convertido ahora mismo en el primer presidente del país imputado por insurrección bajo detención y suspensión de funciones.
El mandatario, que todavía es considerado como tal hasta que el Tribunal Constitucional del país decida lo contrario, fue arrestado el 19 de enero tras negarse en varias ocasiones a responder ante el tribunal y la orden de arresto expiraba en cuestión de horas.
El pasado 21 de enero, el presidente surcoreano compareció ante el Tribunal Constitucional y expresó su “fe en la democracia liberal”, en su primera intervención en el juicio político en su contra motivado por su declaración de la ley marcial.
El máximo tribunal surcoreano tiene hasta junio para decidir si el cese de Yoon aprobado por el Parlamento el 14 de diciembre por haber declarado el estado de excepción 11 días antes será definitivo o si lo restituye en el cargo.
En caso de que su inhabilitación quede ratificada deberán convocarse elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.
(Con información de Europa Press y EFE)
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