Corinna Larsen, examiga del rey emérito, contrató supuestamente los servicios de la agencia de detectives Alp Services en Ginebra (Suiza) para mejorar su imagen, publicar informaciones favorables a ella y “arruinar” la reputación de Yves Bertossa, el fiscal ginebrino que desde 2018 la investiga por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales, según el medio suizo Heidi.news. La fiscalía del Cantón ginebrino indaga la “donación” que Juan Carlos I hizo en 2012 a Larsen de los 65 millones que tenía a nombre de la fundación Lucum en una cuenta de la banca privada Mirabaud & Cie.
La relación de Larsen con esta agencia de investigación ha salido a la luz después de que el pasado 29 de marzo alrededor de 40 personas e instituciones recibieran varios correos que contenían decenas de documentos y mensajes confidenciales de los principales casos y clientes con los que ha trabajado Alp Services y su dueño, Mario Brero, de 74 años, uno de los detectives más conocidos y mediáticos de Suiza. Al parecer, la información fue robada o hackeada de los ordenadores de la compañía.
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El mensaje se titulaba “Mea culpa de Mario Brero y Alp Services” y provenía supuestamente de una de las cuentas de la propia agencia de detectives. Según ha publicado la web suiza, el mensaje se presentaba con la siguiente frase: “Estoy enfermo. Hace falta que esto pare. Perdonadme por lo que he hecho…”
Entre la documentación distribuida figuran, según la citada publicación, supuestos y virulentos mensajes de Corinna Larsen al dueño de la agencia de detectives en los que se acusa al fiscal Bertossa de “jugar a Robin de los Bosques únicamente por su gloria personal”. “Debemos arruinarle. Es un actor nefasto, no debería estar autorizado a decidir el destino de las personas”, dice uno de ellos.
Los mensajes atribuidos a la examiga del rey emérito felicitan a Brero por las informaciones favorables a la estrategia de Larsen que la agencia ha logrado supuestamente que se publiquen en distintos medios suizos. La información revela una factura de 130.000 euros que Alp Services giró a la examiga del rey por mejorar su imagen y por otros servicios.
El PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Mario Brero y de Corinna Larsen. La examiga de Juan Carlos I está siendo investigada por el fiscal Bertossa junto a Arturo Fasana, gestor de la cuenta en el banco suizo de Juan Carlos I, y Dante Canonica, director de la fundación Lucum, y la banca Mirabaud & Cie, como entidad jurídica.
Los 65 millones que el exjefe del Estado recibió el 8 de agosto de 2008 como donación del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí fueron transferidos cuatro años después por orden del rey emérito a la cuenta de una sociedad de Larsen en el banco Gonet & Cie en Nassau (Bahamas). Desde allí, tal y como reveló este diario, se transfirieron a finales de 2016 y principios de 2017 un total de 39 millones a sus cuentas personales en el Fielpoint Private Bank en Nueva York.
La investigación del fiscal Bertossa a Corinna Larsen por un supuesto blanqueo de capitales sigue abierta después de tres años, mientras en España la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al rey emérito en tres causas distintas sin que, de momento, haya resuelto en ninguna de ellas.
Una de las investigaciones de la Fiscalía española tiene que ver con el supuesto pago de comisiones ilegales al rey emérito por la concesión a un grupo de empresas españolas de la construcción del AVE a la Meca. La cantidad cobrada es justamente la donada por Juan Carlos I a su examiga Corinna Larsen. Aunque hace meses que la Fiscalía del Supremo tenía previsto archivar las actuaciones al no encontrar indicios contra el rey emérito, aún no lo ha hecho.
Regularización fiscal pendiente de examen
La Fiscalía del Tribunal Supremo aún espera los informes de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, para saber si la doble regularización fiscal que Juan Carlos I ha hecho (una por 678.393 euros en diciembre pasado y la segunda por 4.395.901 euros hace solo dos meses) han sido correctas. El rey emérito intentó con ambas regularizaciones, hechas sin requerimiento previo, evitar una imputación por delito fiscal.
La Fiscalía no solo espera esos informes de Hacienda, sino también el resultado de algunas comisiones rogatorias sobre cuentas vinculadas a Juan Carlos I.
Fiscales de Anticorrupción y del Supremo investigan desde hace más de un año al rey emérito sin que hayan decidido, en función de los indicios descubiertos, actuar contra él ni citarle para que aclare algunas cuestiones sobre sus actividades financieras.
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