Una corte federal de apelaciones limitó el miércoles una orden que había anulado la implementación en todo el país de la controversial regla de carga pública. Ahora, la administración del presidente Donald Trump puede continuar con la política en todos los estados, excepto en Nueva York, Connecticut y Vermont.
La orden del miércoles es una victoria temporal para Trump y su política de carga pública, la restricción más radical impuesta a la inmigración legal en los últimos años.
La regulación del Departamento de Seguridad Nacional otorga a los oficiales de inmigración más poder para denegar las solicitudes de tarjeta de residencia a personas que dependen, o corren el riesgo de depender, de la ayuda gubernamental.
El tribunal anuló de forma parcial la decisión del mes pasado de un juez federal en Nueva York, quien indicó que la ley de carga pública obstaculiza los esfuerzos nacionales para contener el coronavirus al disuadir a los inmigrantes de solicitar ayuda pública y médica.
El juez de circuito de los Estados Unidos, Peter Hall, anuló en su fallo de un párrafo la orden judicial del tribunal inferior en todos los estados, excepto en Nueva York, Connecticut y Vermont. Los tres estados demandaron en conjunto a la administración de Trump bajo el liderazgo de la procuradora Letitia James.
Estaba previsto que la regla de carga pública entrara en efecto en octubre de 2019, pero las órdenes de los jueces federales retrasaron su ejecución hasta el pasado 24 de febrero después de que la Corte Suprema interviniera y anulara las órdenes judiciales de los tribunales inferiores.
En abril, los fiscales generales de Nueva York, Connecticut y Vermont pidieron a la Corte Suprema que reconsiderara su decisión y argumentaron que la regla de carga pública perjudica a las comunidades de inmigrantes afectadas por la propagación del coronavirus. El tribunal superior denegó su solicitud, pero dejó abierta la posibilidad de que los estados buscaran una reparación en los tribunales inferiores.
Los estados presentaron declaraciones de médicos, funcionarios locales y defensores que dijeron que los inmigrantes de todo el país temen que puedan poner en peligro su estatus migratorio al buscar tratamiento médico y ayuda gubernamental durante la pandemia.
Asimismo, el juez George Daniels dictaminó a fines de julio que la política debería detenerse mientras existiera una emergencia nacional por el virus, puesto que la regulación se ha convertido en una “elección imposible entre poner en peligro la salud y la seguridad personal o el estatus de inmigración”.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, la agencia federal que administra la regla de carga pública, no se ha pronunciado sobre el fallo hasta ahora.
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