Una parte clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden que permite que un número limitado de personas de Centroamérica y el Caribe ingrese a Estados Unidos por motivos humanitarios se estaba debatiendo el jueves en una corte federal de Texas.
Según el programa de permiso humanitario, hasta 30,000 personas pueden ingresar cada mes a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Texas encabeza una demanda presentada por 21 estados de tendencia republicana para detener el programa, argumentando que el gobierno de Biden se ha extralimitado en su autoridad. Otros programas que el gobierno federal ha implementado para reducir la inmigración ilegal también han enfrentado desafíos legales.
Pero durante más de 70 años la ley de inmigración ha otorgado a los presidentes la autoridad para otorgar dicha libertad condicional, dijo un abogado del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA durante las declaraciones iniciales del juicio. El centro es uno de los grupos de derechos de los inmigrantes que defienden a siete personas que patrocinan a los inmigrantes.
El programa de libertad condicional se inició para venezolanos en el otoño de 2022 y luego se amplió en enero. Las personas que participan deben presentar su solicitud por internet, llegar a un aeropuerto y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. En caso de ser aprobada, pueden permanecer dos años y obtener un permiso de trabajo.
El programa ha “tenido un tremendo éxito en reducir la migración hacia la frontera suroeste”, argumentaron los abogados del Departamento de Justicia, que representa al gobierno federal en la demanda.
El juez federal Drew Tipton preside un juicio sobre la demanda de los estados en Victoria, Texas. Tipton, designado por Donald Trump, se ha pronunciado anteriormente en contra de la administración Biden sobre a quién priorizar para la deportación.
El juicio se transmitiría en vivo desde Victoria a una sala de una corte federal en Houston y se esperaba que durara dos días. Tipton emitirá un fallo en una fecha posterior.
En documentos judiciales, Texas y otros estados han calificado el programa de la administración Biden como un “ejemplo extremo” de no aplicar las leyes de inmigración que le exigen “otorgar la libertad condicional solo caso por caso para un beneficio público significativo o razones humanitarias urgentes”.
Si bien la demanda de los estados republicanos objeta el uso de la libertad condicional humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, no ha planteado ninguna preocupación por su uso para otorgar entrada a decenas de miles de ucranianos debido a la guerra de Rusia.
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