La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los gobiernos municipales no tienen atribuciones para comprar vacunas contra Covid-19 y que sus actuaciones en materia de Salud tienen que coordinarse con los gobiernos estatales.
El pleno del máximo tribunal resolvió por unanimidad de votos que el hecho de que no se haya incluido expresamente a los municipios como entes coadyuvantes en la implementación de la política nacional de vacunación para la prevención y mitigación del Covid-19 no vulnera su esfera competencial, pues no les impide celebrar convenios de coordinación o colaboración con los gobiernos estatales para llevar a cabo esta vacunación.
Esta decisión emana de la resolución de una controversia constitucional promovida por el municipio de Huixquilucan, Estado de México, en contra de la estrategia nacional de vacunación que impulsó el gobierno federal.
En la controversia, el municipio mexiquense impugnó la falta de inclusión de los municipios como sujetos autorizados para la compra de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, así como la falta de respuesta de la Secretaría de Salud a su petición de autorización para la compra o adquisición del biológico.
En su fallo, la Primera Sala advirtió que los municipios no tienen competencia conferida de forma directa para prestar servicios de salud, de manera que la participación en esta materia será la que se determine en convenios de coordinación o colaboración con las entidades federativas.
En referencia a las atribuciones en materia de salud de los municipios, la SCJN indicó que son las entidades federativas y no la federación las que permiten a los municipios actuar en esa materia dentro de sus jurisdicciones y en función de las atribuciones que les sean otorgadas por las leyes locales.
El Alto Tribunal reconoció la validez del acuerdo impugnado tras concluir que con su emisión no se violó alguna de las atribuciones que la Constitución le confiere directamente al municipio de Huixquilucan.
Controversia constitucional 22/2021. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Resuelto en sesión de 15 de junio de 2022, por unanimidad de votos.
Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.
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