La Audiencia Nacional, convertida en un calvario para el PP por sus sucesivos escándalos de corrupción, ha vuelto a acoger este martes la llegada de un ex alto dirigente de la formación. A las 9.53, apenas siete minutos antes de su cita ante el juez, María Dolores de Cospedal (ex secretaria general del partido, exministra de Defensa, expresidenta de Castilla-La Mancha y exconsejera de la Comunidad de Madrid) ha desfilado ante las cámaras de televisión para sentarse ante el magistrado Manuel García-Castellón para declarar como imputada por Kitchen, la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas. A lo largo de cerca de hora y media de interrogatorio, la política ha admitido que se reunió varias veces a solas con el comisario José Manuel Villarejo en la sede del PP de la calle Génova, de Madrid, pero ha negado que le encargara trabajos para torpedear el caso Gürtel, según confirman varias fuentes jurídicas. El instructor ha fijado el interrogatorio de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, para el miércoles.
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Cospedal —que solo ha contestado al juez, a la Fiscalía y a su abogado— ha detallado que fue su marido quien le presentó a Villarejo como propietario de una consultora “muy importante” con “magníficas relaciones” con la prensa y la propia policía. Fue en 2009, año del estallido del caso Gürtel. Según ha añadido la exdirigente del PP, López del Hierro le dijo que el comisario se dedicaba a labores de investigación y que estaba en excedencia de la Policía Nacional, aunque en realidad entonces se encontraba en activo. La ex secretaria general ha asegurado que en la primera reunión estuvo su esposo, pero que el resto de encuentros se desarrolló a solas con el comisario. Unas citas que no se recogían nunca en su agenda oficial y a las que, según ha relatado, el principal sospechoso de la trama llegaba en coche para acceder al edificio a través del garaje. Cospedal ha justificado dichos encuentros en su preocupación por que el PP estuviera siendo espiado.
La exdirigente del PP ha negado tajantemente cualquier implicación en la trama Kitchen, financiada con fondos reservados durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha marcado distancia con el resto de investigados. Así, sobre el comisario Andrés Gómez Gordo, alias Cospedín y asesor de la política durante su etapa en Castilla-La Mancha, ha afirmado que “casi nunca despachaba” con él. Sobre Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas captado como confidente tras las gestiones de Gómez Gordo, ha negado haber oído hablar de él hasta que estalló el escándalo. También ha marcado distancias con Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y su entonces número dos, Francisco Martínez. Del primero ha afirmado que su relación era “la de un compañero de partido” con el que se veía en el comité ejecutivo del PP. De Martínez ha asegurado que solo se reunió en una ocasión con él con motivo de las elecciones de 2016, en la que el primero fue candidato en las listas de la formación conservadora.
Preguntada sobre si sabía quién era el inspector jefe Manuel Morocho, el responsable de la investigación del caso Gürtel que ha denunciado presiones para torpedear estas pesquisas, Cospedal se ha limitado a decir: “Hoy sé quién es. Hace unos años, ni idea”.
La ex secretaria general ha rechazado que, como apunta el juez, hubiera un interés del PP por arrebatar a Bárcenas documentación comprometedora para el partido y sus dirigentes, como las supuestas grabaciones de Mariano Rajoy y Javier Arenas que presuntamente los incriminan en la financiación irregular. “Kitchen no tiene nada que ver con el PP”, ha insistido Cospedal. “Esta persona —la política ha evitado en varias ocasiones citar a Bárcenas por su nombre— ha dado muchas versiones sobre lo que tenía y no tenía, y queda como lo que es, un mentiroso. El PP no tenía necesidad de arrebatar nada”. También ha negado que ella supiera que el chófer había sido captado o que la trama entrase en un local de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero, para sustraer material sensible. Para Cospedal, “eso tiene que ver con la policía”, exculpando a su partido y a los cargos políticos de Interior de cualquier responsabilidad.
El juez ha preguntado sobre algunas anotaciones de las últimas agendas intervenidas a Villarejo, entre ellas las que hacían referencia a José Luis Ortiz, su jefe de gabinete durante años. Así, sobre el apunte “Orti. Problemas Morocho”, la popular ha asegurado no saber nada, aunque ha admitido que en aquellos meses estaba “indignada” por las referencias a su marido como presunto donante en los papeles de Bárcenas, que reflejan la existencia de una caja b en el PP durante 20 años. Sobre el apunte “Cospe muy preocupada 5 pagos de 200”, ha insistido en que no sabía a qué se podía referir. “Durante toda esa época [verano de 2013, tras conocerse la contabilidad opaca], mi interés había sido siempre que se depuraran responsabilidades y que el tesorero asumiese su responsabilidad, que se conociese la verdad”, ha dicho.
Dos años de investigación
Cospedal ha aterrizado en la Audiencia Nacional tras una instrucción de más de dos años, durante la que se han acumulado indicios contra ella. El sumario rebosa referencias a la ex secretaria general, a quien la Fiscalía Anticorrupción apunta como otra pieza más del entramado de Kitchen. Según sus investigaciones, ella tenía un “doble interés” en el éxito del espionaje a Bárcenas: como secretaria general del partido y como alto cargo. Su nombre consta en los papeles de Bárcenas como supuesta perceptora de sobresueldos y el de su marido, como donante a la caja b del PP. De hecho, el ministerio público sospecha que sus maniobras se extienden más allá de esta operación contra el extesorero y se remontan a 2009, cuando presuntamente puso en marcha distintas estratagemas para boicotear las pesquisas del caso Gürtel, la investigación sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y que afectó directamente al partido conservador.
Las agendas de Villarejo están llenas de supuestos contactos con Cospedal, su marido y su entorno. No solo recogen presuntas reuniones con el matrimonio —verificadas a través de audios incorporados a la causa—, sino conversaciones con Gómez Gordo y José Luis Ortiz, su jefe de gabinete durante lustros. Este último, que declara también como imputado el miércoles, consta en las libretas de Villarejo como otro de los enlaces con la secretaria general e, incluso, se le vincula con supuestas entregas de dinero.
La exdirigente popular, que dejó la política tras revelarse en prensa los audios de sus reuniones con Villarejo, ha admitido sus contactos con el comisario jubiladoex pero ha rechazado que cometiese cualquier ilegalidad. El propio expolicía la menciona de pasada en el último escrito enviado a la Audiencia Nacional esta misma semana, donde se refiere a ella en tres ocasiones. Pero, en ningún caso por su supuesta vinculación con Kitchen o el boicot a Gürtel, sino por un tema relacionado con la guerra de Villarejo con el CNI y como interlocutora del Gobierno de Mariano Rajoy en la denominada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el Ministerio del Interior por la llamada brigada política para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán.
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