La semana pasada no fue tranquila para la banca. A la incertidumbre general por el coronavirus se unieron las sentencias sobre el IRPH y las tarjetas revolving. El sector optó por ver el vaso medio lleno y destacó que ninguno de ambos fallos invalidaba el uso de esos instrumentos. Pero prefiere no pronunciarse sobre un posible aumento de la litigiosidad en torno a estos asuntos que desde instancias judiciales y asociaciones de consumidores dan por seguro. Muchos casos, además, llegarían a los juzgados especializados en cláusulas bancarias abusivas, que acumulan una sobrecarga de trabajo considerable.
Mientras que la posible usura de las tarjetas revolving se decidirá en tribunales ordinarios, todos los casos sobre IRPH irán a los juzgados que se especializaron en 2017. Según falló el pasado martes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los jueces españoles deberán decidir caso por caso si la aplicación de ese índice hipotecario alternativo al Euríbor (y que encareció las hipotecas que lo usaban) fue abusiva.
Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admite que el organismo está atento a lo que pueda pasar en las próximas semanas, por si llega un aluvión de demandas capaz de bloquear esos juzgados. Aunque se incremente la litigiosidad, creemos que el sistema tiene garantías para aguantar ofreciendo un servicio adecuado a los ciudadanos”, indica.
El vocal niega que los tribunales especiales sean más lentos que los ordinarios, como se quejan los demandantes. “Puedo demostrar que la resolución media en España está en los 14 meses y es el mismo tiempo medio que tienen los juzgados de cláusulas suelo”, afirma Martínez. No obstante, admite que en Madrid, Cataluña y Andalucía se está tardando más en resolver los casos (ver el gráfico), pero confía en que en los próximos meses se aceleren las resoluciones en las tres regiones porque contarán con mejoras en la organización y en los medios.
Entre las agrupaciones profesionales, la valoración de los juzgados especializados es negativa. Para María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, fueron “un auténtico error”. Del Barco, que como juez decana supervisa el reparto de casos en Madrid, señala que en el Juzgado de Primera Instancia 101 bis (el que aglutina todos los juicios por cláusulas abusivas de la provincia) “se están repartiendo demandas presentadas hace casi dos años”. Además, vaticina “un aumento de la litigiosidad” tras las últimas sentencias.
“La saturación se observa tanto en la primera instancia como en la segunda”, observa Diego Gutiérrez, magistrado de Juezas y Jueces para la Democracia que trabaja en la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Esa sala, “muy congestionada en gran parte por este tipo de asuntos”, la componían tres jueces y ahora hay otros tres de refuerzo. Gutiérrez indica que solo algunas entidades usaron el IRPH, por lo que “no se verán afectados por igual todos los territorios, pero sí es verdad que seguramente se producirá algún repunte”.
Como soluciones, el magistrado cita la habilitación de sentencias testigo en el Derecho Civil, “para que una sentencia se extienda a supuestos de hecho idénticos a ella”. También pide más recursos. “O seguimos alimentando el esperpento [de los juzgados especializados] y duplicamos las plantillas o ponemos más tribunales”, opina Del Barco, quien apuesta por “soluciones de carácter preprocesal, como los arbitrajes de consumo”. Si una parte no aceptase el arbitraje, ilustra, sería condenada a pagar costas cuando el fallo fuera similar a la solución propuesta previamente.
Pleitos largos
Una de las quejas más frecuentes de los despachos de abogados y de las asociaciones de consumidores es que los bancos pleitean hasta el final pese a que en la mayoría de las ocasiones (el 98% en el caso de las cláusulas suelo) pierden las demandas. Martínez admite que es difícil entender por qué hacen.
La patronal bancaria AEB y CECA, que agrupa a los bancos de las antiguas cajas de ahorros, prefiere no manifestarse sobre la posible avalancha de demandas. Un portavoz de ambas organizaciones explica que la razón por la que los bancos pleitean hasta el final es que “consideran que deben defender sus argumentos ante los tribunales”. Respecto a las repercusiones en la cuenta de resultados, afirman AEB y CECA que no esperan “un impacto significativo”. ¿Y sobre la reputación? Solo admiten que la “inseguridad jurídica es negativa”.
En el sector financiero, José Luis Cortina, presidente de la consultora Neovantas, cree que el impacto de la sentencia del Supremo “puede ser elevado dependiendo de la entidad y el volumen de su cartera en créditos revolving”. Sin embargo, estima que en el caso del IRPH “será pequeño”.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), destaca una sentencia reciente en que la Audiencia de Salamanca multó a la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) por pleitear “a sabiendas de su falta de razón”. Suárez pide a los jueces más “multas por temeridad a los bancos porque están abusando de nuestros recursos judiciales”. Su asociación, indica, tendrá que llevar 1.500 demandas sobre IRPH que tenía en procesos colectivos por la vía individual, con lo que sumará en total más de 2.000.
La asociación de usuarios Adicae calcula en unas 100.000 las hipotecas afectadas que podrían reclamar el IRPH. Pero su presidente, Manuel Pardos, matiza que “mucha gente ni lo sabe”. A ello se une la perspectiva de pasar años en los tribunales “porque la banca en la situación actual prefiere diferir todo lo que pueda”.
Entre los bufetes de defensa de los consumidores hay unanimidad en la explicación de por qué los bancos prolongan los procesos: “Para que los clientes desistan en reclamar”, resumen en Arriaga. En Lean Abogados, como el despacho Unive y desde Denuncias Colectivas, ven una doble razón: primero, retrasar los pagos; y segundo, “ahuyentar reclamaciones judiciales sabiendo que los ciudadanos tienen aversión a los juzgados”.
Pendientes de los gastos hipotecarios
Las sentencias dictadas la semana pasada son solo las últimas de una larga lista de fallos protagonizados por la banca en los últimos años. Pero faltan más y las asociaciones de consumidores esperan especialmente una de ellas. El TJUE deberá decidir si el reparto de gastos hipotecarios que decidió el Supremo a finales de 2018, una vez que esa cláusula ha sido declarada abusiva, se ajusta a la doctrina comunitaria. En Adicae, la asociación cuya demanda motivó esa cuestión prejudicial, calculan que un fallo contrario del tribunal de Luxemburgo habilitaría a reclamar a millones de ciudadanos (actualmente en España hay cinco millones de hipotecas vivas). El caso entró en el TJUE el pasado julio y no tiene fecha señalada.
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