Venezuela ya estaba inmersa en una crisis de salud pública antes de que se desatara la pandemia de coronavirus. Sufría el deterioro paulatino de las capacidades del que hace décadas fue uno de los sistemas de atención más sólidos de Sudamérica, la falta de acceso a bienes básicos como el agua o la energía necesarias para garantizar una higiene mínima, la malnutrición y, en general, el empobrecimiento de un país que había perdido 70% de su PIB en siete años, con más de cinco millones de emigrados. Así que, cuando llegó el virus, todos anticipaban lo peor: si la situación se parecía siquiera un poco a los tsunamis observados en Italia o España, con sistemas de salud pública robustos y sociedades cohesionadas, ¿qué catástrofes esperaban a Venezuela?
Un año después, Venezuela registra a día de hoy unos 120.000 casos con algo más de 1.200 muertes. Oficialmente, claro. Existen razones de peso para desconfiar de estas cifras. Pero tampoco se reportan situaciones de emergencia extrema, al menos no las esperadas. La respuesta a qué ha pasado, o más bien a qué no ha pasado y por qué, no es sencilla ni definitiva.
La falta de datos fiables se une a varias hipótesis no excluyentes entre sí. Desde la pobreza como aliado inesperado (porque se viaja menos, los venezolanos tienen menos contactos y se reduce la propagación del virus) hasta el posible efecto del sistema de cuarentenas semanales alternas implementado por el Gobierno de Nicolás Maduro. Otro argumento dice que la epidemia busca un segundo pico en Venezuela y el desborde esté a la vuelta de la esquina.
Los casos que faltan por contar
Una epidemia fragmentada territorialmente con dos picos diferenciados: el primero, alrededor de agosto; el segundo, en la actualidad, tras las fiestas de diciembre. Este escenario describe la epidemia tanto en Venezuela como en otros países de la región. Sirve para Colombia y, ajustando los meses, también para Perú o Bolivia. Pero todos esos países cuentan muchos más casos per cápita que Venezuela, según los datos acumulados: Colombia, más de dos millones para una población solo un tercio mayor a la venezolana; Perú, 1,15 millones para una población similar a la venezolana. Estos números multiplican por diez o por veinte los 120.000 contabilizados por Caracas. Quizás los picos venezolanos tienen su cresta cortada por un registro deficiente.
Los datos que se conocen de pruebas diagnósticas practicadas apuntalan la duda. Bloomberg recogía a principios del mes de enero que Venezuela había practicado 485.000 pruebas tipo PCR o molecular. De los varios tipos disponibles, estos tests son considerados como los más precisos en el diagnóstico de infecciones activas. La alternativa más usada, las pruebas de antígenos (más rápidas pero menos precisas), apenas se han usado en Venezuela en los últimos meses. En octubre, la Organización Panamericana de la Salud (brazo regional de la OMS) entregó 340.000 pruebas de antígeno y 35 equipos lectores para ampliar la capacidad de diagnóstico en el país. Dos meses después, el director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte, revelaba que solo se habían aplicado 1.600 de estos test, de los cuales 400 habían dado positivo.
Esta infrautilización de pruebas rápidas es la cuña definitiva en el de por sí frágil acuerdo que se produjo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó en junio de 2020, con la propia OPS como mediadora, encaminado a construir una respuesta unificada y no politizada a la pandemia en un país sumido en una prolongada crisis institucional. Ahora, el entorno de Juan Guaidó denuncia que el régimen no cumplió su parte.
Mientras tanto, la positividad conocida de las PCR ronda el 24%, si se compara el número de positivos obtenidos a principios de enero (115.000) con las pruebas PCR conocidas (485.000). Este índice multiplica por cinco la recomendación de la OMS para garantizar un diagnóstico eficaz. Según la entidad, cualquier resultado general por encima de un 5% (o, en lo más extremo, de un 10%) se debe leer como un indicador de que las cantidad de pruebas realizadas es insuficiente.
Todo hace suponer que el cuello de botella está en otro lado. El más obvio es el logístico: la centralización del proceso de prueba y diagnóstico en solo dos laboratorios da una idea del problema. La propia vicepresidenta, Delcy Rodríguez, reconoció demoras. El 4 de septiembre informó sobre 10 nuevos fallecidos, pero dijo que en realidad habían muerto 15 días atrás y estaban esperando los resultados. Esto confirmó lo que desde el comienzo han advertido médicos y epidemiólogos: Venezuela sigue la epidemia en diferido.
Los únicos dos laboratorios, ubicados en la capital, analizan las muestras de todo el país, que deben enviarse vía aérea o terrestre, retrasando los diagnósticos en las zonas más apartadas hasta más de un mes; en muchos casos llegan luego del fallecimiento del paciente. Como referencia, en Colombia estas medias están por debajo de dos semanas (en torno a 8-12 días dependiendo del momento de la pandemia) y ya en estos niveles se consideran inaceptablemente largas por parte de los expertos.
Se añade también la sospecha natural en un contexto autoritario como el venezolano, con antecedentes de manipulación de datos. Donald Trump hizo famosa la idea (nunca llevada a cabo por su Gobierno) de que las pruebas eran un problema para los políticos en el poder porque sacaban a relucir los casos. En octubre, Maduro dio por finalizada la pandemia, en la antesala a la campaña electoral por las parlamentarias del 6 de diciembre. “Venezuela logró aplanar la curva de contagios”, dijo el mandatario a principios de ese mes. Y el reporte de casos empezó a disminuir.
No hay prueba alguna de que exista una intencionalidad en el bajo número de pruebas practicadas, pero la sospecha es legítima y se alimenta tanto por el bajo uso de las pruebas de antígenos recibidas en octubre como de la manera que tienen las voces oficiales de presentar los datos. Según la línea gubernamental, en Venezuela ya se han realizado más de 2,6 millones de pruebas. La diferencia con las 485.000 PCR es abismal, e incluso con la suma de éstas y las de antígeno llegadas supuestamente en octubre. Con toda probabilidad, pues, esta cifra debería incluir otros tests: los de tipo serológico.
La situación no ha cambiado en este segundo pico: cuando se comparan las cifras informadas versus las proyectadas, Venezuela está reportando incluso por debajo de las estimaciones matemáticas más bajas, destaca José Félix Oletta, exministro de Salud y miembro de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. El Imperial College de Londres señala que para estos días, en los que se está viendo el rebrote de casos luego de la apertura de navidades, podrían estar registrándose entre 1.500 y 6.000 casos, una horquilla cautelosamente amplia por la natural incertidumbre de este tipo de modelos, pero en cualquier caso muy por encima de los reportes actuales. En las últimas semanas solo se han informado entre 500 y 600 casos al día. De hecho, en casi un año de pandemia nunca se han registrado más de 1.281 casos, el pico del 13 de agosto pasado.
A ello se añade que la falta de confianza en las instituciones públicas dificulta el tratamiento y el registro de casos. Según Oletta, mucha gente no acude a los centros de salud y se trata en casa. “No es solo el Gobierno sino la gente la que oculta la enfermedad”, comenta. “Gran parte se queda en casa sin notificar, por temor a ser llevados a la fuerza a los centros de aislamiento en precarias condiciones”. También por la política de hospitalizar incluso a los asintomáticos. Una medida de esto la ofrece la alta demanda de bombonas y medidores de oxígeno que hay actualmente.
Muertes que pasan desapercibidas
Si se observa la división de casos por gravedad, tanto la actual como la acumulada, las cifras son aparentemente razonables. Por ejemplo: de los algo más de 8.000 casos considerados oficialmente como activos al 3 de febrero, apenas 102 estaban en cuidados intensivos. Alrededor de un 1,2%. La división entre muertes y casos confirmados también arroja un resultado que está dentro del promedio regional: alrededor de 1%. Lo llamativo es que estos indicadores se han mantenido estables durante toda la pandemia.
En la mayoría de países, ambas divisiones producían porcentajes artificialmente altos en la primera ola: no porque el virus fuese entonces más letal, sino simplemente porque el número de casos estaba peor reportado que el de muertes. Dicho en lenguaje llano, es menos probable que se pase por alto un deceso que una infección sin apenas síntomas. A medida que mejora la capacidad diagnóstica por PCR y antígenos, la imagen que tenemos de la epidemia por los datos se vuelve más ajustada a la realidad. Pero en Venezuela pareciera que nunca ha dejado de serlo. Según estimaciones del Imperial College, a un país con la estructura de edad de Venezuela le corresponde una letalidad de algo menos del 0,5%. La observada es del doble. Pero hay muchos indicios para desconfiar también de este cálculo.
Más de 300 miembros del personal sanitario han fallecido en el país, según el registro que mantiene el gremio médico. La cifra representa una de cada cuatro muertes confirmadas, pero al principio se reportaban más muertes en este grupo que fallecimientos totales, lo que indicaba más claramente que algunas muertes no estaban en la cuenta oficial. Es natural y esperable que la primera línea de batalla contra el virus se vea afectada de manera desproporcionada, pero esta cifra es difícil de creer. La proporción luce desajustada, aún con la exposición de este personal y la crisis de los hospitales, lo que haría pensar que hay muertos por la covid que no se están contando. Si se supone que las muertes médicas están mejor contabilizadas que las del conjunto de la población, aquí tenemos otra pista más de subregistro.
Según el monitoreo paralelo que hacen los médicos a partir de las notificaciones de las muertes por infecciones respiratorias agudas (IRA) hay unas 5.000 a partir de la pandemia. No sería correcto atribuir todas estas muertes a la covid, pero con base en experiencias de otros países sí parece razonable asignarle más de las contabilizadas oficialmente. El hecho de que en las actas de muertes solo pueda incluirse una referencia explícita a covid si hay una PCR positiva encajaría con esta diferencia entre muertes IRA y muertes oficiales covid.
La explicación del contexto
Más allá de las cifras, a pie de calle y en primera línea sanitaria en Venezuela no se ha reportado un desborde de proporciones análogas al que se vivió en otros países del continente. Sí han habido saturaciones dramáticas específicas, pero sin llegarse al punto de colapso en el sistema funerario y de gestión de cadáveres.
Una paralización completa inicial decretada por el régimen de Maduro, así como grandes dificultades para la movilización de las personas —que todavía persisten porque el país sigue dependiendo de los envíos de combustible de Irán— son un factor determinante en la lenta expansión de la pandemia en el país. A esto se suma la cuarentena temprana con cierre de fronteras y la promoción, también temprana, del uso de mascarillas que en otros países ha generado resistencia, opina María Eugenia Grillet, bióloga y epidemióloga. “En Venezuela hemos salido cuando hay gasolina y como somos los vectores del virus, si nos movemos poco, el virus se mueve poco”.
Grillet prefiere hablar de “fases” de la epidemia, antes que de olas: dice que si bien el país llegó a un pico de casos y muertes entre mediados de agosto y septiembre, la curva de aumento nunca tuvo una caída abrupta como en Europa. Y aún así, Nicolás Maduro decretó en octubre que Venezuela ya había superado la epidemia. Lo hizo como preámbulo electoral. Mientras, el país entró en lo que Grillet considera un segunda fase: “Vamos a tener una subida mayor ahora, porque el virus ya está en todas partes”.
Con tantos focos activos de contagio, el efecto de las medidas es mucho más incierto. El pico resultante en enero ya es parejo a los peores momentos registrados en el pasado. Aun con la deficiencia de pruebas, de la dudosa calidad y fiabilidad de los datos de Venezuela, una ola se atisba a ras de suelo.