Los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron el viernes el recurso de Venezuela contra la reanudación de una investigación sobre presuntos abusos a los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno venezolano que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó los motivos de recurso presentados por el gobierno de Nicolás Maduro, quien aseguró en noviembre pasado que “nunca han ocurrido” crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino “un puñado de incidentes” que Caracas ya investiga en tribunales nacionales y no necesita que lo haga la justicia internacional.
El año pasado, Caracas apeló un fallo de reanudar la investigación, argumentando que su procesamiento debería activar el principio de complementariedad, según el cual el tribunal sólo puede intervenir si un país no está investigando ya los mismos supuestos crímenes.
Marc Perrin, Juez de la Corte Penal Internacional. Foto: X (@_CEPAZ).
“La Sala de Apelaciones desestima la apelación y confirma la decisión impugnada”, leyó hoy el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, tras desestimar por unanimidad y uno por uno los seis argumentos presentados por Caracas contra la decisión de autorizar la reanudación de la investigación.
El viernes, los jueces de apelación rechazaron por unanimidad todos los motivos de la apelación y dieron luz verde al fiscal de la CPI para reanudar su investigación sobre los abusos.
En noviembre de 2021, la fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión de 2018 por Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Foto: Reuters.
Sin embargo, en abril del 2022, Caracas pidió diferir las investigaciones de la CPI a favor de las autoridades venezolanas, quienes continuarían las pesquisas.
Unos siete meses después, el fiscal de la CPI, Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte que le autorice a reanudar esa investigación al considerar que Caracas no está haciendo lo suficiente en el caso, un permiso que recibió en junio pasado.
En noviembre pasado, la CPI celebró audiencias en las que el ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Yvan Gil, aseguró que la justicia nacional ya lleva a cabo sus procesos y señaló que “más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 condenados”, por lo que calificó de “casos de violaciones de derechos humanos que son interés” de la CPI.
Yvan Gil, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela. Foto: X (@yvangil).
“En Venezuela se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que Venezuela construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados, simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos”, agregó Gil.
El fiscal contestó a estos argumentos que su investigación está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, rechazando así la posición de Caracas, que negó la validez legal y sustancial de la petición de retomar la investigación.
El gobierno venezolano ha acusado a opositores de manipular algunos incidentes de abusos a los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las autoridades dicen que ya están investigando denuncias de abusos y que no se han producido crímenes de lesa humanidad a gran escala.
Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas públicas en Venezuela en 2017. Foto: Reuters.
En 2020, Khan, dijo que había bases razonables para creer que funcionarios gubernamentales y militares habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017. En ese año, manifestantes encabezaron meses de manifestaciones contra el gobierno, un período marcado por acusaciones de tortura, arrestos arbitrarios y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Las protestas dejaron 125 muertos.
Gracias al fallo de la CPI, el fiscal Karim Khan podrá seguir buscando pruebas de los presuntos crímenes de lesa humanidad.
(Con información de EFE y Reuters)
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