El mundo mira con preocupación a Colombia. En diversos pronunciamientos, la comunidad internacional ha redoblado este viernes la presión para que el Gobierno de Iván Duque, cercado por las protestas que se han estrellado con la represión policial, detenga la violencia en el país andino. Mientras la ONU ha pedido garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”, aunque también exhortó a cesar los bloqueos de carreteras que han puesto en riesgo el abastecimiento de alimentos y medicinas en algunas ciudades.
Después de diez días de todo tipo de movilizaciones y disturbios en los que al menos 27 personas han perdido la vida, en las que han abundado las perturbadoras imágenes de uso excesivo de la fuerza y brutalidad policial, la delicada situación interna amenaza con derivar también en una crisis diplomática. El sistema de Naciones Unidas en Colombia insistió en un comunicado en que “toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos”, además de recordar que el acuerdo de paz sellado a finales de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, del que Duque ha sido muy crítico, “ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana”.
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Entre la larga cadena de declaraciones que expresan alarma ante el vértigo de los acontecimientos, de Europa a Estados Unidos, la del presidente de Argentina, Alberto Fernández, parece haber causado una particular irritación. “Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su Gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, escribió el mandatario peronista en sus redes sociales.
Bogotá rechazó sus palabras. “La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”, señaló la Cancillería en una inusual respuesta. “Colombia seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional, pero rechazaremos siempre los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad”, abundó en una declaración la canciller, Claudia Blum.
En Estados Unidos, el principal aliado de Colombia en muchísimos campos, también se han hecho sentir las voces críticas de varios demócratas en el Congreso, donde se definen asuntos presupuestales clave para Bogotá. “Debe haber rendición de cuentas por la larga serie de abusos a los derechos humanos ejercidos por el Gobierno colombiano”, manifestó la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, en línea con los reclamos que han ventilado otros legisladores como Jim McGovern e Ilhan Omar, del partido del presidente Joe Biden. La crisis podría llegar a afectar la cooperación estadounidense, que incluye a las fuerzas de seguridad.
La tormenta se recrudece mientras Duque intenta retomar la iniciativa con una difícil negociación con distintos sectores políticos. En una bocanada de oxígeno diplomático, los gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú, sus socios en Prosur, manifestaron su respaldo al Ejecutivo, las instituciones y “a todas las partes interesadas en promover espacios de diálogo, recuperar la convivencia y garantizar el respeto a los Derechos Humanos”.
Duque se reúne con la oposición
En el tablero político interno, la Coalición de la Esperanza, que reúne a las fuerzas en el centro del espectro, aceptó reunirse este viernes con Duque en la Casa de Nariño, el palacio de Gobierno. Fue el primer sector de oposición en acudir al diálogo que ha convocado el presidente para retomar la iniciativa y buscar una salida a la crisis, después de que la brutalidad policial, y la decisión de sacar el ejército a las calles, habían frustrado los primeros acercamientos. Los aspirantes presidenciales Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Humberto de la Calle o Juan Manuel Galán, entre otros, llegaron a la cita con camisetas en las que exhibían los nombres de los muertos que han dejado las protestas.
Aunque no hubo acuerdos, el encuentro giró en torno a varios reclamos que se resumen en que el presidente debe reunirse con el Comité Nacional del Paro, que reúne a las centrales obreras y el movimiento estudiantil que han convocado las movilizaciones; detener la violencia de las fuerzas de seguridad y retirar a los militares de las calles; y abrir la conversación también en las regiones, no solo en Bogotá. “Hay que escuchar muchas voces que no pueden venir acá… Le planteamos al presidente que la primera tarea es ir a Cali, a Siloé, a reunirse con las comunidades, a convocar a jóvenes sin ningún tipo de esperanza”, dijo Fajardo, el aspirante de la alianza mejor posicionado en los sondeos, en alusión al barrio de la tercera ciudad del país donde se han producido los peores episodios de violencia. Al acudir a la Casa de Nariño, la coalición ha marcado distancia con el Pacto Histórico que promueve Gustavo Petro, más escorado a la izquierda.
Petro, el candidato derrotado por Duque en la segunda vuelta del 2018, ha buscado atribuirse protagonismo en la movilización social, y es el rival a batir en el incipiente partidor de cara a las presidenciales del 2022. Embarcado en un viraje al pragmatismo, el exalcalde de Bogotá ha apoyado las protestas, pero también ha invitado a la mesura. Ha apostado por proyectar una imagen presidenciable con “alocuciones” en sus redes sociales. En la jornada se conoció una serie de audios en los que Petro declara que el paro debería haber terminado cuando se hundió la reforma tributaria que fue la chispa de las protestas.
“En el momento en que el Gobierno decidió retirarla debió declararse el triunfo popular, y frenar ahí. Si lo quieren, en otros términos, acumular fuerzas para lo que seguía”, se le escucha razonar a Petro en las grabaciones divulgadas este viernes. El político fue grabado sin su consentimiento y esas palabras, fuera de contexto, se produjeron esta semana en una reunión convocada por el movimiento Defendamos la paz, a la que también asistieron representantes del Comité del Paro, explicaron a este periódico portavoces del candidato. El líder de izquierdas que encabeza las encuestas señala que hay una distancia entre el Comité del Paro y los manifestantes. “La gente que está en la calle hoy es la juventud popular, la juventud barrial”, abunda. “Y esa juventud barrial que sale con la lucha contra la reforma tributaria quiere seguir luchando, pero en este momento ya no hay unos objetivos claros”, a pesar de la indignación por los hechos de violencia, se lamenta.
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