Cuatro agentes de la policía científica, cuatro guardias civiles especializados en armas y explosivos y 39 forenses se trasladarán en los próximos días a Ucrania para contribuir al esclarecimiento de posibles crímenes de guerra, a la espera de que la Corte Penal Internacional (CPI) o la Fiscalía de Ucrania termine de definir su misión. Los cuatro agentes especializados de la Comisaría General de la Policía Científica española recogerán toda clase de “vestigios, hallazgos y pruebas” que puedan ayudar a aclarar las muertes acontecidas desde que hace más de dos meses el ejército ruso comenzó su invasión. Los agentes del instituto armado analizarán las municiones empleadas y las consecuencias de los ataques. Y los forenses identificarán a las víctimas, determinarán las causas de sus muertes y evidenciarán si han sido torturadas o violadas. Por primera vez, según ha anunciado a EL PAÍS la ministra de Justicia, Pilar Llop, “se investigarán los crímenes de guerra con perspectiva de género”.
“Nuestra misión es acercar la escena del crimen a la Corte [Penal Internacional] para que juzgue si se han producido crímenes de guerra”, explica la comisaria Silvia Pérez, jefa de la Unidad Central de Coordinación Operativa de la Policía Científica. Los policías, con especialización forense, forman parte del Equipo Policial de Apoyo (EPA) que, por primera vez, trabajará como tal en una zona de conflicto bélico. Junto a ellos, está previsto que se desplacen y trabajen 39 médicos forenses, dependientes del Ministerio de Justicia.
“Se analizarán fosas comunes, se identificarán cuerpos, se recogerán vestigios y elementos balísticos, se fotografiará y se grabará todo aquello que pueda ser revelador o indiciario de cómo se produjo la muerte para conformar informes que puedan servir para esclarecer lo sucedido en cada caso”, detalla Pérez. “Nosotros vamos a participar en la investigación técnica e identificación de víctimas”, concreta.
Este equipo español, que responde a la petición de apoyo de Ucrania y que estará a disposición del tribunal de La Haya, contará inicialmente con ocho agentes, cuatro policías y cuatro guardias civiles, aparte de los forenses. Fue activado la semana pasada mediante una instrucción firmada por el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez. Y está integrado por miembros de Policía Nacional y de Guardia Civil pertenecientes a las unidades de Policía Científica, Judicial y de Investigación, así como especialistas en desactivación de explosivos y técnicos en incidentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos (unidades NRBQ).
“No es lo mismo investigar una fosa común en la que participas en el desenterramiento, con pasillos laterales para no alterar el lugar, que llegar cuando ya está abierta. Trabajaremos como podamos”, continúa la comisaria. “Puede suceder que no se pueda hacer la datación si el escenario está manipulado, pero se puede ver si las víctimas han muerto por aplastamiento o por arma de fuego, por ejemplo”, explica.
Los cuatro agentes de la Guardia Civil especializados en la desactivación de explosivos “están aún pendientes de determinar”, asegura el comandante Javier Medina, responsable de la especialidad y de los miembros que serán desplegados en el equipo. “Nuestra labor consistirá principalmente en la recogida de muestras, evidencias y técnicas relacionadas con la munición empleada, junto a los informes correspondientes sobre los efectos que puedan haber ocasionado”, explica, aunque reconoce que será la primera vez que trabajen en un escenario bélico (”nuestra especialidad son los atentados terroristas”) y que esperan aún conocer el tipo de apoyo que se les requiere.
Los Equipos Policiales de Apoyo (EPA), de carácter multidisciplinar, fueron creados por el Ministerio del Interior en 2006, tras los brutales atentados del 11-M, ante la posibilidad de grandes ataques terroristas y con el fin de que los agentes pudieran infiltrarse. Su principal objetivo era la investigación de graves delitos en el marco del Derecho Internacional. Y su vocación inicial, impulsada por el entonces ministro del Interior José Antonio Alonso, era integrarse en una fuerza europea. Están compuestos por policías y guardias civiles de Información, de Policía Científica, de desactivación de explosivos (Tedax) y especialistas en ataques químicos, nucleares y bacteriológicos.
“Nuestro trabajo va enfocado a analizar el escenario bélico, especialmente duro y difícil, pero al fin y al cabo el escenario de un crimen en el que, en cambio, se hace difícil pensar en dar con el autor directo de la muerte de la víctima”, dice la comisaria Pérez. “Pero se trata de encontrar indicios suficientes que nos permitan mostrar qué pasó, cómo y cuándo”, insiste. “El paso del tiempo sobre los hechos dificulta el trabajo”, advierte. “En Kosovo se hicieron informes con el resumen de toda la intervención que se hizo, el número de fosas a las que se accedió, las personas que se encontraron, los restos balísticos…”, recuerda sobre una intervención similar.
Médicos forenses
Por su parte, el Ministerio de Justicia activó la Comisión Técnica Nacional para sucesos con víctimas múltiples, en la que se encuentran forenses expertos en distintas áreas (antropólogos, odontólogos y clínicos) con el fin de contar con una lista de especialistas disponibles para sumarse a la misión. “Muchos de ellos tienen ya experiencia en zonas de conflicto, porque estuvieron en la antigua Yugoslavia, o en tsunamis como el de Tailandia o en grandes atentados”, explica el médico forense Rafael Bañón, asesor de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
“La misión es la que va a determinar el trabajo que se haga en la zona, de acuerdo con el Protocolo de Minesota, que marca —con una sistemática científica y con medios de criminalística— el trabajo en investigaciones de conflictos armados y escenarios en los que se ha podido producir una vulneración masiva de derechos humanos con ejecuciones sumarias”, señala Bañón, que recuerda que se trabaja en coordinación con Policía y Guardia Civil. “Lo habitual es que los forenses acudan al final del conflicto, aquí no es el caso, aunque se supone que iremos a lugares en los que la seguridad está ya garantizada”, advierte. La labor de los forenses será crucial para identificar a las víctimas y evidenciar las causas de sus muertes, así como para mostrar —en caso de que hayan existido— los malos tratos, las torturas, las violaciones y agresiones sexuales, o el empleo de armas químicas.
De momento, miembros de la gendarmería francesa están ya trabajando sobre el terreno y está previsto que, al igual que desde España, acudan especialistas de otros países europeos con el mismo fin. Los miembros del equipo español se trasladarán a Ucrania en “los próximos días”, aunque “por motivos de seguridad, aspectos como las fechas de despliegue y el territorio concreto en el que operará son de carácter reservado”, apuntan fuentes del Gobierno. El paso del tiempo juega en su contra.
Investigar crímenes de guerra con perspectiva de género
España va a elaborar un Plan Específico de Coordinación (PEC) que recogerá un protocolo de intervención ante la solicitud del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de expertos españoles en tareas de recogida, análisis y tratamiento de pruebas, incluyendo la realización de entrevistas a víctimas y testigos, así como labores de investigación criminal sobre la comisión de delitos sexuales, violencia de género y delitos contra menores.
“Es fundamental que el trabajo se realice de manera coordinada. Van a participar, además del Ministerio de Justicia, los de Exteriores, Interior, Presidencia y Función Pública. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para dar debida respuesta a la petición que nos traslade la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de Ucrania”, señala la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Según ha explicado a EL PAÍS la ministra, “a la investigación tradicional en este tipo de situaciones, queremos introducir la investigación con perspectiva de género en relación a las muertes violentas de mujeres producidas en el contexto del conflicto, que englobaría, además del análisis de la situación, investigación de elementos concurrentes como violencia sexual, la trata y los feminicidios, entre otros”.
“No podemos obviar que la violencia de género es una amenaza para la sociedad y una violación indiscutible de los derechos humanos, situación que se ve claramente agravada en situaciones de conflicto como la que está sufriendo Ucrania”, ha remarcado.
Desde Justicia, asegura, se va a proponer una Autoridad Única de Coordinación Jurídico-Forense que lidere un equipo multidisciplinar de forenses y otros profesionales. “Pondremos a disposición plena de la CPI y la Fiscalía de Ucrania las capacidades de nuestro Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, reconocido internacionalmente y de cuyos profesionales debemos sentirnos muy orgullosos, y para ello, vamos a proponer la firma de un Memorándum de Entendimiento o Acuerdo Internacional Administrativo que se apruebe entre el Gobierno de España y la CPI”, ha anunciado.
Según Llop, la participación de los forenses españoles (que se han ofrecido voluntarios desde todas las comunidades autónomas) está orientada, “no solo a reunir evidencias, sino a que las mismas tengan validez de prueba ante la CPI”. Y recuerda que algunos de ellos tienen experiencia y participaron en casos como la imputación del dirigente serbio Slobodan Milosevic.
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