La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sigue acorralando al presidente Alberto Fernández. Ahora presiona para que se suspenda el pago de las deudas al Fondo Monetario Internacional y al Club de París, por lo menos hasta que acabe la pandemia. El poder de la expresidenta y actual vicepresidenta parece crecer día a día, mientras la popularidad del presidente se encuentra en su punto más bajo: según diversos sondeos, casi el 70% de los ciudadanos rechaza su gestión.
La economista y diputada Fernanda Vallejos, muy próxima a Cristina Fernández de Kirchner, fue la impulsora de la llamada Proclama del 25 de Mayo (Día de la Patria en Argentina), firmada por más de 2.000 políticos, jueces, sindicalistas, artistas, periodistas e incluso algún empresario. Bajo el título Primero la salud y la vida, después la deuda, la proclama afirma que Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el FMI y otros organismos, bajo el riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda”.
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“Se trata de una deuda insostenible”, afirma la diputada Vallejos, para quien la suspensión de los pagos no debería suponer necesariamente un default si se pactara previamente con el FMI. Ese pacto, sin embargo, aparece muy improbable, porque el kirchnerismo desea evitar compromisos (y posibles sacrificios presupuestarios) antes de las elecciones parlamentarias de noviembre.
Las dificultades que subraya la proclama son ciertas: el 42% de la población urbana vive en situación de pobreza y se está alcanzando el peor momento de la pandemia, con el sistema hospitalario casi saturado. Pero Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, se comprometieron a seguir pagando las cuotas de la deuda hasta pactar una reestructuración. Justo el día después de publicarse la proclama, el presidente mantuvo una reunión por videoconferencia con la canciller alemana, Angela Merkel, en la que pidió ayuda en las negociaciones con el FMI.
Un momento crítico llega este lunes, fin de mayo: vence una deuda de 2.400 millones de dólares con el Club de París. Después del vencimiento se abre un periodo de 60 días, tras el que, si Argentina no paga, queda en default. El ministro Guzmán intenta conseguir un arreglo que le conceda más tiempo (el default supondría una recarga automática de intereses cercana a los 2.000 millones), pero su credibilidad se ve reducida por la presión kirchnerista. Eso es algo que niega la diputada Vallejos: “Al contrario, lo que hacemos con la proclama es respaldar al Gobierno y al ministro Guzmán”.
En el FMI se interpretan las cosas de forma distinta. Alejandro Werner, responsable de la institución para el hemisferio occidental, dijo semanas atrás que había claras divergencias en la coalición de Gobierno argentina e “incertidumbre” sobre quién manejaba la política económica. La debilidad de Guzmán se hizo patente en abril, cuando quiso cesar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, porque se oponía al fuerte aumento de las tarifas energéticas previsto por el ministro. El kirchnerismo desautorizó a Guzmán y frenó el cese. Basualdo, de momento, sigue en su despacho.
Las divergencias son obvias. Mientras el kirchnerismo reclama más gasto social y “dinero en el bolsillo de los argentinos” de cara a la campaña electoral, el Ministerio de Economía lleva adelante un silencioso proceso de ajuste. En los que llevamos de año, el gasto social subió a un ritmo anual inferior al 30%, frente a una inflación del 46%. Los analistas consideran que a final de ejercicio el déficit puede estar bastante por debajo del 3% previsto en el presupuesto. Sin embargo, la palabra “ajuste” no se pronuncia jamás. Es un término tabú para Cristina Fernández de Kirchner.
En lo que no compete al ministro Guzmán, el kirchnerismo predomina. Se suspendieron las exportaciones de carne durante un mes, en una medida antiinflacionaria que ya se ensayó, sin gran éxito, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se retiró la demanda que el anterior presidente, Mauricio Macri, había presentado en La Haya por supuestas vulneraciones de derechos humanos en Venezuela. Y en la ONU se reclamó, junto a Venezuela, Cuba y Bolivia, que se investigara la actuación de Israel y no solo la de Hamás.
La gran cuestión ahora es si el kirchnerismo tiene realmente la intención de repagar la deuda de 46.000 millones de dólares con el FMI o si prefiere unos años en default, como ocurrió después de 2001. Cristina Fernández de Kirchner ha reclamado en varias ocasiones un “gestito” del Fondo, pero plantea exigencias casi inasumibles: rebaja de los intereses, actualmente al 3% anual, algo que en Washington descartan por el momento, y sobre todo la extensión de los plazos a 20 años, frente al máximo de 10 establecido en el reglamento interno del FMI. Eso es tensar muchísimo la cuerda.
Alberto Fernández, el moderado que permitió el retorno del peronismo al poder pese al fuerte rechazo generado por su compañera de candidatura (en realidad fue Cristina Fernández de Kirchner quien le designó candidato en 2019), trata de hacer equilibrios. “La verdad, no soy tan sumiso, y Cristina no pega cuatro gritos”, declaró esta semana a un programa radiofónico, insistiendo en que ambos se llevan “mucho mejor” de lo que se dice. Y repitió, como en la campaña electoral, que estaban condenados a entenderse porque la división supondría la derrota frente al macrismo: “Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede”.
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