La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, en su llegada a los tribunales al inicio del juicio, en 2019.JUAN MABROMATA (AFP)
La provincia patagónica de Santa Cruz fue la región desde la que los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner construyeron su poder. Esa región del extremo sur del país es ahora la fuente de sus mayores problemas judiciales. En la recta final del juicio que investiga irregularidades en medio centenar de obras públicas de Santa Cruz, el Ministerio Público Fiscal acusó este lunes a Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta, de haber encabezado -junto a su difunto marido- “una asociación ilícita piramidal” destinada a defraudar al Estado a través del desvío de fondos públicos que debían ir destinados a infraestructura vial.
“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elisabet Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, sostuvo el fiscal Diego Luciani en la primera jornada de lectura de los alegatos acusatorios, realizada por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 2. La vicepresidenta lo escuchaba también de forma virtual.
Sus duras acusaciones contrastan con el pedido de absolución formulado dos semanas antes por otro de los querellantes, la Unidad de Información Financiera. Los abogados del organismo antilavado de activos de Argentina eximieron a Kirchner de toda responsabilidad y pidieron penas menores para los altos cargos provinciales imputados.
Según Luciani, la presunta asociación ilícita encabezada por el matrimonio de expresidentes tuvo una vasta capacidad de acción que se perpetuó durante más de una década con “ausencia absoluta de control” por parte de organismos estatales. El fiscal los acusó de haber convertido “de la noche a la mañana” en empresario de la construcción a su “amigo íntimo” Lázaro Báez y de desviar ingentes cantidades de fondos públicos a través de los contratos adjudicados a su principal empresa, Austral Construcciones.
“El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”, subrayó Luciani ante los jueces.
Según los datos expuestos por el fiscal a lo largo de la mañana, el 78% de las obras viales concesionadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015 fueron a parar al grupo Báez. Lo hicieron con una rapidez inusitada: 29 días frente al promedio de 210 para las demás empresas. Aún así, la respuesta estuvo lejos de ser la adecuada. Casi la mitad de las obras adjudicadas -24 de un total de 51- quedaron inconclusas y solo una de ellas se ajustó al presupuesto original y no requirió el desembolso de fondos extras.
El juicio, que comenzó en mayo de 2019, tiene a Fernández de Kirchner y a altos cargos de su gestión imputados por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Entre los 13 acusados destacan también Lázaro Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Báez fue condenado el año pasado a 12 años de prisión por blanquear 55 millones de dólares entre 2003 y 2015, la pena más alta impuesta por este delito en Argentina. El tribunal le impuso además una multa récord de 480 millones de dólares. De Vido y López también llegan al final del juicio con otras condenas previas.
Los abogados de Kirchner, hoy vicepresidenta, alegan que desconocía las supuestas maniobras fraudulentas realizadas en Santa Cruz. A lo largo de su exposición, Luciani mostró cientos de mensajes que buscan derribar esa línea de defensa. El Ministerio Público Fiscal tiene nueve días para desarrollar su alegato contra los imputados.
Suscríbase aquí a la newsletter de América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
Source link